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domingo, 24 de febrero de 2013

Comisión de educación pública y servicios educativos Luis Hernández Montalvo


Comisión de educación pública y servicios educativos

Luis Hernández Montalvo

Saben que el docente es controlado con severidad, juzgado, reglamentado, puesto en un cepo”.
Michel Labrot, Pedagogía institucional.

El pleito entre dos personajes de la política nacional: por un lado, la señora Elba Esther Gordillo, Presidenta del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del SNTE y por otro, el señor Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública; hicieron visibles  las contradicciones y la ruptura de la burocracia educativa que actuaba como un solo cuerpo articulado en la conducción de los asuntos de la administración de la educación y de la supuesta defensa de los intereses comunes de los trabajadores y tienen como función, como misión básica el control de los profesores.

Fueron dos instituciones trabajando simbióticamente, borrando las fronteras de competencia de quienes representaban al patrón y de quienes representaban al sindicato; dicho de otra manera: fueron “juez y parte”, “dos instituciones y una sola burocracia”. Sus odios personales y de facción ya fueron muy lejos en perjuicio de los asuntos públicos y del interés común de la sociedad; pero también, está dejando saldos positivos entre el magisterio.

Los profesores de educación básica o el magisterio como gremio; están llenando el vacío que deja la burocracia en cuanto a iniciativas por convertir a la educación en un espacio de disputa política e ideológica de fuerte confrontación en lo que ya se perfila la construcción de una clase ideológica al margen de los canales políticos–burocráticos tradicionales.

Los grupos de maestros se reúnen por separado y en lo que va de los meses de enero y febrero, surgieron iniciativas de talleres, seminarios, congresos nacionales e internacionales para analizar el impacto de las políticas que vendrán una vez que se ha decretado constitucional la reforma a los artículos 3º y 73.

Solo por mencionar algunas de estas iniciativas. Profesores de instituciones públicas y privadas han convocado al Primer Congreso Internacional de Transformación Educativa; de los estados de Tabasco y Veracruz, convocan al Seminario Internacional de Liderazgo Sindical y Calidad Educativa, otros convocan al Foro Estatal de Educación: El Impacto Jurídico Laboral y Pedagógico de la Reforma de los Artículos 3º y 73 de la Constitución; en el estado de Veracruz aparece la Convocatoria: Campaña Nacional para Incidir en la Definición de la Política Educativa; también crecen los pronunciamientos sindicales al margen de las estructuras tradicionales del SNTE; otros van más lejos y construyen La Red para el Diálogo entre Educadores de América Latina y el Caribe; también surgen Los Programas Nacionales Alternativos a la Reforma Educativa; los que menos, convocan al Ciclo de Conferencias: Miradas a la Reforma Educativa y creo yo, por primera vez los legisladores asisten a las reuniones convocadas por los educadores.

Los profesores de educación básica están aprendiendo demasiado rápido el uso de las tecnologías de la comunicación y su aplicación en las redes sociales resultan aprendizajes reamente significativos para un magisterio tradicionalmente controlado y desinformado; porque fundamentalmente, están rompiendo las ataduras de setenta años de corporativismo sindical, de los intentos por silenciarlos en asuntos básicos de su materia de trabajo y de sus competencias profesionales.

Mientras en la cúspide de la pirámide educativa; los miembros de las élites burocráticas se pelean e insisten en aplicar una nueva política educativa que excluye a los profesores en su derecho a opinar; con desplantes autoritarios como lo confirman las palabras del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet “…quien hace unos días dio a entender –durante una comparecencia en el Senado– que el gobierno decidirá unilateralmente qué sectores del magisterio se incorporarán a la discusión de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. Tanto más preocupante resulta que la sordera del grupo en el poder se haga acompañar de una inocultable vocación punitiva, como las advertencias formuladas por el propio secretario de que se aplicará la ley en contra de los maestros que paren labores en protesta por la reforma educativa” editoriales como el de La Jornada, ilustran lo que sucede en el sector:


Mientras el señor Emilio Chuayffet se enreda en sus fobias e ignorancia; los diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos advierten que la propaganda no está dando los resultados ni con el magisterio ni en la sociedad y parece preocuparles el descontento creciente que se expresa en protestas en casi todo el territorio nacional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en su reunión ordinaria del 13 del mes y año en curso; acordaron reunirse en cada una de las entidades federativas del país con los grupos de profesores inconformes para explicarles las bondades de las reformas y la “preservación de sus derechos como trabajadores de la educación”.

En sus intervenciones, puedo advertir que varios de ellos son profesores de educación básica; otros de educación superior, y lo mismo provienen de escuelas públicas que de escuelas privadas; no me parecen personajes fogueados en el debate parlamentario, pero me parecen hombres y mujeres de buena voluntad que dicen estar preocupados y por eso acuerdan una agenda de trabajo en los estados.

Dicen los diputados que los maestros están preocupados por la palabra “permanencia” en la reforma y al igual que el magisterio se preguntan si el señor Emilio Chuayffet tiene el mismo concepto que ellos tienen sobre la palabra “permanencia”.

Dicen que se deben organizar talleres con los maestros y padres de familia, construir una ruta de foros y un programa de reuniones; yo digo y advierto que en estos señores diputados, aparte de sus limitaciones en la argumentación parlamentaria, pecan de ingenuidad; repito, aunque se conduzcan de buena voluntad.

