POSICIONAMIENTO DEL DIP. MIGUEL ALONSO RAYA EN EL DICTAMEN A LA MINUTA DE LEY DE HIDROCARBUROS

La reforma constitucional en materia de energía publicada el 20 de diciembre de 2013 es un acto que revierte dos de las decisiones más transcendentales de la historia independiente de nuestra Nación: la expropiación petrolera decretada por Presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1934 en beneficio del pueblo de México, la clase trabajadora, la soberanía y el desarrollo nacional, y la nacionalización de la industria eléctrica por el Presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960 para que sus beneficios llegaran a los “hogares de todos” y a favor de la industrialización de México.

Con la reforma, se pone al servicio del capital todas las actividades relacionadas con la industria petrolera y eléctrica, las tierras, el agua, el subsuelo y el aire, sin consideración de los derechos de propiedad pública y social, la sustentabilidad ambiental, e incluso la salud de la población.

Al cederse a particulares funciones, facultades y responsabilidades exclusivas del Estado mexicano, se reduce su capacidad de dominio y control sobre recursos y bienes estratégicos, fundamentales para la economía y el bienestar social.

Se instaura un modelo basado en la explotación acelerada del petróleo y el gas natural, que agota el patrimonio no renovable en favor de las transnacionales y de los intereses energéticos y geoestratégicos del país vecino, y socava la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. La reforma deja en letra muerta los principios de soberanía, independencia y seguridad nacional.

El argumento central de la política de privatización es que deben suprimirse empresas públicas, abrirse áreas exclusivas y prioritarias a la inversión extranjera, nacional e internacional. No obstante, los resultados de esta política están a la vista: la economía ha crecido 1.97 por ciento promedio; el 60 por ciento de los empleos se crean en la informalidad; los salarios han perdido el 70 por ciento de su valor real; México es el único país en América Latina en que la pobreza ha crecido en las últimas dos décadas y es el que registra la mayor desigualdad del ingreso en todos los países de la OCDE; se han incrementado la violencia, la falta de oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, la migración forzosa y el abandono del campo. Se mantiene un gobierno en que prevalece la corrupción y el despilfarro.

La reforma es incongruente con la necesidad de modernizar el sector energético y convertirlo en palanca del desarrollo, empleos, ingresos para la inversión productiva, de respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y a las comunidades. Tampoco se avanza en la transición energética y generación de tecnologías y energías limpias y sustentables.

Con las minutas y las iniciativas turnadas a esta Cámara:

—   Se institucionaliza la explotación del petróleo y la electricidad por particulares a costa de que la Nación pierda ingresos que han servido para educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico.

—   Se deja a los privados la venta de servicios esenciales como los combustibles y electricidad, lo que de ninguna manera reducirá los precios del gas, electricidad, gasolinas y transportes.

—   Con el régimen laxo de contratos que se pretende imponer, se perpetuará el control de empresas trasnacionales, enajenando la propiedad y la soberanía del país sobre sus recursos naturales.

—   Con la aprobación de la “ocupación temporal” y de la “servidumbre legal” se abrirán litigios que conducirán al despojo de tierras ejidales, comunales, indígenas y pequeña propiedad, en favor de empresas privadas con contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

—   Se sientan las bases para desmantelar a Pemex y a CFE, empresas que por más de siete décadas han sido estratégicas para la industrialización y el desarrollo del país.

—   En el caso de Pemex se mantiene el régimen fiscal de derechos que le impidió destinar recursos para su expansión, mejoras tecnológicas y ampliación de su infraestructura.

—   CFE tenderá a desaparecer porque se decreta su fragmentación, dejando al sector privado el segmento rentable del mercado.

—   Se crea un régimen laboral de excepción en que los trabajadores no podrán ejercer derechos elementales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país. El despido y la pérdida de derechos que pende sobre las cabezas de miles de trabajadores serán el resultado inmediato de esta reforma.

—   La propuesta que se discute es irresponsable pues no contiene medidas de control fuertes y precisas. Se mantendrá la corrupción en beneficio de intereses privados y de una casta burocrática insaciable.

Tal como se van a someter a consideración de este pleno, no tenemos bases para asegurar que los precios de combustibles y energía eléctrica van a bajar. Si acaso, el costo de la generación de electricidad podrá bajar en cinco años, en el caso hipotético de disponer de gas suficiente y barato; pero la reducción del costo, en un mercado abierto, no implica en automático la reducción de precios.

Tampoco sabemos la proporción de la renta petrolera que va a ser apropiada por los contratistas particulares; esto quedará determinado discrecionalmente en cada contrato y en cada licitación por la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto no está garantizado  siquiera que en 2015 se va a recuperar el 4.7% del PIB para cubrir el presupuesto de egresos de la federación.

Los que sí sucederá, como resultado de esta reforma es el aumento de la deuda pública, al absorber los pasivos pensionarios de Pemex y CFE sin  que se deslinden responsabilidades, con total opacidad y sin la intervención del Congreso que le mandata la Constitución; el pueblo mexicano pagará los excesos de la burocracia y los liderazgos corporativos, financiando pensiones de  80 mil pesos mensuales. El secretario de Hacienda debe explicar cómo se justifica la asunción de un pasivo de este tipo y el costo que tendrá en el mediano y largo plazo para el pueblo de México.

Finalmente, de mantenerse en sus términos, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal costará a las haciendas públicas estatales y municipales 23 mil 682 millones de pesos, por la reducción que se quiere imponer a la recaudación federal participable.

A lo largo del debate, como se ha hecho en la Colegisladora y en las Comisiones Dictaminadoras, aquí en el Pleno, demostraremos la justeza de nuestras propuestas y las razones que nos animan en este momento histórico.

Dip. Miguel Alonso Raya

Palacio Legislativo de San Lázaro, julio 28, 2014