PRONUNCIAMIENTO ÉTICO DE IGLESIAS, ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE FE
Frente al Proceso Electoral 2012
Nuestra nación atraviesa momentos de dolor y desesperanza ante la inseguridad y la violencia que
padecemos quienes habitamos en ella. Ante esta situación, declaramos que México vive una
situación de emergencia nacional marcada por la pobreza extrema, las muertes, desapariciones
forzadas, feminicidios, la violación sistemática a los derechos humanos, la corrupción e impunidad
de las autoridades y la falta de garantías de acceso a la justicia.
Es imperativo que todas y todos reconozcamos esta alarmante situación, y de manera especial
quienes hoy aspiran a gobernar el país, para que asuman junto con toda la sociedad mexicana su
responsabilidad en la necesaria reconstrucción de la paz y la justicia social.
Por ello, con la fe y esperanza que nos animan en este momento de dolor, hacemos un llamado a
las y los candidatos a ocupar los poderes ejecutivo y legislativo de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) a que, asumiendo un proceso electoral transparente, participativo y
democrático, se comprometan a:
1. Proteger, respetar y garantizar la vida digna de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos,
generando las máximas condiciones para el ejercicio de los derechos humanos integrales desde
principios éticos que posibiliten vivir una vida con altura humana y poniendo un especial acento
en la escucha, reconocimiento y atención a las demandas de las víctimas de la injusticia, la
violencia, la exclusión y la discriminación en todas sus modalidades.
2. Promover una política de Estado que garantice la progresividad de los derechos humanos,
generando las condiciones necesarias para establecer un nuevo pacto social fundado en la
justicia, la equidad, la solidaridad y la paz, mediante la reforma estructural de las instituciones
del Estado.
3. Fortalecer y garantizar la laicidad del Estado como principio fundamental que establece las
condiciones de un trato igualitario a las personas indistintamente de sus creencias,
convicciones, sexo, raza, género u orientación sexual. La dignidad humana exige que se respete
por igual la libertad de conciencia y la libertad de toda persona a tomar sus propias decisiones, y
el Estado laico, desde un espacio imparcial, posibilita el ejercicio pleno de estos derechos. La
laicidad al reconocer y respetar la diversidad y pluralidad política, social y religiosa que se vive
en nuestro país, sienta las bases para la convivencia pacífica en armonía y sin discriminación.
4. Reforzar mecanismos efectivos de promoción de la participación, acceso a los espacios de
poder y decisión de todas las mujeres y en particular aquellas sistemáticamente excluidas.
Promover políticas públicas desde una perspectiva de género y de derechos humanos que
garanticen el pluralismo y la diversidad, particularmente en lo concerniente a la salud de todas
las mujeres.
5. Garantizar el acceso y permanencia de una educación integral, gratuita y de calidad, científica,
laica, que no refuerce la discriminación ni la violencia en especial hacía grupos excluidos:
mujeres, indígenas, de la diversidad sexual, minorías religiosas; que genere oportunidades
reales de desarrollo y que respete y promueva valores democráticos tales como el respeto, la
fraternidad, la corresponsabilidad, la justicia social, la paz, la tolerancia y la inclusión.
6. Implementar un nuevo modelo de desarrollo que fomente transformaciones socioculturales y
productivas tendientes a erradicar los rezagos sociales manifestados en el desempleo, bajos
salarios, carestía, abandono del campo, despojo de tierras, devastación ambiental, pérdida de
soberanía alimentaria y migración forzada.
7. Hacer cambios radicales en la equivocada política de gobierno que ha militarizado el país y
generado un clima de violencia extrema. Establecer con especial urgencia, las medidas
necesarias para la paulatina desmilitarización del país y su reconstrucción desde una paz con
justicia, para que se resuelva y esclarezca esta situación de violencia que en sus múltiples
manifestaciones vive el país, yendo a las raíces estructurales de índole económica, política,
social, cultural que la generan.
Como iglesias, organizaciones y personas de fe manifestamos nuestro firme compromiso de vigilar
y coadyuvar el cumplimiento de estas inaplazables demandas éticas y convocamos a toda la
sociedad a que se sumen a esta tarea para un cambio de rumbo inaplazable para nuestro país.