 La moneda está echada al aire y muy pronto, dos visiones se verán confrontadas; la de la burocracia que parece dictarle al docente su papel del quehacer educativo y la visión de un magisterio emergente que viene anunciando la creación de una nueva fuerza histórica. Michel Labrot expresa en su Pedagogía Institucional los siguientes conceptos: “El docente tiene tres objetivos principales que definen toda su pedagogía: la conformidad con el programa, la obtención de obediencia y el buen éxito en los exámenes”. Termino  diciendo: dos siglos contemplan la decisión del magisterio mexicano por construir una educación pública; y en las mejores tradiciones de la República, está sin duda, el profesor de educación básica haciendo su mejor papel. (24-02-2013).



 

 

 

  

 

Reforma educativa: inconformidad y autoritarismo La Jornada

Ados semanas de que se aprobó la constitucionalidad de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna –avaladas por el Congreso de la Unión y por una veintena de legislaturas estatales–, y mientras sigue pendiente la promulgación de las mismas y la elaboración de las leyes reglamentarias correspondientes, en el país persiste un amplio descontento magisterial ante dichas modificaciones. A las protestas realizadas en días previos en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Michoacán, se ha sumado el anuncio de la presentación masiva de amparos, lo cual recuerda a los que se presentaron en su momento contra las reformas a la Ley del Issste.
Por su parte, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero anunció la realización, a partir de mañana, de un paro indefinido, para impedir la aplicación de las nuevas disposiciones en la entidad.
El descontento magisterial es un ejemplo claro del fracaso de los intentos publicitarios del gobierno federal y los tres principales partidos políticos –que firmaron el Pacto por México–, para presentar la citada reforma como panacea a los rezagos en materia educativa y como legislación que respeta los derechos de los docentes. Dicha campaña propagandística, por lo demás, tampoco ha logrado amainar las múltiples críticas formuladas por especialistas en la materia, quienes consideran los cambios constitucionales incompletos, en el mejor de los casos, o lesivos, en el peor.
Cabe insistir en que la orientación principal de la llamada reforma educativa no es atender el conjunto de elementos que explican las deficiencias de la enseñanza en las escuelas –empezando por el abandono presupuestario a que son sometidos los ciclos de educación a cargo del Estado– , sino trasladar la responsabilidad casi única por tales deficiencias a los docentes, al condicionar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo a la aprobación de evaluaciones estandarizadas.
Dicha medida ha sido señalada por los maestros como atentado contra sus derechos y conquistas laborales. En contraste, y a pesar de que el propósito explícito de la referida reforma es mejorar la calidad de la educación, no hay en la misma directrices claras que indiquen la forma de alcanzar tal objetivo, y ni siquiera puede encontrarse una definición clara y precisa del concepto calidad educativa.
Mal termina lo que mal empieza. Si desde un principio los promotores de la reforma educativa hubiesen escuchado las posturas de los docentes y los hubiesen incorporado en las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el descontento que hoy se expresa en varios estados.
Ahora, para colmo, cuando ese sector excluido expresa su descontento de manera legítima y mediante los recursos políticos y jurídicos a su alcance, la falta de voluntad para escuchar a los profesores queda ratificada con posturas como la del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, quien hace unos días dio a entender –durante una comparecencia en el Senado– que el gobierno decidirá unilateralmente qué sectores del magisterio se incorporarán a la discusión de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. Tanto más preocupante resulta que la sordera del grupo en el poder se haga acompañar de una inocultable vocación punitiva, como las advertencias formuladas por el propio secretario de que se aplicará la ley en contra de los maestros que paren labores en protesta por la reforma educativa.
Ante el proceso de reglamentación de las modificaciones a los apartados constitucionales mencionados, los actores políticos involucrados deben tener claro que cualquier normativa en materia de enseñanza que no incorpore el punto de vista de los docentes estará, muy probablemente, destinada al fracaso y será, en cambio, un factor de conflicto político y social. La autoridad, por su parte, debe desistir de la tentación represiva hacia los maestros inconformes, en el entendido de que la criminalización de la protesta social conduce invariablemente al atropello del estado de derecho, no a su robustecimiento.

 

