Laicidad educativa amenazada; caso peruano Bernardo Barranco V.

El Vaticano optó, apoyándose en la legislación canónica, retirar a la Pontificia Universidad Católica de Perú el derecho a usar en su denominación los títulos de pontificia y de católica a través de un decreto firmado por el secretario de Estado, Tarsicio Bertone.

La universidad católica peruana fue fundada en 1917. Es una de las instituciones educativas más importantes del país. Actualmente es pretendida por la Santa Sede como propiedad de la Iglesia, a pesar de que desde 1967 ha modificado unilateralmente sus estatutos en diversas ocasiones, dando mayor autonomía de mandato a la comunidad universitaria, perjudicando gravemente los intereses de la Iglesia.

El conflicto entre la universidad católica de Perú se ha agudizado por la actuación de la archidiócesis de Lima por el control no sólo de la gestión de la universidad, sino de los cuantiosos bienes patrimoniales de que goza el centro educativo. Sin duda, el polémico cardenal arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ha sido factor de polarización que ha llamado la atención de la opinión pública del país andino. Cipriani, cabeza del Opus Dei peruano, ultraconservador, ha sido severamente criticado por ser omiso ante los derechos humanos de su país, así como por apoyar abiertamente a la dinastía Fujimori. Cuestionado recientemente por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, por “representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del Index, Torquemada, la Inquisición y hogueras para el hereje y el apóstata”. De cerca de 50 obispos peruanos, el Opus Dei detenta 20 prelados que, sin duda, son la base de apoyo para las pretensiones del cardenal limeño por apoderarse de una prestigiada institución educativa.
El litigio de la Iglesia por el control material de la institución radica en el cardenal Cipriani, quien le reprocha que cada vez es menos católica y para nada apostólica, abierta a las diferentes corrientes liberales y seculares del pensamiento contemporáneo. La comunidad universitaria, encabezada por su rector, Marcial Rubio, manifiesta desconfianza por la ofensiva clerical, pues dejar el control al cardenal como gran canciller significaría el fin de la pluralidad que ha ostentado el quehacer de la universidad. El control de Opus Dei representaría la imposición del pensamiento único católico y el debilitamiento del debate de ideas diferentes frente a la moral absoluta que de manera rígida detenta el ala conservadora de Cipriani. Para muchos expertos, el golpe clerical representaría el fin de la autonomía de la universidad y la muerte de un exitoso proyecto educativo que tiene más de 90 años.
Roma locuta et causa finita (cuando Roma habla la causa termina) no ha sido aplicada por la rebelde comunidad universitaria. El rector Rubio ha recibido el respaldo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), quienes reivindican que las universidades deben estar regidas en primera instancia por las leyes seculares del país. El presidente de la asociación de rectores peruanos, Orlando Velásquez, expuso que el decreto de la Santa Sede vulnera la autonomía de esa casa de estudios superiores y de las universidades peruanas en general, pues es una agresión al estado de derecho de este país, ya que intenta supeditarlo a la constitución canónica de la Iglesia. Efectivamente, hay en Perú una doble disputa que abarca las leyes seculares peruanas y las eclesiásticas. El carácter laico del Estado peruano se ve amenazado por el alevoso concordato firmado en 1980, bajo una debilitada junta militar encabezada por Francisco Morales Bermúdez. Dicho concordato favorece totalmente los requerimientos de la Iglesia católica peruana en materia de exención de impuestos, subvenciones, estatus y privilegios. Está en litigio de interpretación del texto, artículo 19, que dice: La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular. Mientras la jerarquía reclama como suya la universidad católica, la comunidad universitaria en cambio reivindica la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y en el propio concordato, pues las instituciones educativas privadas deben regirse ante todo por la legislación nacional. El debate es legal y canónico. Cipriani reivindica que si la universidad es católica debe acatar los principios y moral religiosa del catolicismo; la comunidad universitaria invoca la universalidad y pluralidad que debe contener toda universidad.

El caso peruano es increíble. Hasta San Agustín valida el saber a través de la crítica; el conocimiento racional, en su actividad superior, es llamado por este padre de la Iglesia como sabiduría. Imaginemos que el cardenal Norberto Rivera, primo hermano de Cipriani, quisiera imponer al rector de nuestra Universidad Iberoamericana, pasando por alto a los jesuitas y la junta de gobierno; además de disponer de los bienes, propiedades, donativos y determinar qué tipo de profesores deben impartir materias que deben regirse no por los requerimientos técnicos ni del mercado laboral, sino por los principios de la fe. Así como censurar los libros de la biblioteca. El carácter laico del Estado mexicano limitaría un abuso de este tamaño y por nuestra historia, la libertad religiosa tiene límites y fronteras en nuestro orden jurídico. Sin embargo, en Perú se debate la imposición de un estatuto canónico, como sería una rígida interpretación de la constitución Ex Corde Ecclesiae sobre las universidades católicas promulgada en 1990 por Juan Pablo II. Por ello, la demanda de la asamblea universitaria es preservar el carácter laico de la institución sin relegar los principios cristianos, al afirmar: La PUCP reitera su compromiso con los valores católicos que la inspiran y la alientan cotidianamente. Estos valores nos reafirman como una universidad autónoma, democrática, creativa, crítica, pluralista, con calidad en la enseñanza y en la investigación, comprometida con la sociedad peruana, e identificada con los principios cristianos que fundan los derechos del ser humano. Ser católico no es sinónimo de oscurantismo. Su laberinto muestra diversidades y texturas que requieren reivindicar el carácter laico de la educación y del Estado para reivindicar su libertad con la apertura a la pluralidad. Los universitarios católicos del Perú requieren reivindicar la laicidad para blindarse del acoso clerical reaccionario del Opus Dei. Así de simple.

Tomado del Diario La Jornada de México.