FIRMAS Luis Hernández Montalovo,
Frente al Proceso Electoral 2012
Nuestra nación atraviesa momentos de dolor y desesperanza ante la inseguridad y la violencia que
padecemos quienes habitamos en ella. Ante esta situación, declaramos que México vive una
situación de emergencia nacional marcada por la pobreza extrema, las muertes, desapariciones
forzadas, feminicidios, la violación sistemática a los derechos humanos, la corrupción e impunidad
de las autoridades y la falta de garantías de acceso a la justicia.
Es imperativo que todas y todos reconozcamos esta alarmante situación, y de manera especial
quienes hoy aspiran a gobernar el país, para que asuman junto con toda la sociedad mexicana su
responsabilidad en la necesaria reconstrucción de la paz y la justicia social.
Por ello, con la fe y esperanza que nos animan en este momento de dolor, hacemos un llamado a
las y los candidatos a ocupar los poderes ejecutivo y legislativo de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) a que, asumiendo un proceso electoral transparente, participativo y
democrático, se comprometan a:
1. Proteger, respetar y garantizar la vida digna de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos,
generando las máximas condiciones para el ejercicio de los derechos humanos integrales desde
principios éticos que posibiliten vivir una vida con altura humana y poniendo un especial acento
en la escucha, reconocimiento y atención a las demandas de las víctimas de la injusticia, la
violencia, la exclusión y la discriminación en todas sus modalidades.
2. Promover una política de Estado que garantice la progresividad de los derechos humanos,
generando las condiciones necesarias para establecer un nuevo pacto social fundado en la
justicia, la equidad, la solidaridad y la paz, mediante la reforma estructural de las instituciones
del Estado.
3. Fortalecer y garantizar la laicidad del Estado como principio fundamental que establece las
condiciones de un trato igualitario a las personas indistintamente de sus creencias,
convicciones, sexo, raza, género u orientación sexual. La dignidad humana exige que se respete
por igual la libertad de conciencia y la libertad de toda persona a tomar sus propias decisiones, y
el Estado laico, desde un espacio imparcial, posibilita el ejercicio pleno de estos derechos. La
laicidad al reconocer y respetar la diversidad y pluralidad política, social y religiosa que se vive
en nuestro país, sienta las bases para la convivencia pacífica en armonía y sin discriminación.
4. Reforzar mecanismos efectivos de promoción de la participación, acceso a los espacios de
poder y decisión de todas las mujeres y en particular aquellas sistemáticamente excluidas.
Promover políticas públicas desde una perspectiva de género y de derechos humanos que
garanticen el pluralismo y la diversidad, particularmente en lo concerniente a la salud de todas
las mujeres.
5. Garantizar el acceso y permanencia de una educación integral, gratuita y de calidad, científica,
laica, que no refuerce la discriminación ni la violencia en especial hacía grupos excluidos:
mujeres, indígenas, de la diversidad sexual, minorías religiosas; que genere oportunidades
reales de desarrollo y que respete y promueva valores democráticos tales como el respeto, la
fraternidad, la corresponsabilidad, la justicia social, la paz, la tolerancia y la inclusión.
6. Implementar un nuevo modelo de desarrollo que fomente transformaciones socioculturales y
productivas tendientes a erradicar los rezagos sociales manifestados en el desempleo, bajos
salarios, carestía, abandono del campo, despojo de tierras, devastación ambiental, pérdida de
soberanía alimentaria y migración forzada.
7. Hacer cambios radicales en la equivocada política de gobierno que ha militarizado el país y
generado un clima de violencia extrema. Establecer con especial urgencia, las medidas
necesarias para la paulatina desmilitarización del país y su reconstrucción desde una paz con
justicia, para que se resuelva y esclarezca esta situación de violencia que en sus múltiples
manifestaciones vive el país, yendo a las raíces estructurales de índole económica, política,
social, cultural que la generan.
Como iglesias, organizaciones y personas de fe manifestamos nuestro firme compromiso de vigilar
y coadyuvar el cumplimiento de estas inaplazables demandas éticas y convocamos a toda la
sociedad a que se sumen a esta tarea para un cambio de rumbo inaplazable para nuestro país.
FIRMAS Luis Hernández Montalovo,
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