Río+20 se desarrolla en una coyuntura global de crisis. No
sólo asistimos a las consecuencias económicas, sociales y
ambientales de la crisis del capitalismo financiero en su
fase neoliberal, sino a una crisis de mayor magnitud que
evidencia los problemas intrínsecos al sistema actual, y
que afectam esferas esenciales de la vida y se expresa
en diversos fenómenos locales, regionales y mundiales.
Aunque las miradas de los analistas y de la opinión
pública se han focalizado en Europa y Estados Unidos,
la coyuntura manifiesta señales de agotamiento global y
cada vez mas se presentan demandas por alternativas para
la humanidad y el planeta.
Si bien los organismos financieros multilaterales priorizan
un análisis económico de la crisis, proponiendo las mismas
políticas de ajuste estructural centradas en la disminución
del gasto de los Estados, las organizaciones de la sociedad
civil y movimientos sociales han alertado acerca de la
complejidad de crisis por las que atravesamos.
La coyuntura presenta múltiples aristas problemáticas,
pero una de las más importantes corresponde a la crisis
de orden político global, porque no existe un espacio
democrático internacional que permita tomar decisiones
a problemas que son de dimensión global y de efectos
diferenciados a nivel local; lo que ha primado en los
espacios tradicionales de discusión son los intereses
particulares de algunos estados, corporaciones y
bancos, bajo los intereses del capital. Esta situación es
preocupante, toda vez que supone el debilitamiento del
multilateralismo para la toma de decisiones colectivas
sobre problemas globales.
En medio de este contexto, se ha presenciado la emergencia
de nuevos procesos de movilización y participación
ciudadana, con una explosión de movimientos sociales
activos frente a situaciones de violación de derechos
humanos y de catástrofes medioambientales que, cada
vez más, se posicionan como factor de incidencia y
cambio en la política de algunos países. Estos nuevos
actores internacionales están llevando el debate sobre
las formas institucionales del sistema democrático,
a puestos prioritarios de las agendas nacionales.
Existen movimientos orientados a desarrollar procesos
auto-constituyentes, iniciativas populares de ley y la
refundación de los sistemas democráticos para hacerlos
más inclusivos y participativos.
Lo inédito de esta coyuntura es, precisamente, la fuerza
movilizadora de estos movimientos ciudadanos, al punto
que están disputando la recomposición de lo Público y
de la agenda política global, dinamizando y politizando
el debate acerca de las posibilidades de transitar hacia
sociedades sustentables en sus dimensiones ambiental,
social, económica y con responsabilidad global.
Los movimientos ciudadanos se han expresado de
diversas maneras, impactando de manera sustantiva el
reacomodo de la política de varios países y regiones:
sea por las reivindicaciones por los derechos humanos
y la democratización, la indignación por el desempleo
y la exclusión de sectores importantes de la población
de los servicios sociales básicos, el descontento de los
ciudadanos-as con los modos existentes de organizar
la política democrática, la movilización estudiantil por
una educación pública gratuita universal o las luchas
de organizaciones ecologistas contra Estados y grandes
corporaciones depredadoras del medio ambiente. Como
tal, el movimiento ciudadano global enfrenta desafíos de
corto y mediano plazo de gran alcance ético y político.
1. La coyuntura actual: complejidad de crisis, diversidad
de sujetos y los desafíos de una agenda estratégica
crisis global es también una crisis de la educación –
asumida como educación a lo largo de la vida – de su
contenido y su sentido, pues gradualmente ha dejado
de concebírsele como un derecho humano y se le ha
convertido en el medio privilegiado para satisfacer las
necesidades de los mercados, demandantes de mano
de obra para la producción y el consumo. No sólo se
ha claudicado en la formación de personas capaces de
pensar los importantes problemas políticos, ambientales,
económicos y sociales de orden global, sino que además
la Educación ha sido despojada de su profundo contenido
político y, particularmente, de su potencial para formar
ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar un orden
económico y social diferente en el que se pueda superar
el complejo de profundas crisis que vivimos, que se
manifiestan en crecientes desigualdades y discriminaciones
y en la ausencia de dignidad y justicia. A ello ha venido
contribuyendo a lo más ricos enfoques como la Educación
Popular, por su potencial transformador de sujetos sociales
y grupos organizados.
