Los ataques gubernamentales contra las normales rurales se iniciaron justamente en la de Ayotzinapa el 2 de abril (vaya fecha escogida) de 1941 por Manuel Ávila Camacho, presidente rectificador de Cárdenas, y Luis Sánchez Pontón, su secretario de Educación.
“La gran calumnia” contra Ayotzinapa, como la llamó el profesor Hipólito Cárdenas, autor de un libro alusivo, consistió en inventar “faltas a la autoridad y ultrajes a la bandera nacional”, inculpando falsamente a los normalistas de haber sustituido el lábaro patrio por la bandera rojinegra de su huelga estudiantil.
Numerosos alumnos fueron detenidos y acusados de “asociación delictuosa”, “delitos contra la autoridad” y “ultrajes a la bandera”. Las autoridades democráticas, comenzando por el profesor Cárdenas, fueron cesadas y hostilizadas. Se suprimió el consejo técnico, instrumento democrático, y se impuso la separación de las escuelas regionales campesinas de las normales rurales, mutilando así un modelo educativo popular y avanzado.
El caso Ayotzinapa exhibió la ilegalidad del Poder Ejecutivo, la postración del Legislativo y la corrupción extrema del Judicial. El STERM (antecesor del SNTE) dio un giro a la derecha y la izquierda oficialista de entonces (Lombardo Toledano) también se doblegó. Ayotzinapa fue un laboratorio para abrirle cauce a la prensa como un cuarto poder vendido.
Díaz Ordaz dio otro severo golpe a las normales rurales al suprimir el internado para el ciclo secundario y convertir 50 por ciento de ellas en “técnicas agropecuarias”, sin las prestaciones de las primeras.
Ante las agresiones de Fox (El Mexe, Hidalgo) y Calderón-Aguirre (Ayotzinapa), apoyo total a la movilización del 19 de diciembre en defensa de Ayotzinapa y las normales rurales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario