EL SOL DE MÉXICO.
Martes 19 de febrero de 2013.
MP Misión
Política
POR VERÓNICA V.
GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
Hace un
año, España introdujo reformas a su legislació
n laboral para abaratar el
despido y la contratación por horas. “Esta es una reforma en la que todos
ganan, empresarios y trabajadores y que pretende satisfacer más y mejor los
legítimos intereses de todos”, señala el texto aprobado por el gobierno del
derechista Mariano Rajoy.
El más importante
de los objetivos de esos cambios, en la más severa crisis económica de la
Península, era la creación de empleos productivos, en especial para los
jóvenes. Sólo en ese rubro, los resultados no pueden ser peores: 55 por ciento
de los menores de 25 años de edad, en la actualidad están en el desempleo.
En los
renglones más importantes, la reforma española ha tenido resultados
desastrosos: durante el año pasado desaparecieron poco más de 850 mil empleos,
75 por ciento de los cuales afectó a jóvenes menores de 30 años, quienes
enfrentan una tasa de desempleo del orden del 40 por ciento.
El
abaratamiento del despido -20 días por año de antigüedad con derecho a una
indemnización total equivalente a un año de salarios-, se tradujo que los dados
de baja se elevara en 49 por ciento, lo que ha llevado a España que en la
actualidad en un millón 833 mil 700 hogares, todos sus integrantes se
encuentren desempleados, con un crecimiento del 10.53 por ciento -95 mil 800
hogares- sólo en el último trimestre del año pasado.
El fracaso
de la reforma laboral puede resumirse en una cifra escalofriante: el desempleo
al finalizar el año se situó en 5 millones 965 mil 400 españoles. Tal situación
llevó a Toni Ferrer, secretario de acción sindical de una de las centrales
sindicales más importantes, la UGT, a señalar el evidente el fracaso de las
políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los
trabajadores.
Las
estadísticas reseñadas, pueden ser encontradas en dos ediciones del periódico
El País, del 24 de enero y el 10 de febrero, incluidas declaraciones de Sara de
la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, quien señaló
que el balance del primer año de la reforma laboral “es que ha sido
desequilibrada e incompleta”.
Al
finalizar el año, el Congreso mexicano aprobó, con pequeños cambios, una
iniciativa de reforma preferente del expresidente Felipe Calderón, la que, en
términos generales es una copia de la española, con la que, se dijo
coincidentemente, se incentivaría la creación de nuevos empleos productivos
para los jóvenes.
Y al igual
que en España, se abarató el despido, limitándose la indemnización al pago de
un año de salarios caídos en caso que hubiese sido injustificado, con un
interés adicional del dos por ciento mensual; se aprobaron contratos por horas,
con adiciones a prueba y capacitación.
Más
agresiva, la reforma laboral mexicana legalizó la subcontratación u
outsoursing, con el supuesto limitante que esa figura no podrá ser generalizada,
al ser sólo para áreas que no impliquen la especialidad de la empresa.
En este
espacio hemos dado cuenta que BBVA Bancomer -coincidentemente controlado por
inversionistas españoles-, todos sus trabajadores -excepto uno- son contratados
a través de empresas outsoursing, con lo que sólo el año pasado dejó de pagar 2
mil 800 millones de pesos en reparto de utilidades, porque formalmente no son
sus empleados.
El problema
es que la Ley de Instituciones Financiera permite el outsoursing en todas las
áreas, por lo que existe una contradicción de leyes que perjudican a los
trabajadores, al precarizar sus condiciones laborales. Hasta ahora la
Secretaría del Trabajo no ha emprendido ninguna acción para evitar excesos en
la subcontratación.
La banca
mayoritariamente en poder de inversionistas extranjeros, ha implementado
políticas de depredación de prestaciones económicas de sus trabajadores. HSBC,
al seguir el ejemplo de Santander, en enero aumentó los objetivos para los
ejecutivos de cuenta, independientemente que hace un par de años no les pagaba
reparto de utilidades y el servicio médico particular está sujeto a tales
restricciones que en la práctica hace nugatorio ese derecho; mientras Banamex
desde hace años no otorga gasificaciones para evadir el pago de medicina
particular.
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