Resulta fundamental resignificar nuevamente los fines
y prácticas de la educación, en el particular contexto
de disputa de sentidos, caracterizado a la vez por la
subordinación mayoritaria de las políticas públicas
al paradigma del capital humano, y en contravía, la
emergencia desde el movimiento social, de paradigmas
alternativos que buscan restituir el carácter de derecho y
de proyecto ético y político a la práctica educativa.
Si en el contexto actual, la finalidad de la educación es
producir mano de obra para la producción y el consumo,
entonces ¿quién va a formar ciudadanos-as? El capital
humano reduce las capacidades humanas a la función
de producir mayor riqueza en las condiciones sociales
existentes, que implican grandes desigualdades. Las
y los ciudadanos, por el contrario, tienen el deber
de cuestionar dichas condiciones cuando producen
injusticia, discriminación, envilecimiento, y ponen en
riesgo la vida en el planeta. En este sentido, es urgente
rescatar la noción de Educación como derecho humano,
en sus dimensiones formal, no formal e informal, abrir
su mirada a la democratización de las sociedades para
formar ciudadanías críticas, capaces de vincularse a
movimientos que reclamen una transformación del orden
social, con miras a una mayor justicia social y ambiental,
con la intención de entender y discutir soluciones a los
problemas de escala planetaria.
El tema del desarrollo de una “subjetividad” crítica
resulta un aspecto central en la construcción de una
pedagogía ciudadana en la actual coyuntura. Se trata
de restablecer un sentido emancipador de los procesos
de empoderamiento, entendidos como el desarrollo de
recursos de la comunidad para hacer política, generar
conocimientos, potenciar los saberes y aprendizajes que
se producen en las luchas democráticas, y que precisan
liderazgos inclusivos, organizaciones participativas,
alianzas con organizaciones democráticas de la sociedad
civil y la permanente y necesaria “ponderación radical-pragmática” (inédita-posible, diría Paulo Freire) en la
definiciones de acuerdos, consensos y asociatividad entre
la diversidad de actores que participan de la política.
Todo esto implica un giro político y cognitivo, un cambio
paradigmático en la manera de entender la educación, una
apertura a nuevos puntos de vista sobre los fines sociales,
como los del buen-vivir, el de los bienes comunes, el de
la ética del cuidado, entre otros, sobre los cuales debe
abrirse un gran espacio de discusión y socialización en el
camino hacia Río+20 y más allá, y afirmados en el sentido
de una educación para el cambio y la transformación
personal y social.
Estos nuevos paradigmas y puntos de vista no sólo
deben ser mapas para moverse en los nuevos contextos,
sino también hojas de contenido consecuentes con las
finalidades que buscamos como movimiento ciudadano
capaz de involucrar a los distintos actores del proceso
educativo, como las trabajadoras y trabajadores de la
enseñanza, los y las estudiantes, los padres y las madres de
familia, y más ampliamente a todos y todas las ciudadanas
y ciudadanos que precisan y pugnan por un cambio
profundo en la educación, para generar un cambio radical
en la sociedad hacia mayor justicia social y ambiental.
Todo ello es consistente con la concepción liberadora de la
educación popular, que se nutre de múltiples experiencias
pedagógicas para formar otra ciudadanía.
El cambio paradigmático en educación, como condición
para avanzar hacia sociedades sustentables, con justicia
social y ambiental, donde la economía sea un medio
para ello y no un fin en sí misma, debe suponer un
cambio en los enfoques tecnicistas y economicistas de
las políticas educativas vigentes. Es preciso reivindicar
el derecho a aprender “durante toda la vida”, consigna
que no debe entenderse como la expresión de un tipo de
2. La educación que queremos y la complejidad del presente
capacitación permanente para satisfacer las necesidades
de los mercados y los requerimientos de las viejas y
nuevas industrias.