sábado, 23 de febrero de 2013

Elba Esther contra la reforma Jorge Javier Romero

Ahora sí se enojó la maestra. Cual Júpiter tronante que descarga golpes contra las cabezas desprevenidas de los ciudadanos y los legisladores, Elba Esther Gordillo ha soltado su furia contra la reforma institucional al sistema educativo que ha comenzado con los cambios constitucionales pero que debe aterrizar en una nueva ley general de educación y en una ley orgánica del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.
La reforma en curso no es una reforma educativa en sentido estricto, en la medida en la que no se plantea modificar los programas, las prácticas y la pedagogía que hoy impera en las escuelas mexicanas; sin duda, la enseñanza que actualmente se imparte, los métodos con los que se hace, los objetivos y los contenidos requieren de una revisión profunda, pero para poder emprender ese cambio es necesario primero cambiar las reglas del juego –las instituciones– que actualmente rigen al sistema público de educación. Se trata de una reforma política, en tanto que implica un cambio en las relaciones de poder y en el modelo de negociación de la política educativa, pues desde la época en la que se consolidó el régimen corporativo del PRI, allá por la década de 1940, ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la organización que ha fijado los términos de la gobernación y ha orientado el gasto público en ese ámbito.
Así las cosas, no es de extrañar que la señora Gordillo truene contra la reforma: precisamente de lo que se trata es de cambiar un marco de reglas del juego que hasta ahora han beneficiado a la cúpula sindical en detrimento de la carrera de los maestros y de la calidad de la educación. Todo conjunto de reglas tiene consecuencias distributivas y el actualmente existente ha sido ampliamente beneficioso para el cacicazgo sindical que la maestra milagrosa encabeza, como antes lo hicieron Carlos Jonguitud o, en los orígenes, Jesús Robles Martínez, cada uno de ellos operador político del régimen para controlar a los maestros y sus demandas. El método adoptado para garantizar la aquiescencia política de los profesores fue intercambiar beneficios laborales por lealtad. Con el tiempo, eso condujo a que la mayor virtud que podía tener un maestro si quería avanzar en su carrera era la disciplina sindical. Los buenos maestros tuvieron que resignarse a que sus esfuerzos en el aula no tuvieran reconocimiento alguno.
La creación de un servicio profesional docente, vinculado a un sistema nacional de evaluación que premie el buen desempeño y la mejora del logro académico de los alumnos, le quita la SNTE el poder de decidir los movimientos y las promociones de los maestros, por lo que dejaría de controlarlos y éstos ganarían en autonomía y libertad. Por eso, doña Elba no quiere que las cosas cambien y nos viene a asustar con el petate del muerto de la privatización dictada por el neoliberalismo a través de los siniestros organismos internacionales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la bestia negra que lo que pretenden es arrebatarle a la patria la soberanía, como si México fuera una isla en el espacio y la sociedad mexicana no tuviera que desarrollar las habilidades necesarias para la competencia en la economía global.
Dice la profesora, vociferante, que la reforma constitucional aprobada contiene la amenaza de privatización de la educación porque en un transitorio incluye la cuestión de la autonomía de cada escuela, lo que, según la sempiterna líder, “tiene un espíritu de mercado e intenciones privatizadoras” pues señala que los padres de familia serán corresponsables de la gestión de cada centro escolar. Nada dice la reforma de que esa corresponsabilidad implique pago alguno ¾sobre todo cuando el tema queda subordinado en un transitorio y no se modifica en nada la definición constitucional de gratuidad de la educación¾, pero ahí se le aparecen los moros con tranchetes a la obnubilada dirigente, furiosa ante el cambio que amenaza su poder.
La educación en México hace mucho que está privatizada. Es el SNTE el que ha controlado los derechos de propiedad del sistema educativo desde que el régimen le concedió esa parcela de rentas estatales para que la administrara en su provecho a cambio de paz política. El resultado está a la vista: aunque a doña Elba le parezca que los resultados de la prueba PISA no valen porque no toman en cuenta las condiciones de pobreza y marginación de buena parte de los estudiantes mexicanos, el hecho es que México es un país de reprobados y esos resultados no se limitan a las escuelas de las regiones más desfavorecidas: uno de los datos aterradores que arrojan los resultados de la prueba que aplica la maléfica OCDE es que en este país también las elites están mal educadas; los bajos resultados abarcan a las escuelas de todos los deciles socioeconómicos, lo que incluye a las escuelas privadas, que tampoco tienen que cumplir con estándares de calidad fijados por un sistema nacional de evaluación.
Lo interesante de el nuevo clamor de Elba Esther Gordillo es que lo hace en una carta dirigida a los legisladores. En otras ocasiones, cuando se han planteado reformas que podrían mermar el control sindical sobre los maestros la presidenta gremial ha optado por defender públicamente los cambios y ha centrado sus baterías en la negociación a puertas cerradas en la Secretaria de Educación Pública. Durante años esa estrategia le dio resultado y en corto logró detener cualquier cambio sustantivo que redujera su influencia. Ahora parece que las puertas de la SEP se han cerrado con ella afuera, por lo que se ha dirigido al Congreso, a ver si ahí todavía hay quien le haga caso. A ver si de verdad la SEP ha comenzado ya a modificar en la práctica el modelo de negociación y no cede a las presiones en la elaboración de las iniciativas de legislación secundaria de la reforma constitucional. Y a ver si los legisladores optan por llevar a término un cambio institucional indispensable para detener el desastre de la educación en México.
Publicado originalmente en Sin Embargo el 15 de febrero de 2013

jueves, 21 de febrero de 2013

Reforma laboral española, fracaso total Verónica González y Arnoldo Piñón



EL SOL DE MÉXICO. Martes 19 de febrero de 2013.


MP Misión Política

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

     Hace un año, España introdujo reformas a su legislació n laboral para abaratar el despido y la contratación por horas. “Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”, señala el texto aprobado por el gobierno del derechista Mariano Rajoy.

     El más importante de los objetivos de esos cambios, en la más severa crisis económica de la Península, era la creación de empleos productivos, en especial para los jóvenes. Sólo en ese rubro, los resultados no pueden ser peores: 55 por ciento de los menores de 25 años de edad, en la actualidad están en el desempleo.

