Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza Luis Hernández Navarro

 

La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?

Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.
Eso es lo que hace en el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de la enseñanza en México es un proceso que tiene muchas caras. Y la venta de bienes es sólo uno de esos rostros.
La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. Y lo favorece, también, al allanar el camino para la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado.
Punto clave en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Según los promotores de la nueva norma, ésta propiciará que los recursos públicos lleguen a los centros escolares y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. No es así: la legislación deja paso franco para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Lo que se facilita, en realidad, es que se cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.
La autonomía de gestión escolar profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a rascarse con sus propias uñas. Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas, desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales.
Según sus promotores, la reforma busca que, en el marco de esta autonomía, sea la escuela la que administre los rubros de infraestructura y compra de materiales educativos, resuelva problemas de operación básicas y propicie condiciones de participación. Sin embargo, como señala el profesor Luis Hernández Montalvo, el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establecido en 4 de octubre de 1966, ya permite esto.

Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de escuelas chárter, financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso.
Una cara más de la privatización es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados, como principio fundamental de la gestión educativa. En su libro La muerte y la vida del gran sistema escolar estadunidense: cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo llamo el movimiento por la reforma empresarial –dice–, no porque todos quienes lo apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y réditos sobre las inversiones. En contraste, los educadores hablan de currículum e instrucción, desarrollo infantil, pedagogía, condiciones de aprendizaje (como la cantidad de alumnos en cada salón), recursos, condiciones de vida de los estudiantes que afectan su salud y motivación, y relaciones con las familias y las comunidades”.
Uno de los rostros de la privatización es la subrogación y contratación de los servicios educativos, similar a la que el IMSS prohijó a través de lo que Gustavo Leal bautizó como guarderías patito. Mediante este mecanismo de asociación público-privada, se transfiere a agentes privados la realización de obras, estudios, evaluaciones, que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatales. Los negocios hechos (y por hacerse) a su amparo son, como demuestran Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, multimillonarios.
Con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. Los investigadores de la UPN Marcelino Guerra y Lucía Fierro documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia Mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa SC.
Finalmente, otro de los semblantes de la privatización (quedan pendientes de explicar varios) es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado. Por ejemplo, el decreto presidencial de Felipe Calderón para deducir impuestos hasta ciertos montos en las cuotas para educación privada es una forma de transferir recursos a las escuelas privadas. La reforma recién aprobada no dice una sola palabra de este asunto.
Los maestros democráticos tienen razón cuando señalan que la contrarreforma educativa es un paso más en la privatización de la enseñanza. Al oponerse a ella están defendiendo la educación pública.