Este planteamiento, sobre la educación que queremos,
parte de construir múltiples “educaciones” en sus
dimensiones formal, informal y no formal, para desarrollar
capacidades humanas, incluyendo las capacidades
cognitivas, de empoderamiento y participación social, de
convivir con otros-as en la diversidad y la diferencia, de
cuidar y planificar la propia vida, de convivir entre seres
humanos en armonía con el medio ambiente.
Una educación pertinente, relevante, transformadora,
crítica, debe tener como fin máximo la promoción de
la dignidad humana y la justicia social y ambiental. La
educación, derecho humano promotor de los demás
derechos, debe asumir a niños, niñas, jóvenes y
personas adultas como sujetos del derecho, promover la
interculturalidad, la igualdad, la equidad de género, el
nexo entre ciudadanía y democracia, el cuidado y relación
armónica con la naturaleza, la eliminación de toda
forma de discriminación, la promoción de la justicia y la
construcción de una cultura de paz y de resolución no
violenta de los conflictos.
La educación que queremos, requiere promover
estratégicamente una educación que contribuya a una
redistribución social de los conocimientos y del poder
(tomando en cuenta el género, la raza-etnia, la edad,
la orientación sexual), que potencie el sentido de
autonomía, solidaridad y diversidad que expresan los
nuevos movimientos sociales.
Se trata de promover una educación crítica y transformadora
que respete los derechos humanos y los de toda la
comunidad de vida a la que pertenece el ser humano, que
promueva específicamente el derecho a la participación
ciudadana en los espacios de toma de decisión, como por
ejemplo la Conferencia de Río+20.
3. Frente a río+20
Río + 20 no puede convertirse en una instancia para
promover el desarrollo económico a expensas de los
derechos humanos y de la vida misma. El movimiento
de educación va a estar allí presente al lado de otros
movimientos sociales para levantar la bandera de la
justicia social y ambiental y de la dignificación del ser
humano y de la vida. Estará presente también defendiendo
la educación como un derecho humano fundamental,
cuya finalidad es la transformación de los patrones de
producción, consumo y distribución del actual sistema,
con miras a lograr mayor justicia social y ambiental.
Para algunos sectores, Río+20 es una oportunidad
para “enverdecer” la salida capitalista de las crisis,
intentando humanizarla, y para hacer un llamamiento a
la responsabilidad social y ambiental de las empresas.
Con eso, se quiere establecer acuerdos “en la medida de
lo posible” ante el cambio climático y demás crisis, para
promover ajustes sin que se cuestione o que se ponga en
riesgo el paradigma en que se sostiene el status quo.
En el proceso preparatorio de esta cumbre mundial,
hemos visto muchas expresiones de estas tendencias que
niegan el valor central de los derechos humanos y borran
la responsabilidad que ha tenido el modo de desarrollo
capitalista en la generación de la multiplicidad de crisis
que vivimos. Desde una mirada crítica y cualitativamente
diferente entendemos que Río+20 debe ser un proceso
que amplifique la movilización neo paradigmática, para
avanzar hacia sociedades integralmente sustentables con
justicia social y ambiental, capaces de responder a las
necesidades de los seres humanos y sus comunidades,
habitando el planeta de manera armónica con las lógicas
de la vida en la tierra (nuestra casa común) y generando
un nuevo modo de entender la convivencia, la diversidad
y la solidaridad en cuanto condiciones políticas y éticas
para un orden social realmente democrático.