     En los renglones más importantes, la reforma española ha tenido resultados desastrosos: durante el año pasado desaparecieron poco más de 850 mil empleos, 75 por ciento de los cuales afectó a jóvenes menores de 30 años, quienes enfrentan una tasa de desempleo del orden del 40 por ciento.

     El abaratamiento del despido -20 días por año de antigüedad con derecho a una indemnización total equivalente a un año de salarios-, se tradujo que los dados de baja se elevara en 49 por ciento, lo que ha llevado a España que en la actualidad en un millón 833 mil 700 hogares, todos sus integrantes se encuentren desempleados, con un crecimiento del 10.53 por ciento -95 mil 800 hogares- sólo en el último trimestre del año pasado.

     El fracaso de la reforma laboral puede resumirse en una cifra escalofriante: el desempleo al finalizar el año se situó en 5 millones 965 mil 400 españoles. Tal situación llevó a Toni Ferrer, secretario de acción sindical de una de las centrales sindicales más importantes, la UGT, a señalar el evidente el fracaso de las políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los trabajadores.

     Las estadísticas reseñadas, pueden ser encontradas en dos ediciones del periódico El País, del 24 de enero y el 10 de febrero, incluidas declaraciones de Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, quien señaló que el balance del primer año de la reforma laboral “es que ha sido desequilibrada e incompleta”.

     Al finalizar el año, el Congreso mexicano aprobó, con pequeños cambios, una iniciativa de reforma preferente del expresidente Felipe Calderón, la que, en términos generales es una copia de la española, con la que, se dijo coincidentemente, se incentivaría la creación de nuevos empleos productivos para los jóvenes.

     Y al igual que en España, se abarató el despido, limitándose la indemnización al pago de un año de salarios caídos en caso que hubiese sido injustificado, con un interés adicional del dos por ciento mensual; se aprobaron contratos por horas, con adiciones a prueba y capacitación.

     Más agresiva, la reforma laboral mexicana legalizó la subcontratación u outsoursing, con el supuesto limitante que esa figura no podrá ser generalizada, al ser sólo para áreas que no impliquen la especialidad de la empresa.

     En este espacio hemos dado cuenta que BBVA Bancomer -coincidentemente controlado por inversionistas españoles-, todos sus trabajadores -excepto uno- son contratados a través de empresas outsoursing, con lo que sólo el año pasado dejó de pagar 2 mil 800 millones de pesos en reparto de utilidades, porque formalmente no son sus empleados.

     El problema es que la Ley de Instituciones Financiera permite el outsoursing en todas las áreas, por lo que existe una contradicción de leyes que perjudican a los trabajadores, al precarizar sus condiciones laborales. Hasta ahora la Secretaría del Trabajo no ha emprendido ninguna acción para evitar excesos en la subcontratación.

     La banca mayoritariamente en poder de inversionistas extranjeros, ha implementado políticas de depredación de prestaciones económicas de sus trabajadores. HSBC, al seguir el ejemplo de Santander, en enero aumentó los objetivos para los ejecutivos de cuenta, independientemente que hace un par de años no les pagaba reparto de utilidades y el servicio médico particular está sujeto a tales restricciones que en la práctica hace nugatorio ese derecho; mientras Banamex desde hace años no otorga gasificaciones para evadir el pago de medicina particular.

 

Pronunciamiento de corrientes sindicales del magisterio sonorense

Hermosillo, Son., Lunes 18 de Febrero de 2013.

Ante la reforma constitucional de los artículos 3º y 73º, las expresiones sindicales y de pensamiento crítico de la sección 28, precisan lo siguiente:

1. Que el problema referente a la baja calidad educativa y al desorden del sistema educativo nacional se ha generado durante años en la irresponsabilidad y abandono del Estado en la definición e implementación de las políticas públicas educativas en la materia, dejando a otras instancias que asumieran la función que a él le corresponde por definición constitucional.

2. Que durante años la relación corporativa SEP-SNTE se vinculó sobre la base de criterios e intereses que favorecieron a gobiernos y grupos políticos lejos de criterios educativos e intereses de los docentes que desempeñan la función educativa en una estrecha relación con alumnos y padres de familia.

3. Que las campañas de empresas e iniciativa privada contra la educación pública, precisan tendenciosamente como únicos responsables del quehacer educativo al docente y a la representación sindical sin relacionar la obligación y responsabilidad de autoridades educativas gubernamentales.

4. Que la reforma aprobada únicamente se orienta al área laboral y administrativa sin considerar aspectos como: currículo, cargas académicas excesivas de los docentes, condiciones didácticas, infraestructura escolar, ambientes de aprendizaje, etc., que se involucran en el problema aludido.

5. Que a la fecha las medidas implementadas, incluyendo la reforma, se ha determinado por criterios de organismos internacionales sujetos a los intereses que impone la globalización económica.

6. Que la evaluación es un instrumento que permite diagnosticar y conocer situaciones y realidades del funcionamiento escolar, pero que por sí sola no es una solución que resolverá el problema a la baja calidad educativa.

7. Que la evaluación estandarizada, hasta ahora tomada como único referente para medir el desempeño docente a nivel nacional, ignora y deja de lado las diferencias tan marcadas de la realidad socioeconómica y cultural en la que trabajan los maestros. De la misma manera no considera la responsabilidad e importancia del desempeño de autoridades y funcionarios en el logro académico.

