Escándalos en los poderes de la República Victor Flores Olea La Jornada

Siguen apareciendo dislates en los poderes de la Unión, pero ahora se llevó las palmas el Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados. Sus reformas al artículo 24 constitucional, que significan graves cambios al Estado laico y que refuerzan las pérdidas ya efectuadas en la laicidad del Estado. En efecto, es la entrega de espacio político a parte de la jerarquía eclesiástica. Todo indica que la forma y el tiempo de esta decisión fueron realizadas sin la transparencia necesaria y dentro del fast-track que caracteriza ya un buen número de actos de ilegalidad y de conveniencia para ciertos grupos, de los organismos colegiados.

Con tal decisión la Cámara de Diputados se opone no sólo a siglo y medio de laicidad del Estado, y cuando menos a dos siglos de luchas libertarias y antifacciosas, a las que nos han conducido nuevamente los gobiernos del PAN. Pero, no seamos injustos: todos sabemos que también los diputados del PRI, bajo las instrucciones de su precandidato Enrique Peña Nieto (¿también de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo mandato se dio uno de los primeros pasos para mellar gravemente la laicidad del Estado mexicano), del coordinador en la Cámara de la facción priísta Francisco Rojas, quien ha procurado presentar esta reforma al artículo 24 constitucional como inocua. Sin olvidar que los gobernadores del PRI de Coahuila Rubén Moreira (de famoso apellido y muy cercano a Peña Nieto), y César Duarte, de Chihuahua, votaron en favor de la infausta reforma, que mereció la felicitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y que ha sido considerada por expertos y organizaciones no gubernamentales como avance retrógrado y consistente hacia el desmantelamiento del Estado laico.

En cambio, el diputado Agustín Guerrero, del PRD, explicó la oposición del perredismo a esta reforma diciendo “que en el tema del Estado laico y su relación con las iglesias siempre hay una suma cero: lo que ganen éstas (las iglesias) afecta al Estado laico”.

Parecería que en el Senado, que recibirá esta decisión de la Cámara de Diputados, habrá más resistencia y un mejor juicio del que prevaleció en San Lázaro. Eso esperan los mexicanos bien nacidos que conservan las tradiciones liberales y juaristas: pertenece a esta cámara revisora, entre otros, María de los Ángeles Moreno, de cuya claridad política esperamos la mejor influencia dentro del Senado de la República.

Debe subrayarse que entre las propuestas que recientemente produjeron escándalo se cuenta la de Enrique Peña Nieto, probablemente más grave que su ignorancia de los libros y sus autores en la FIL de Guadalajara. Hace unos días declaró que entre sus propuestas estaba “abrir a la inversión privada la paraestatal Petróleos Mexicanos, involucrando todas las áreas e incluyendo la refinación de crudo”. Así, se abriría una gran oportunidad para generar empleos y reactivar la economía: “me parece que si seguimos esperando que sólo Pemex desarrolle la infraestructura y su capacidad productiva de exploración, de producción, de refinación, de petroquímica básica, tendremos que esperar mucho tiempo (...) Estamos perdiendo una ventana de oportunidad para atraer gran inversión de capital que genere empleos y detone el potencial que esta empresa tiene”, indicó Peña Nieto.
Las cuentas son claras: Peña Nieto es un neoliberal consumado y no sabe que la privatización de Pemex simplemente arrojaría una mucha mayor concentración de riqueza, ya que las inversiones que propone generarían sobre todo recursos para el puñado de potentados que hoy manejan las finanzas nacionales y sólo muy indirectamente, y por excepción, servirían de verdad al desarrollo nacional. Estamos otra vez ante una falacia semejante a la que encerraba el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que según sus autores traería prosperidad y trabajo para todos los sectores en México y en realidad sólo lo ha traído para un número limitado de comerciantes, reforzando eso sí la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionó hace apenas dos semanas que “la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años” en los países de esa agrupación, entre los que México se sitúa como uno de los más desiguales, con ingresos 26 veces superiores para 10 por ciento de la población más rica respecto del 10 por ciento de la población más pobre.

Por lo demás, la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, informó que únicamente en México y Honduras, entre los países latinoamericanos, aumentó la pobreza en los dos años recientes, mientras en el resto de la región la miseria tendió a disminuir.

A estos retrocesos históricos, se suma la denunciada contratación de ex funcionarios mexicanos para efectuar trabajos de espionaje en favor de ciertas dependencias estadunidenses: la DEA (combate a drogas), la ATF (alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, y la ICE (inmigración y aduanas). Tal información, obtenida por La Jornada, fue confirmada por mandos de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. No se descarta que funcionarios actuales vendan también sus servicios a distintas agencias estadunidenses.

Un conjunto de muestras más de la subordinación de México a Estados Unidos, bien vista, a lo que parece, por el adelantado candidato a la Presidencia de la República del PRI, Enrique Peña Nieto, que por sus tropezones de precampaña pudiera llegar, sin embargo, desinflado a la recta final.