Para ello es preciso avanzar en un sentido crítico y
establecer coordenadas alternas, tales como entender
los procesos sociales desde una óptica de complejidad
en los cuales concurren diversas matrices de necesidades
humanas, el desarrollo de capacidades tanto cognitivas,
como afectivas, organizativas, convivenciales y de
“cuidado”, y un repertorio amplio de formas de organizar
las acciones colectivas. Así mismo, es necesario concebir
la Política como una práctica que se expresa en acciones
colectivas y democráticas, y de cuyo desarrollo surgen
saberes que se diseminan entre organizaciones y
movimientos ciudadanos de todo tipo, y particularmente
entre sus bases, constituyendo un empoderamiento de la
ciudadanía frente al orden político, y una repolitización
de lo Público. Es preciso también, desarrollar una teoría
política que redimensione la democracia como un espacio
humano deliberativo, de proximidad, igualitario, en sus
relaciones de género-raza-etnia-generaciones, orientación
sexual “des-patriarcalizado” y “des-colonizado”, fecundado
por la práctica del reconocimiento, la reciprocidad y el
respeto a las diversas formas de ser-con-otros-as, de vivir
la sexualidad y de habitar el “mundo de la vida”.
Desarrollar itinerarios político- pedagógico en función
de las necesidades insatisfechas de las poblaciones y
de los requerimientos de sustentabilidad de territorios
concretos, a partir de las culturas propias, de las
economías locales y de una relación más justa con
los mercados globales, de sus estructuras propias del
empleo, de las capacidades de carga de sus eco-sistemas,
que permitan llegar a construir el bien-estar humano en
armonía con la vida y la madre tierra.
Por estas razones los movimientos sociales que están
reclamando un cambio profundo con miras a construir
sociedades más justas y más capaces de coexistir con la
vida en el planeta, se expresarán de manera categórica en
la Conferencia de Rio+20 y en la Cumbre de los Pueblos,
llevando entre otros, el mensaje de que la afirmación
y realización del derecho a la educación, así como del
núcleo más integral y amplio de derechos, es una condición
ineludible para poder construir un mundo en el que se haga
realidad la dignificación de la vida, un mundo en el que
valga la pena, y a la vez, sea posible, vivir.
campaña Latinoamericana por el derecho a la educación (cLade)
Red de organizaciones de la sociedad civil que actúa en pro del derecho a una educación pública y gratuita para todas las personas,
de responsabilidad del Estado y por la implantación de un nuevo modelo de desarrollo que responda al buen vivir, a la justicia social,
a la dignidad humana y a la relación armónica con el medio ambiente en los países de América Latina y el Caribe.
http://www.campanaderechoeducacion.org
consejo de educación de adultos de américa Latina (ceaaL)
Red de organizaciones no gubernamentales con presencia en 21 países de América Latina y El Caribe, que desde la corriente de la educación
popular trabaja a favor de la transformación democrática de nuestras sociedades, la conquista de la paz y los derechos humanos.
http://www.ceaal.org
consejo Internacional de educación de personas adultas (Icae)
Establecido en 1973, es la principal red global que promueve la educación y el aprendizaje de personas jóvenes y adultas y realiza
tareas de incidencia por el derecho a la educación de todas las personas. Brinda apoyo y funciona como enlace para la cooperación y
la solidaridad entre redes nacionales y regionales. Al mismo tiempo que apunta al fortalecimiento institucional de ONGs en el campo
del Aprendizaje de Personas Jóvenes y Adultas –en conformidad con los objetivos 3 y 4 de la EPT (Educación para Todos/as)- juega
un papel fundamental en los procesos de desarrollo en el Sur. ICAE mantiene relaciones asociativas formales con la UNESCO y estatus
consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
http://www.icae2.org
Facultad Latinoamericana de ciencias sociales (Flacso)
Creada en 1957, por los Estados latinoamericanos por iniciativa de la UNESCO, la FLACSO es un organismo internacional,
intergubernamental, regional y autónomo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay, con el propósito de desarrollar la
docencia de posgrado, la investigación y la cooperación científica y la asistencia técnica en Ciencias Sociales Aplicadas,
con miras a fomentar el desarrollo regional.
http://www.flacso.org.br/portal/
Foro Mundial de educación (FMe)
Movimiento por la ciudadanía planetaria y por el derecho universal a la educación. Espacio de constante diálogo entre todas y to
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