8. Que los discursos del liderazgo nacional sobre la reforma educativa se limitan a solicitar, casi suplicar, a que quiten la palabra permanencia dentro de la reforma y todo lo demás pasa, palabras de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES; entonces donde queda la defensa a la escuela pública, el no a la privatización y el no a la evaluación estandarizada; que son las demandas en las marchas de los maestros, además habría que agregar la desinformación que se les da a los padres de familia con tal de, supuestamente, ganar su apoyo diciéndoles que de no sumarse a nuestra causa, ellos tendrán que pagar a los maestros de sus hijos y hacerse cargo del sostenimiento total de las escuelas.

Por lo tanto y en consecuencia:

1. Rechazamos la evaluación simulada y tendenciosa en la que el trabajo de los docentes frente a grupo sea el único que se somete a juicio, y
Exigimos:

2. La inclusión de los docentes, más allá de las estructuras sindicales, en la definición de los criterios e instrumentos de evaluación; así como en la elaboración de leyes y reglamentos secundarios que de la reforma se desprendan.

3. A la dirección del SNTE nacional y seccional, la inclusión de todas las fuerzas, expresiones y opiniones del mismo sindicato en una campaña más enérgica por la defensa de la educación pública.

4. A la dirección nacional del SNTE, una definición clara y precisa de la responsabilidad de Enrique Peña Nieto en la promoción de la reforma educativa y de sus vínculos con el sector privado a los que sirve.

5. A la dirigencia seccional del SNTE, respeto absoluto a las representaciones de pluralidad estatutaria, a las expresiones sindicales y de pensamiento crítico al interior de este órgano del gobierno sindical.

A los trabajadores de la educación los invitamos a estar informados, para participar en las mencionadas jornadas, pero no como carne de cañón o para fortalecer en su agonía política a ELBA ESTHER GORDILLO, quien a juicio de muchos solo quiere posiciones políticas para su grupo selecto de poder, sino para defender con todo la escuela pública, para decir no a la privatización, para señalar con fundamentos lo que es una evaluación y sus repercusiones, para defender nuestra fuente de trabajo, para buscar el apoyo de los padres de familia y la sociedad en general, sin mentiras y con base a nuestro trabajo.
F R A T E R N A L M E N T E

Alianza de Trabajadores de la Educación en Lucha (ATEL)

Movimiento Autónomo de Renovación Sindical – Sonora (MARS-SON)

Movimiento Autónomo de Renovación Sindical (MARS)

Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo (MD - NS)

FRANCISCO HUERTA ALDAZ (Secretario de Trabajo y Conflictos
de Educación Superior)

martes, 19 de febrero de 2013

"Reforma curricular": La desaparición del normalismo Revista Contralinea




Revista Contralinea

     El fin del sexenio aceleró la aplicación de la reforma curricular a la educación normal, disposición de carácter federal contemplada en el punto nueve de la Alianza por la Calidad de la Educación. El resultado: una reforma “improvisada” e “incongruente”. A decir de profesores normalistas, ésta se engloba en un proyecto más amplio: el de la desaparición de las normales del país. Cifras oficiales revelan que en 12 años de gestiones panistas el número de normales disminuyó en 29 por ciento; la matrícula estudiantil, en 36 por ciento; y la planta docente, en 12 por ciento.

 

Flor Goche/Primera parte

Miércoles 23 de enero de 2013

     Los hechos ocurridos en Michoacán a mediados de octubre pasado –el desalojo policial de tres escuelas normales seguido de la detención y violaciones a los derechos humanos de decenas de estudiantes– reavivaron el debate en torno a la reforma curricular a la educación normal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2012, que aplica a las licenciaturas en educación primaria y preescolar.

     Entonces la cobertura mediática destacó la negativa de los estudiantes normalistas de incorporar en sus planes de estudio materias como inglés, así como el hecho de recurrir al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 

     Sin embargo, el fondo del conflicto es la colisión de dos proyectos. En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, en junio de 2011, Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se preguntó: “¿Qué haremos con tantas normales, ya no patitos, con tantos monstruos de normales?”.

     En el mismo encuentro, el empresario Claudio X González se pronunció por el cierre de estas escuelas. Y es que, como justificó el también presidente de la Fundación Televisa, “hay muchas mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla”.

     Ya antes, en agosto de 2008, Gordillo Morales había pedido al entonces presidente de la República Felipe Calderón desaparecer el normalismo público. “Queremos que las normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas”, manifestó en el contexto de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2008-2009. La razón, a decir de Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación Pública: evitar que haya “tantos docentes como manejadores de carro y servidores de mesa”.

  

     El golpe al normalismo en México ha trascendido el tono de las declaraciones. De acuerdo con datos del Quinto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante los 12 años de gestiones panistas (de 2001 a 2012) el número de escuelas normales disminuyó gradualmente, al igual que su matrícula estudiantil y la plantilla docente.

 

     Mientras en 2000 operaban 655 escuelas normales, para 2013 sólo sobreviven 465, lo que representa 29 por ciento menos. En este periodo la matrícula estudiantil también se vio afectada, al decrecer en 36 por ciento: eran 200 mil 900 alumnos y ahora se cuentan 128 mil 200. En tanto, el número de docentes cayó en 12 por ciento, al pasar de 17 mil 366 a 15 mil 364.

