Malestar social en las
escuelas
Luis Hernández Montalvo
Los acontecimientos de las
últimas semanas ponen de relieve una crisis profunda en la educación pública en
México; que se traduce en un malestar creciente de amplios sectores de
profesores de educación básica y hace evidente el agotamiento de los viejos y
caducos mecanismos de legitimación de las políticas públicas en asuntos que
tienen que ver con la educación y la escuela como espacio de socialización de niños
y jóvenes.
El Pacto “Por México” ha
evidenciado que no bastan los acuerdos cupulares entre el gobierno y los
presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios para darle legitimidad
a las políticas públicas implementadas en el campo de la educación en donde los
profesores reclaman su derecho –y perdonen por la herejía- un derecho elemental a opinar sobre su materia
de trabajo en un país en donde los miembros de la sociedad tienen el sentido de
la democracia más o menos claro y por lo tanto, el gobierno democrático en esta
sociedad debiera garantizarlo a plenitud y sin cortapisas. ¿Por qué entonces se
amenaza con desplantes retóricos de intolerancia?
Hasta ahora, las declaraciones
del señor Secretario de Educación Pública; el señor Emilio Chuayffet y las de
los señores legisladores no solo no son coincidentes sino contradictorias en
asuntos que tienen que ver con debates añejos como las facultades de los tres
niveles de gobierno en materia educativa; sobre las competencias de la
federación y la de los gobiernos locales en lo que se refiere a la
regionalización de los contenidos escolares.
Esta política pretendidamente
uniforme debió haber desaparecido en 1993 con la creación de la Ley General de
Educación; que pretendía establecer con claridad los tres niveles de
competencia entre la federación y los gobiernos locales, la de los gobernadores
y la de los presidentes municipales. Pues bien; conservo una edición de dicho
ordenamiento legal, pero de entonces a la fecha, han ocurrido varias reformas
que no sé en qué medida, dicha Ley sigue siendo vigente. Desconozco también si
durante este tiempo, se editaron de manera masiva las nuevas versiones de la
Ley conforme se fue modificando y reformando.
Luego vino la discusión y la
simulación de debate parlamentario en los congresos locales en la aprobación de
las leyes estatales de educación. Como resultado, tenemos la transcripción literal
de la Ley General de Educación en cada una de las leyes estatales de los estados
de la República sin que estas nuevas leyes den cuenta de las treinta y dos
realidades distintas que ya existían y que se fueron construyendo a lo largo
del siglo XX; pero que también abrieron las puertas para crear otras y recrear
nuevos modelos de “reingeniería administrativa” e implementación de programas y
contenidos de origen regional; más como producto de la presión grupos de
interés político-religioso que del magisterio o de las necesidades propias de
los sistemas educativos estatales. Pongo de ejemplo al estado de Puebla. Es a partir
de 1993 cuando se crea el primer Programa Educativo Poblano 1993-1999; construyéndose
un sistema administrativo paralelo al formulado en la Ley General de Educación
con la creación de las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo;
figura administrativa que no se contempla, ni siquiera en los Consejos de
Participación Social; por cierto, esta figura administrativa es letra muerta en
las escuelas.
En cuanto al intento por imponer contenidos
pretendidamente regionales; no le ha sido fácil a las administraciones de
entonces a la fecha, diluyéndose en escándalos mediáticos y una oposición muy débil,
pero decidida de los maestros. Ejemplo de ello, está el fichero de apoyo
metodológico para primaria “Crecimiento y Plenitud Humana” del Ayuntamiento de
Puebla 1996-1999. ¿Qué quedó de este programa para “educar en valores”? ¿Existen
criterios para formular programas de contenidos regionales en las entidades
federativas? ¿Y la formulación de los “niveles de conciencia” del teólogo
Lonergan en los programas del bachillerato?
¿Por qué entonces los cultísimos diputados y
senadores de la República se escandalizan de que los Congresos locales de Oaxaca
y Guerrero propongan con sus gobernadores y maestros las primeras iniciativas
de Ley Reglamentaria del recientemente reformado Artículo 3º. Constitucional?¿No
debe ser en el hogar y en la escuela con sus maestros a la cabeza donde se
provoquen las primeras acciones y sentimientos democráticos?¿No es más
constructivo el sentimiento de los gobernadores de Oaxaca y Guerrero que las
fieras miradas de los desgastados comentaristas de las televisoras que claman
por la represión policiaca contra los maestros que se sienten amenazados en su
empleo?
¿Port qué las televisoras y editorialistas
de los medios de comunicación en lugar de condenar permanentemente y por sistema a los maestros, les abren sus
micrófonos y las pantallas de sus televisoras a estos hombres y mujeres que
tienen el derecho a defenderse en un país democrático?
¿Por qué en un país democrático,
los educadores deben tomar por asalto los micrófonos de las estaciones de radio
para hacer escuchar su voz?
Dicen algunos académicos con
cierta timidez y desconfianza que la reforma educativa del actual sexenio se
funda en la atención de la escuela, que la escuela cobra especial “centralidad
en el debate académico”; pero, las acciones imponen el miedo y un nuevo y peligroso
silencio entre los educadores. ¿Cómo entender el encarcelamiento de Elba Esther
Gordillo y su sustitución en la obscuridad de las traiciones?
¿En dónde está el programa del
SNTE: “En defensa de la Escuela Pública” y sus movilizaciones de fin de semana?¿Dónde
quedó la moralidad de los dirigentes sindicales del SNTE?¿A quién representan y
qué representan en esta sociedad democrática?¿Y los educadores mexicanos se
dejarán doblegar por el miedo y el silencio cómplice?¿Todos somos cínicos?
Dicen los soberbios líderes
políticos que esta es la reforma que resolverá los grandes problemas acumulados
durante un siglo de vicios y políticas educativas sexenales inconclusas e
incumplidas, que es la reforma “de gran calado” que requiere la República y la
escuela para modernizar al país y por eso, desde su escritorio de poder, no
aceptan los cuestionamientos de los desarrapados profesores de educación
básica; por eso y por otras razones; el
señor Secretario de Educación Pública, con el poder que le da el dinero público
de los contribuyentes pagó los servicios de un grupo de asesores para que le
entregara una relación de los 450 mejores maestros de México a los que les
envió una carta para invitarlos a opinar; dice que ya le contestaron 250.
Y cuándo estas burocracias administrativa
y pedagógica de recambio sexenal abandonen su escritorio de privilegios sin
medida; ¿A quién le reclamaremos la ineficacia de sus discursos autoritarios y
amenazantes? ¿A quién haremos responsable de tanta destrucción de la educación
pública y de la planta docente construida por generaciones de educadores por
casi dos siglos?
Antes de seis años, cuando esta “Reforma
de gran calado” intente iniciar sus primeros programas, estaremos ante los preparativos
de una nueva campaña electoral en la que el tema de la educación pública se
convertirá en un producto retórico de recambio sexenal y para entonces, si el
señor Emilio Chuayffet logra sobrevivir al sexenio, es probable que ya sea
candidato a Diputado o a Senador de la República. ¿Y la Educación Pública? ¿Y
la centralidad de la Escuela Pública? (07-05-2013)
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