Herida de muerte José Blanco

 

Así encabezó La Jornada la postura de la CNTE sobre la reforma educativa. La que en verdad está herida de muerte es la educación misma. Una de las causas de la herida se llama CNTE, junto con las pandillas que han dirigido el SNTE. Lo hemos escrito mil veces, esas pandillas no se inventaron a sí mismas, fueron una hechura de los gobiernos de la revolución, a partir de los años sesenta.

La crispación de los profesores y sus acompañantes debido a algo inexistente llamado reforma educativa continúa creciendo. Si el pragmatismo político conduce la agitación magisterial a congelar la reforma constitucional y a dejar sin funciones al INEE, se habrá dado un tajo de muerte, para muchas décadas, no sólo a la educación sino al futuro del país mismo, de la peor de las maneras: sacrificando a generaciones y generaciones de niños y jóvenes mexicanos.

Una gran cantidad de las acusaciones que los quejosos hacen de la reforma, son falsas de toda falsedad. La reforma al artículo 73 les tiene sin cuidado a los quejosos, aunque no lo dicen. El asunto es el tercero. No tengo espacio para reproducirlo, pero el corazón de esa reforma dice, que para el diseño de lo que sería propiamente la reforma: el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. No hay aún ley que señale cómo se haría tal consulta, aunque se dice que ya hay ¿dos?, ¿tres?, proyectos de ley reglamentarias del tercero y el 73, lo que de suyo aparece ya como un dato irritante.

Lo que repudian los quejosos: La educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos…; adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Aquí está el centro del problema: ¿concursos de oposición?, ¿evaluación periódica, para la permanencia, la promoción y el reconocimiento?, ¿mejoramiento constante de los docentes? ¡No pasarán! Alegan en contra los quejosos los derechos adquiridos, que en lengua del nacionalismo revolucionario, se llaman conquistas históricas. Lo de menos es que aún no exista una ley reglamentaria que diga cuáles son los criterios, las condiciones y términos de las evaluaciones, están en contra, sean cuales sean.

Bien, una buena educación exige el mejoramiento constante de los educadores, concursos de oposición y evaluación periódica para la permanencia, la promoción y el reconocimiento. ¿Esto es contrario a las conquistas históricas? Sin duda: es contrario.

El país, especialmente la llamada clase política, está en la obligación de tomar una decisión: ¿estaremos para siempre como hemos estado: cada vez de mal en peor?, o nos hacemos cargo de los cambios del mundo en materia educativa. En otros términos, la regulación de la materia laboral no puede seguir siendo la misma que ha sido y requiere muchas y muy difíciles adaptaciones. No todas las actividades pueden estar sujetas al mismo régimen en que hemos vivido. Un profesor en una escuela, como un médico un hospital, no pueden tener conquistas históricas: tienen que permanecer como profesionales competentes, lo cual exige su capacitación y evaluación permanentes.

La educación está herida de muerte: han infligido este daño los sucesivos gobiernos priístas y panistas, a partir de los años sesenta. Es decir, no estamos frente a nada nuevo, por el contrario, es una historia vieja, de corrupción y delincuencia (incluyendo asesinatos), una enseñanza de pésima calidad, y empeorando.

Probablemente el mejor secretario de educación que ha tenido este país fue Jaime Torres Bodet. En su segundo periodo (1958-1964) al frente de la SEP destacan el plan de 11 años y los libros de texto gratuitos. Los datos con que se encontró son estos: había en el país 7.7 millones de niños entre seis y 14 años, de los cuales 4.4 millones asistían a alguna escuela paupérrima, que tenía una miserabilísima eficiencia terminal de 16 por ciento, mientras la población aumentaba a una tasa anual de 3.4 por ciento. Una sociedad con mayorías de parias. Torres Bodet buscó alcanzar al menos una tasa efectiva de eficiencia terminal de 38 por ciento. No podía conseguirlo.

Pero en paralelo, creció la mafia del SNTE: 1949-1972, líder y líder moral, Jesús Robles Martínez; 1972-1989, líder y líder moral: Carlos Jonguitud Barrios; 1989-2013, líder, líder moral, presidenta: Elba Esther Gordillo.

Al término de la gestión de Torres Bodet, comenzó la privatización de la escuela elemental –¡no ahora!– mediante una política clasista que perdura hasta la fecha: abandonar a su suerte, es decir, al SNTE, a la educación pública, mientras la privada prosperaba, a la que asistían los hijos de una clase rica, cada vez más numerosa y cada vez más rica, en una sociedad con creciente concentración del ingreso. Muchas de sus escuelas fueron cada vez mejores.