     A decir de Artemio Ortiz Hurtado, la reforma curricular a la educación normal se engloba en un proyecto más amplio: el de la desaparición de las normales del país. En esta etapa, la de reforma curricular, se busca desprofesionalizar la labor docente: despojar al profesor normalista de su perfil histórico como sujeto de transformación social para convertirlo en mero facilitador del proceso educativo, asegura el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, corriente magisterial contraria al SNTE.

     En cambio, para Rodolfo Tuirán Gutiérrez, exsubsecretario de Educación Superior, el propósito es “actualizar los planes y programas, contribuir a elevar la calidad de la formación inicial de los docentes y, por supuesto, adecuar los planes y programas de estudio de las escuelas normales con la reciente reforma curricular de la educación básica”. Así lo aseguró en la entrevista que el funcionario concedió a Noticias MVS a mediados de octubre de 2012.

     El ahora subsecretario de Educación Media Superior subrayó que desde 1998 no se realiza una reforma a los planes y programas de estudio de las licenciaturas que se ofrecen en las escuelas normales, no obstante que en este periodo ha habido una gran variedad de transformaciones relevantes para la formación docente.

Infografía

 

Reforma curricular: “improvisada” e “incongruente”

     La reforma curricular a la educación normal busca concretar los compromisos que el gobierno de Felipe Calderón adquirió con Elba Esther Gordillo a través de la Alianza por la Calidad de la Educación (pacto signado entre el SNTE y el gobierno federal), aseguran profesores normalistas en entrevista con Contralínea.

     Y es que el punto nueve del documento fechado el 15 de mayo de 2008 establece la obligación de impulsar una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades a partir del ciclo escolar 2008-2009, y de manera generalizada de 2010-2012.

     En la Declaración de la Junta Académica de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C Rébsamen, en Relación con la Reforma Curricular en la Educación Normal [sic], con fecha del 31 de mayo de 2012, se lee: “esta reforma parece responder más a criterios políticos emanados de la cuestionada Alianza por la Calidad de la Educación que a la necesidad natural de actualizar el currículo”.

     El resultado, a decir de los profesores normalistas: una reforma “improvisada”. Señalan que debido a la premura de su aprobación y aplicación, motivada por la llegada del fin del sexenio, ésta resulta incongruente.

     Juan Manuel Rendón Esparza, catedrático de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), quien ha sido testigo y partícipe de otras reformas a la educación normal durante sus más de 30 años de docencia, refiere que cualquier cambio curricular pasa por cuatro niveles: definición de los fundamentos pedagógicos y sicológicos, diseño de la malla curricular, elaboración de los programas de cada asignatura y actualización de los profesores.

     Respecto de la reforma curricular a la educación normal, manifiesta que “entre estos cuatro niveles, por lo menos a partir del segundo y tercero, empiezan a evidenciarse incongruencias serias”.

     Por ejemplo, en un principio y hasta junio de 2012 el plan de estudios se estructuraba en 5 años, es decir, en 10 semestres. Esto cambió apenas 2 meses antes de que la reforma se convirtiera en decreto oficial, en lo que los profesores normalistas perciben como el “resultado de una negociación entre el SNTE y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)”. El plan escolar se redujo a 4 años, con la consecuente eliminación de los semestres 9 y 10, destinados a la práctica docente.

     Rendón Esparza recurre a la metáfora de la maleta de viaje para referir esta acción. “Voy a salir de viaje por 10 días y tengo una maleta. De repente me dicen que sólo van a ser 8 días. En ese momento, en el que ya está a punto de salir el autobús, tengo que sacar de la maleta –prácticamente sin ninguna planeación– todo lo que se pueda. Entonces saco cosas así, sin fijarme en la congruencia”.

     Para Lilia Abarca Laredo, del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal (CAMDF), pensar que para transformar la educación normal sólo se tiene que modificar la malla curricular es “una visión muy parcelada de todo lo que es el sistema educativo de formación de maestros, que busca desalentar y denostar este nivel educativo.

    “Se está pensando en una reforma a la educación normal sin darnos insumos ni el acompañamiento pedagógico pertinente. Y lo único que se ve en todo este bosque es el arbolito, que son los muchachos de Michoacán, que dicen que no quieren inglés ni computación. Esta visión tan parcelada es la que se está difundiendo en los medios, cuando la demanda es más profunda, y las exigencias no sólo curriculares sino de gestión. La gestión educativa es mucho más amplia y solamente se está apostando al currículo como si todo lo demás no importara”, dice la también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

     Braulio Mena Lagunas identifica otra de las incongruencias de la reforma curricular a la educación normal. Consiste en que primero se reformaron los planes y programas de estudio de la educación primaria y luego los del sistema de formación de los docentes encargados de aplicar la reforma.

     Se trata, apunta el docente adscrito al CAMDF, de “incongruencias que se van resolviendo sobre la marcha y que, de algún modo, demuestran que no les interesa la educación”.

