La Comisión Permanente
pidió a los secretarios de Educación Pública federal y de Puebla, José Ángel
Córdova Villalobos y Luis Maldonado Venegas dar solución a los maestros de esa
entidad que fueron cesados y sean reinstalados de manera inmediata en caso de no
haber existido causa justificada para ello.
En el punto de acuerdo
avalado por unanimidad se menciona que el pasado 4 de junio la SEP dio inicio a
la aplicación de la Evaluación Nacional para el Logro Académico en los Centros
Escolares (ENLACE) a nivel nacional, con la intención de conocer el estado que
guarda la calidad del sistema educativo en nuestro país.
Sin embargo, alrededor
de 5 mil profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), determinaron suspender la aplicación de la prueba ENLACE en
las regiones de Izúcar de Matamoros, Huachinango, San Martín de Texmelucan y
Tehucán, por no considerarlo un mecanismo eficiente de evaluar la condición
educativa.
Derivado de lo anterior,
se agrega, fueron cesados 42 directores y un maestro, lo que convierte a Puebla
“en la primera entidad en ejercer actos de represión en contra del magisterio
por oponerse a la aplicación de la prueba ENLACE”.
En el texto se pone
énfasis en que si bien la prueba ENLACE y la Evaluación Universal a profesores
son mecanismos del Ejecutivo federal para elevar la calidad de la educación
mediante la rendición de cuentas y transparencia, han resultado
ineficaces.
En opinión de los
legisladores no basta con someter los resultados al escrutinio público sino
dotar de elementos y herramientas a los profesores y brindarles mejores
condiciones laborales que les permitan mantenerse competitivos en el desarrollo
de su labor al servicio de la nación.
Al presentar la
propuesta el senador petista Ricardo Monreal Ávila dijo que es muy delicado lo
que sucede en Puebla, ya que existe “persecución contra maestros y un acoso sin
precedente contra ellos”.
Calificó de inadmisible
permitir que se vulneren los derechos laborales de los profesores, por lo que el
Congreso debe pronunciarse al respecto.
En tanto, el diputado
priista José Ramón Martel López estimó que a los docentes se les debe restituir
en caso de no haber causa justificada de acuerdo a la relación laboral, “porque
si lo que se hizo es un abuso de autoridad y de poder desde luego que no debemos
tolerarlo”.
Empero, recalcó que los
pronunciamientos de la Permanente no pueden “prestarse a los posibles dichos de
los legisladores”, por lo que es preciso evitar que se argumente sin sustento en
alguna medida tomada sobre la relación laboral de los maestros.
Por su parte, el
diputado panista Arturo García Portillo comentó que “hay que tener cuidado de no
estar mezclando situaciones”, ya que primero se debe abrir una investigación
para conocer el punto de vista de las dos partes en este conflicto y “así por lo
menos hacer una valoración de lo que haya ocurrido”.
Subrayó que “solapar” a
maestros que no hacen un esfuerzo para mantener la calidad de la educación y que
buscan mantener “el mismo sueldo” sin esforzarse por mejorarla, provocaría “un
daño terrible”.
En su exposición el
diputado petista Jaime Cárdenas Gracia aseguró que se trata de “un abuso de
autoridad en donde la autoridades educativas de Puebla deciden escarmentar,
castigar y reprimir a los directores y profesores por
indisciplinados”.
Estimó que se está ante
una discriminación por razones políticas, la cual está prohibida por el artículo
primero de la Constitución, y ello afecta la dignidad de los maestros.
2012 Por Talla Política
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