Tierra y educación, fundamento de las escuelas rurales César Navarro La Jornada

“Mi hijo no era asesino, nomás fue a una escuela de pobres” (La Jornada, diciembre 18), expresó la madre de uno de los dos jóvenes asesinados durante la represión gubernamental en contra de los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. Así comprendió, como muchos otros padres de familia, el tipo de escuela en la que estudiaba su hijo. Y tiene toda la razón. Las escuelas normales rurales surgieron para dar educación a los más pobres, en primer término a los jóvenes provenientes de ejidos, comunidades indígenas e hijos de maestros. El derecho y el acceso a la educación sólo pudieron hacerse efectivos para amplios sectores de la población a partir de su creación y fueron concebidas para preparar y dotar de profesores a la escuela primaria rural en expansión. Por ello, han sido parte esencial en la historia de la educación pública mexicana. La multiplicación y fortalecimiento del normalismo rural se produjo al unísono con la renovación de las luchas agrarias que conquistaron la tierra para decenas de miles campesinos e hicieron posible la fundación de escuelas públicas por todo el territorio nacional. Tierra y educación constituyen los fundamentos originarios que dieron sentido a la existencia de las normales rurales desde los años del cardenismo.

Justamente, por sus orígenes, orientación y composición social, con el paso del tiempo y las regresiones impuestas en la educación pública, las normales rurales se convirtieron en las instituciones más asediadas del sistema educativo por los sucesivos gobiernos del país. Ninguna otra institución educativa ha debido enfrentar y resistir las políticas de exterminio diseñadas desde el propio poder estatal. El número de escuelas y su matrícula han ido decreciendo y la tentación para extinguirlas siempre ha estado presente. Uno de los golpes más lesivos al normalismo rural se registró durante el gobierno de Díaz Ordaz. Como secuela del movimiento estudiantil de 68 y la huelga de los normalistas del año siguiente, fueron clausuradas de un solo tajo más de la mitad de las normales rurales y se eliminó la enseñanza secundaria dentro de estas instituciones. De más de una treintena de escuelas existentes, solamente subsistieron 17; en tanto otras dos más serían cerradas en años recientes: Mactumactzá, en Chiapas, y El Mexe, en Hidalgo.

Las recurrentes movilizaciones desplegadas por los normalistas rurales a lo largo del país son expresión de una larga y tenaz resistencia para preservar sus centros escolares y el derecho a la educación para otros como ellos. Sin embargo, sus demandas y reclamos educativos, regularmente tienen como respuesta gubernamental la amenaza del cierre de sus escuelas, medidas autoritarias y, en no pocos casos, su persecución y represión: Ayotzinapa constituye el ejemplo más reciente del trato del poder público hacia estas comunidades estudiantiles.
Por tanto, no es de extrañar que las “rurales” caminen al filo de la sobrevivencia. La apuesta de las autoridades educativas ha sido su abandono y el consiguiente deterioro de su vida académica e institucional. No es casual que las movilizaciones estudiantiles de las normales rurales del país, como en el caso de Ayotzinapa, enarbolen demandas similares: rechazo a la disminución de la matrícula, preservación del sistema de internado, fortalecimiento de la vida académica y de las condiciones de estudio, mantener su sistema de trabajo-estudio, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar, dormitorios, servicios sanitarios y comedores dignos, aumento a la beca alimentaria para no seguir padeciendo el hambre de siempre y dotación de plazas de trabajo docente para los maestros egresados de sus escuelas, entre otras.

A su vez, las recientes reformas pactadas entre el gobierno de la derecha y la dirigente vitalicia del SNTE tienen entre sus propósitos cardinales la extinción de los centros públicos de formación de maestros, especialmente del normalismo rural. La imposición del concurso para ingresar al servicio docente a los egresados de estas instituciones significa desmantelar la histórica articulación de las normales públicas con el sistema educativo nacional y la cancelación de la política educativa adoptada por el Estado mexicano para integrar al magisterio a los profesores formados en ellas. Mientras por otra parte se alienta la proliferación de las escuelas normales privadas y se promueve la inserción de sus egresados dentro de la escuela pública y, además, el gobierno habilita como profesores comunitarios-Conafe a muchachos de secundaria para no abrir plazas a los normalistas rurales.

Para miles de jóvenes normalistas y las comunidades campesinas e indígenas de las que son parte, las normales rurales constituyen una de las pocas herencias sociales que aún preservan y de la que no quieren ser expropiados. Por eso resisten y las defienden.