     A pesar de que, a la fecha, ni siquiera están diseñados los programas de todas las asignaturas que contempla el nuevo currículo, Rodolfo Tuirán insistió en que la reforma curricular a la educación normal no es improvisada: “empezó hace 3 años y medio, aproximadamente, y se ha dado de una manera incluyente y participativa. Ha sido un proceso largo, complejo, difícil”.


Sin condiciones mínimas para la aplicación de la reforma

     En octubre de 2012, profesores de la BENM hicieron de conocimiento público una carta dirigida a las autoridades de la SEP, en concreto a María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, y a Marcela Santillán Nieto, directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación.

     En ésta expresan su preocupación, pues casi 2 meses después de la entrada en vigor de la reforma curricular a la educación normal, no se han “otorgado las mínimas condiciones para su desarrollo”.

     Los docentes se refieren en específico a los 60 millones de pesos que la DGESPE se había comprometido a destinar a la BENM “como parte del apoyo para crear las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento inherentes a los imperativos del nuevo currículo”. Y es que nueve colegios de esta institución educativa condicionaron la aceptación de la reforma curricular a que la SEP brindara los apoyos necesarios, entre estos, presupuesto, equipamiento e infraestructura, cobertura de la planta docente, respeto de los derechos laborales y aplicación de un programa serio, continuo y permanente de actualización para la operación de los nuevos programas.

     Las autoridades educativas faltaron a su palabra. Por ejemplo, a pesar de que la reforma otorga especial importancia a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al currículo, hoy día en la BENM no existen las condiciones para su aplicación: los estudiantes no cuentan con apoyos de internet, las salas de cómputo están “empobrecidas”, no existe ni siquiera la posibilidad de que todos los grupos escolares, en un mismo momento, estén conectados en línea a través de un pizarrón inteligente, asegura Juan Manuel Rendón.

     El docente explica que lo mismo ocurre con la enseñanza del inglés, que de acuerdo con la reforma curricular de 2012 está trazada en 5 semestres. “No hay laboratorios de idiomas, no hay recursos audiovisuales para desarrollar las cuatro habilidades que reclama cualquier lengua, no hay bibliografía”.

     Si la BENM, “ubicada en el área urbana, en el corazón político del país y con una población estudiantil importante”, carece de estas mínimas condiciones, ¿qué sucederá en las escuelas normales de provincia y en las rurales?, se pregunta Lilia Abarca.


     A partir de la tendencia de reducción de la planta docente observada durante los últimos 12 años, la profesora normalista trata de explicarse, asimismo, quiénes serán los encargados de impartir estos cursos: ¿Se contratará a especialistas en computación e inglés o se capacitará “con un cursito” a los docentes ya adscritos?

    Respecto de la promesa de actualización docente, Juan Manuel Rendón refiere que para el caso de la BENM se limitó a dos actividades impulsadas por la DGESPE: un curso en línea de inducción al plan de estudios (al cual fueron convocados sólo 11 personas, de un total de 180 que integran la plantilla académica) y una jornada de 3 horas en la que un grupo de especialistas habló de los contenidos y enfoques de algunas de las materias del nuevo plan.

     A decir del profesor, “pensar en la actualización docente para la operación de un nuevo plan requiere no sólo de cursos, sino de talleres previos y de acompañamiento durante todo el proceso y a todos los profesores”.

     A partir de lo anterior, los profesores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros concluyen: “En nuestra institución el nuevo plan de estudios fue implantado por la SEP y la DGESPE con una total falta de seriedad y compromiso reales, y sin las condiciones mínimas para su idóneo desarrollo, en la totalidad precariedad presupuestaria y, por ende, propician la improvisación en todos los planos de la gestión institucional, académica y administrativa”.

     Pedro Hernández Morales, quien se desempeña como director de la Escuela Primaria Centauro del Norte, apunta que esta situación no es propia de la reforma curricular a la educación normal. Refiere que a pesar de que la reforma curricular de la educación básica opera desde 2009, fue hasta principios del ciclo escolar 2011-2012 que los directivos recibieron por correo electrónico el nuevo plan de estudios.

La reforma, una “imposición”

     “Amplio, incluyente y participativo”, así definen las autoridades educativas al proceso que antecedió a la publicación de la reforma curricular de la educación media superior en el Diario Oficial de la Federación.

     Rodolfo Tuirán explicó que dicho proceso inició en 2008 a través de consultas y foros, tanto estatales como nacionales, “para incorporar al mayor número de docentes y estudiantes en el proceso de discusión y debate de la reforma curricular”. De hecho, asegura el funcionario, en la última consulta participaron alrededor de 4 mil 500 docentes de todas las entidades federativas, lo que representa el 75 por ciento de las personas involucradas inicialmente en el proceso de reforma.

     La versión de los profesores normalistas es otra. Ya desde la Declaración de Veracruz por la Educación Normal –producto de los resolutivos del congreso Retos y Perspectivas de la Educación Normal en el Siglo XXI, celebrado del 22 al 24 de abril de 2010 en la ciudad de Xalapa– advertían: “toda transformación profunda en la educación parte de la premisa: nadie aprende y asume como propio aquel cambio que desde fuera se le quiere imponer. Las reformas educativas exitosas deben ser resultado de procesos amplios y abiertos de consulta y deliberación; ninguna puede, por sí misma, mejorar la práctica pedagógica e impactar el trabajo en el aula, si no se acompaña de la disposición y acción decidida de todos los actores”.

