La reforma en curso no es una reforma educativa en sentido estricto, en la medida en la que no se plantea modificar los programas, las prácticas y la pedagogía que hoy impera en las escuelas mexicanas; sin duda, la enseñanza que actualmente se imparte, los métodos con los que se hace, los objetivos y los contenidos requieren de una revisión profunda, pero para poder emprender ese cambio es necesario primero cambiar las reglas del juego –las instituciones– que actualmente rigen al sistema público de educación. Se trata de una reforma política, en tanto que implica un cambio en las relaciones de poder y en el modelo de negociación de la política educativa, pues desde la época en la que se consolidó el régimen corporativo del PRI, allá por la década de 1940, ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la organización que ha fijado los términos de la gobernación y ha orientado el gasto público en ese ámbito.
Así las cosas, no es de extrañar que la señora Gordillo truene contra la reforma: precisamente de lo que se trata es de cambiar un marco de reglas del juego que hasta ahora han beneficiado a la cúpula sindical en detrimento de la carrera de los maestros y de la calidad de la educación. Todo conjunto de reglas tiene consecuencias distributivas y el actualmente existente ha sido ampliamente beneficioso para el cacicazgo sindical que la maestra milagrosa encabeza, como antes lo hicieron Carlos Jonguitud o, en los orígenes, Jesús Robles Martínez, cada uno de ellos operador político del régimen para controlar a los maestros y sus demandas. El método adoptado para garantizar la aquiescencia política de los profesores fue intercambiar beneficios laborales por lealtad. Con el tiempo, eso condujo a que la mayor virtud que podía tener un maestro si quería avanzar en su carrera era la disciplina sindical. Los buenos maestros tuvieron que resignarse a que sus esfuerzos en el aula no tuvieran reconocimiento alguno.
La creación de un servicio profesional docente, vinculado a un sistema nacional de evaluación que premie el buen desempeño y la mejora del logro académico de los alumnos, le quita la SNTE el poder de decidir los movimientos y las promociones de los maestros, por lo que dejaría de controlarlos y éstos ganarían en autonomía y libertad. Por eso, doña Elba no quiere que las cosas cambien y nos viene a asustar con el petate del muerto de la privatización dictada por el neoliberalismo a través de los siniestros organismos internacionales –la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la bestia negra– que lo que pretenden es arrebatarle a la patria la soberanía, como si México fuera una isla en el espacio y la sociedad mexicana no tuviera que desarrollar las habilidades necesarias para la competencia en la economía global.
Dice la profesora, vociferante, que la reforma constitucional aprobada contiene la amenaza de privatización de la educación porque en un transitorio incluye la cuestión de la autonomía de cada escuela, lo que, según la sempiterna líder, “tiene un espíritu de mercado e intenciones privatizadoras” pues señala que los padres de familia serán corresponsables de la gestión de cada centro escolar. Nada dice la reforma de que esa corresponsabilidad implique pago alguno ¾sobre todo cuando el tema queda subordinado en un transitorio y no se modifica en nada la definición constitucional de gratuidad de la educación¾, pero ahí se le aparecen los moros con tranchetes a la obnubilada dirigente, furiosa ante el cambio que amenaza su poder.
La educación en México hace mucho que está privatizada. Es el SNTE el que ha controlado los derechos de propiedad del sistema educativo desde que el régimen le concedió esa parcela de rentas estatales para que la administrara en su provecho a cambio de paz política. El resultado está a la vista: aunque a doña Elba le parezca que los resultados de la prueba PISA no valen porque no toman en cuenta las condiciones de pobreza y marginación de buena parte de los estudiantes mexicanos, el hecho es que México es un país de reprobados y esos resultados no se limitan a las escuelas de las regiones más desfavorecidas: uno de los datos aterradores que arrojan los resultados de la prueba que aplica la maléfica OCDE es que en este país también las elites están mal educadas; los bajos resultados abarcan a las escuelas de todos los deciles socioeconómicos, lo que incluye a las escuelas privadas, que tampoco tienen que cumplir con estándares de calidad fijados por un sistema nacional de evaluación.
Lo interesante de el nuevo clamor de Elba Esther Gordillo es que lo hace en una carta dirigida a los legisladores. En otras ocasiones, cuando se han planteado reformas que podrían mermar el control sindical sobre los maestros la presidenta gremial ha optado por defender públicamente los cambios y ha centrado sus baterías en la negociación a puertas cerradas en la Secretaria de Educación Pública. Durante años esa estrategia le dio resultado y en corto logró detener cualquier cambio sustantivo que redujera su influencia. Ahora parece que las puertas de la SEP se han cerrado con ella afuera, por lo que se ha dirigido al Congreso, a ver si ahí todavía hay quien le haga caso. A ver si de verdad la SEP ha comenzado ya a modificar en la práctica el modelo de negociación y no cede a las presiones en la elaboración de las iniciativas de legislación secundaria de la reforma constitucional. Y a ver si los legisladores optan por llevar a término un cambio institucional indispensable para detener el desastre de la educación en México.
Publicado originalmente en Sin Embargo el 15 de febrero de 2013
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