ONG pide a la Corte la liberación inmediata del docente Alberto Patishtán, casi ciego por falta de atención médica

ONG piden a la Corte la liberación inmediata del docente

Alberto Patishtán, casi ciego por falta de atención médica

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Sábado 22 de septiembre de 2012, p. 16

Mientras el gobierno federal mantiene en el limbo la liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez en el penal de San Cristóbal de las Casas, el gobierno de Chiapas sigue incumpliendo con su obligación de proporcionar atención médica a este importante preso de conciencia, por lo cual éste ha perdido la visión casi por completo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) manifestó indignación por la ineficiente actuación del Estado mexicano ante el preso político (tras 12 años en la cárcel, la defensa ha demostrado su inocencia, como reconoció el gobernador Juan Sabines Guerrero hace un par de años) quien ha denunciado su situación de salud en incontables ocasiones. El Estado ha obstruido la atención médica pertinente, adecuada y eficaz, denunció el organismo.

En días pasados, un oftalmólogo de confianza del docente, activista de los derechos humanos y adherente de la otra campaña le practicó nuevos estudios de campos visuales, valoró la pérdida progresiva de su agudeza visual y encontró una grave discapacidad, ya que ha perdido 90 por ciento de la función. El especialista sostuvo que el padecimiento no es oftalmológico, sino un problema que debe ser atendido de forma urgente por un neurocirujano.
Patishtán ya no puede realizar sus actividades cotidianas. En un testimonio indica: Desde el 6 de septiembre no sólo he sentido que se me cierra la visión por los lados, siento como si se estuvieran fundiendo las luces. La semana anterior, añade, “ya no pude leer la Biblia ni pude ver el teclado con el cual acompaño los cantos de las celebraciones (pues es ministro de Eucaristía en el penal). Ya tampoco puedo escribir”.
El Frayba apunta que en 2010, tras una revisión superficial, un médico institucional diagnosticó erróneamente glaucoma. Ese mismo año estuvo internado seis meses en el hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, sin haber sido atendido de manera profesional ni eficaz. Se trató, de hecho, de una medida propagandística del gobierno de Chiapas para aparentar que cumplía sus obligaciones.

En mayo de 2011, las autoridades tuvieron conocimiento de que el patrón de pérdida campimétrica orientaba más hacia una atrofia óptica descendente que al diagnóstico de glaucoma. Se le hizo una tomografía cuyo resultado se ocultó al médico que lo atendía. Luego con motivo de su traslado forzado y arbitrario a un Cefereso en Sinaloa, no se dio seguimiento a la atención médica iniciada. Ante las denuncias de Patishtán, se le realizaron estudios y se le diagnosticó, erróneamente otra vez, neuropatía óptica isquémica.
El Frayba exige al gobierno que cumpla con la medidas cautelares otorgadas este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que las adopte sin dilación.

Petición a la Corte

En tanto, dentro de la cuarta etapa de la campaña mundial por la libertad de Patishtán y de Francisco Santiz López, base de apoyo del EZLN, se dio a conocer una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demandando su libertad inmediata. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que suscriben la petición exponen que con motivo de la sentencia de 60 años de prisión impuesta al profesor indígena, solicitamos al máximo tribunal que admita la interposición del incidente de reconocimiento de inocencia presentado por la defensa.

Los suscritos consideran que por el interés que ha irradiado este asunto a escala nacional e internacional, se pueden fijar criterios trascendentes e innovadores a partir de las interpretaciones recientes sobre el alcance de las garantías plasmadas en la Carta Magna y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que ha venido desarrollando el Poder Judicial a la luz del paradigma de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.