     Un día antes del inicio de los trabajos de este congreso, la BENM también se pronunció. En una carta dirigida a la titular de la DGESPE manifiesta que “el proceso curricular desarrollado hasta ahora se ha caracterizado por la falta de transparencia, la desorganización, el ocultamiento de información y, por ende, la elitización de los participantes en el análisis, discusión y definición de los temas curriculares”.

     Juan Manuel Rendón reconoce que entre los profesores se difundieron, vía internet, cuestionarios de consulta sobre la reforma curricular. No obstante, sostiene que la demanda de los docentes tiene que ver con un proceso de inclusión muy diferente si se habla cualitativamente: “Nosotros demandamos un proceso ampliamente participativo, dialógico, es decir, a través del diálogo, que integrara a todos los maestros y alumnos de las normales. Pero ese proceso jamás se dio”.

     Los profesores consultados por este semanario subrayan que no están en contra de que se reforme la formación docente inicial; pero sí de las formas en que se ha desarrollado este proceso.

     A través de la Declaración de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en Relación con la Reforma Curricular de la Educación Normal, señalan que el punto de partida debe ser una evaluación curricular que permita valorar los aspectos positivos del actual plan de estudios, que data de 1997, y reconocer aquellos que hay que cambiar. Lo anterior, subrayan, “como resultado de un proceso investigativo, ampliamente participativo, que analice los fundamentos éticos, filosóficos, políticos, epistemológicos y culturales de la formación docente”.

     En el legajo de ocho cuartillas, los docentes precisan que “si bien se requiere de una reforma a la educación normal, ésta debe tomar en cuenta la realidad, las características de los alumnos, y lo que necesita y requiere el país”.

Reforma curricular a las normales:opacidad e incertidumbre Revista Contralinea




Revista Contralinea

Flor Goche/Segunda parte

Miércoles 30 de enero de 2013

     Concluido el primer semestre de aplicación de la reforma curricular a la educación normal –publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2012–, el 28 por ciento de los programas que conforman la nueva malla curricular aún no están diseñados. Los retos heredados a la gestión de Peña Nieto son muchos: que se dote a las escuelas de recursos económicos, infraestructura y equipamiento, pero también que se clarifiquen las dudas de los docentes respecto de los ejes rectores de la misma


A partir del 22 de agosto de 2012 opera en las normales urbanas y rurales del país la reforma curricular a la educación normal.               

     Herencia del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, la recién estrenada malla curricular marcha entre la incertidumbre y las críticas que ha generado entre profesores normalistas. Algunos de ellos aseguran que aún no están diseñados los programas de todas las asignaturas que integran el nuevo plan de estudios, lo que impide, en principio, tener una visión global de éste.

     Un programa constituye la herramienta fundamental del trabajo de los docentes. Se trata de un documento que refleja la organización y planificación de cada asignatura: sus objetivos, contenidos y metodología.

     En efecto, el sistema de la página electrónica de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación impide consultar los programas de 63 asignaturas de las 222, es decir, del 28 por ciento del total de la malla curricular, particularmente, de cursos que corresponden a los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo.

     “No se ha encontrado la página solicitada”, es la leyenda que aparece cuando se intenta acceder a materias como trabajo docente e innovación, filosofía de la educación o investigación educativa aplicada a las lenguas y culturas originarias.

     En el caso de la licenciatura en educación preescolar, el 22 por ciento de los cursos carece de programa de estudios; para la licenciatura en educación preescolar intercultural bilingüe es de 33 por ciento. Lo mismo ocurre con las licenciaturas en educación primaria y en educación primaria intercultural bilingüe: en el primer caso se trata del 25 por ciento, y en el segundo, del 33 por ciento.


      A Yolanda Ortiz Bustamante, maestra en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) Enrique C Rébsamen, con 22 años de servicio docente, le preocupa que un asunto tan serio como la reforma curricular a la educación normal se ponga en operación aun estando inacabada.

     Otros profesores normalistas comparten la misma inquietud. Señalan que el hecho responde a la premura con la que esta disposición fue aprobada: el sexenio finalizaba y el gobierno saliente tenía que garantizar la aplicación de esta reforma y así cumplir con los compromisos que adquirió con Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

     El 15 de mayo de 2008, el gobierno federal y el SNTE signaron la Alianza por la Calidad de la Educación. El punto nueve del documento establece la obligación de impulsar una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades a partir del ciclo escolar 2008-2009, y de manera generalizada en 2010-2012. 

Infografía:

     Martha Piña Hernández, profesora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), se pregunta por qué la Secretaría de Educación Pública (SEP) le apuesta a una reforma curricular y no a la formación de los docentes en servicio.

     Cada vez que algo en educación falla, en vez de indagar sobre el origen del problema y analizar, por ejemplo, el conjunto de situaciones que afectan a los formadores, se opta por reformar los planes y programas de estudio, dice la también especialista en planeación, desarrollo y evaluación de la práctica docente.

     Para ella, la responsabilidad recae principalmente en las autoridades educativas quienes, como en este caso, actúan al revés: “primero vienen las reformas y después la formación de estas reformas… Ésta ha sido la historia de la educación en México”.