En un momento de crisis como el que está padeciendo en el país, donde abunda el desempleo, sumada a la crisis económica mundial, resulta absurdo que a los trabajadores se les aumentan sus aportaciones para gozar de la garantía de seguridad social, descontando el 13 por ciento del total de sus percepciones, lo que a todas luces resulta un golpe duro.
Obviamente el poder adquisitivo de los empleados de los poderes públicos decaerá y su efecto se irá reflejando paulatinamente en la economía local, misma que necesita sobre todo la reactivación para poder conservar la planta productiva y las fuentes de empleo.
También se trata de un asunto de justicia, pues el gobierno carga a los trabajadores los desfalcos que se imputan a los directivos del ISSSTEP que administraron en los dos sexenios pasados al organismo y hasta ahora no se ha presentado un estudio sobre la situación financiera real del instituto y el origen de su supuesta precaria situación.
No es, desgraciadamente, el caso poblano aislado de otros en los que se recargan las culpas sobre la población. Están ahí, por ejemplo, los rescates bancarios, carreteros y el pago de deudas de ayuntamientos y gobiernos estatales que siempre son soportados por los ciudadanos.
Ya va siendo hora de que los que más tienen vayan aportando la cuota que les corresponde por las pifias de unos cuantos.
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