Enlace: final y fracaso Diario La Jornada

 

El pasado lunes, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, indicó que está en veremos la continuidad de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) y advirtió que dicha prueba podría desaparecer. Los señalamientos del funcionario fueron secundados anteayer por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) –algunos de cuyos ex presidentes han expresado duras críticas en contra del actual modelo de evaluación educativa–, organismo que anunció la creación de un comité de especialistas con el fin de analizar la permanencia o el fin del referido instrumento de evaluación escolar y docente.

A más de un sexenio del inicio de dicha evaluación, y luego de numerosas aplicaciones de los exámenes correspondientes, es claro que el balance general sobre la prueba Enlace no resiste ni siquiera el análisis –generalmente autocomplaciente– de las estadísticas oficiales: según datos de la propia SEP, a lo largo del sexenio pasado más de 60 por ciento de los estudiantes de educación básica se situaron en los niveles elemental e insuficiente de la citada prueba, porcentaje que se elevó hasta casi 80 por ciento en lo que respecta a los alumnos de secundaria.
Los nulos resultados de la Enlace se suman a las numerosas críticas de autoridades escolares, docentes, padres de familia y especialistas en materia educativa, principalmente por su afán de evaluar, mediante exámenes estandarizados y de opción múltiple, realidades socioeconómicas diversas. Dicha pretensión no sólo contraviene el principio constitucional que define al país como pluricultural (artículo 2 de la Carta Magna), sino que deriva también en una práctica de discriminación indirecta por parte del Estado mexicano, según se desprende de una resolución emitida en 2011 por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.
Por si fuera poco, la aplicación de la Enlace ha arrojado, en los últimos seis años, diversos efectos contraproducentes en los ámbitos educativo, político e institucional. El hecho de que la prueba esté atada a la obtención de beneficios materiales por parte del magisterio distorsiona cualquier posibilidad de un diagnóstico real y útil, y constituye un incentivo perverso para que los planes de estudio, así como el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas, estén orientados casi exclusivamente a la memorización de los contenidos de la prueba por parte de los educandos.

De forma adicional, aunque ha sido presentada por el gobierno como solución para los graves problemas que padece el sistema de educación pública, la Enlace no ha podido ni siquiera ser aplicada en forma general debido a los conflictos magisteriales y sindicales que genera, y atiza con ello, la campaña de desprestigio contra los sectores críticos y disidentes del magisterio.

Por lo demás, son cada vez más recurrentes los señalamientos sobre actos de corrupción cometidos a la sombra de esta evaluación: el caso más reciente es la denuncia, por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre la presunta venta de los exámenes de la Enlace en días previos a su aplicación.

En suma, hay sobradas razones para ver la prueba Enlace como paradigma del fracaso del modelo de evaluación estandarizada –el cual fue profundizado y ampliado en el contexto de la reciente reforma educativa–, y de las consecuencias negativas de abordar un asunto público, complejo y multidimensional como la educación con la visión tecnocrática y mercantilista que caracteriza la lógica de la iniciativa privada. No resulta extraño que el único respaldo considerable a la Enlace en la actualidad provenga de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial.

El anuncio de que se evaluará la desaparición de la Enlace es positivo, pero insuficiente. Para atender los grandes rezagos actuales en la educación pública se requiere más que instrumentos de diagnóstico para identificar causas: a fin de cuentas, cualquier aporte que pueda derivar de éstos queda rebasado ante el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, el desdén presupuestario hacia los ciclos de enseñanza pública y los diversos ejes de inequidad social que recorren el país, los cuales inevitablemente trastocan y afectan el proceso de enseñanza.