Las condiciones actuales configuradas a partir de nuevos paradigmas económicos, epistemológicos y filosóficos, han traído consigo, entre otras muchas cosas, la transformación de la organización social y la transformación en la organización del trabajo. También han cargado a cuestas con nuevas formas de discriminación que antes eran impensables. Una de ellas es la exclusión del conocimiento y de los saberes. Esta forma discriminación tiene en su origen un germen contradictorio porque es tangible e intangible; existe y afecta a varios grupos sociales, pero pocos se percatan de su presencia en amplios sectores de la sociedad.
En la historia política y económica del mundo hemos presenciado grandes luchas y manifestaciones en contra de la explotación. Se han alzado las banderas y los puños por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, sería casi imposible convocar a la población a luchar por reivindicaciones que exijan el dominio de competencias de lectura, matemáticas o en las ciencias. O bien, por acceder a buenos libros y a eventos artísticos y culturales.
En este sentido el problema es muy grave. Se trata de una asimetría que el propio sistema educativo y social plantea a los individuos de una sociedad y los agrupa. Por un lado, se encuentran los incluidos en la organización social, económica y política que pueden gozar de las bondades que les da su nuevo status, que ahora ya no se deriva del poder político o del dinero, sino el status que da el dominio de competencias, conocimientos y saberes. Este grupo se integra por los que saben, los que son considerados los mejores por su alta calificación y tienen un empleo especializado que no admite errores pero que les paga buenos salarios y les da un alto prestigio social.
En el otro lado, se encuentran los excluidos que no saben que son los excluidos del desarrollo social planteado en esta perspectiva. Son los que no tienen acceso a los conocimientos y a los saberes. Los que están secularmente excluidos de los sistemas educativos y rezagados social y económicamente.
El problema de estar excluidos se les presenta a sí mismos como si fuera un asunto personal o privado y el que estén fuera de la generación de conocimientos y de la información trae como consecuencia que no tengan un lugar estable y seguro en el sector productivo ni en el empleo. Tampoco tienen presencia en el sistema político, ni un status social y suelen tener una autoestima baja. Así, su fracaso y pobreza son considerados como falta de capacidad personal y profesional. Y también familiar.
Sin duda alguna, en este grupo se encuentran los excluidos de la historia: los pobres, los marginados de siempre. De ahí que la transformación del trabajo –la especialización, el mismo nivel de importancia de todos los que integran la cadena productiva y las diversas posiciones según la distribución del trabajo en relaciones horizontales- sea uno de los factores estrechamente relacionados con la desigualdad social.
Varios autores señalan que América Latina tiene el poco honroso lugar de ser el continente con mayor desigualdad social. La distribución del ingreso es el más injusto. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres en estos países del continente americano. Esta situación ha generado un nuevo enfoque de justicia que plantea que no se debe tratar a todos por igual sino de manera desigual, de tal forma que se debe tratar a los individuos de la forma más adecuada a sus necesidades.
De acuerdo a lo anterior se identifica a la educación como el vehículo que puede impulsar un desarrollo social con equidad. Un motor que puede disminuir la desigualdad social. Sin embargo, eso no es nada fácil porque esta relación ni es lineal, ni es estática, ni está exenta de conflictos. Veamos.
Los sistemas educativos de América Latina a pesar de tener grandes avances como la descentralización, los sistemas de evaluación y la tendencia a dar mayor autonomía a las escuelas a través de la transformación de la gestión escolar, aún tienen grandes problemáticas que no han podido resolver. A saber, hay una gran insatisfacción con los resultados educativos, desde los padres de familia hasta otros sectores de la sociedad como los empresarios y los políticos, por las implicaciones en la escasa capacidad de competencia económica y baja participación política.
Ahora bien, es conocido el gran problema de las resistencias que existen, en cuanto a las reformas educativas, por parte de los docentes y los encargados de administrar la educación. Mientras una reforma no considere el papel protagónico, en los hechos y no en el discurso, de los docentes, cualquier reforma tiende a fracasar porque no es llevada a cabo en las escuelas ni en las aulas. Es común encontrar a maestros que trabajan por trabajar, es decir, sin un sentido. Trabajan porque les pagan y nada más. No entienden ni saben de la reforma. No se sienten parte de ella.
En tanto los encargados de administrar la educación presentan grandes resistencias por los viejos vicios que han existido en los ministerios de educación y que les haría perder privilegios derivados del autoritarismo y de la concepción patrimonial del puesto público.
Para que la educación pueda aportar a los estudiantes conocimientos de calidad y desarrollar sus competencias y, por lo tanto, contribuir en la erradicación de la exclusión de los conocimientos y saberes, es necesario que los alumnos que acudan a ella tengan los satisfactores básicos como la salud, la alimentación, la vivienda y el vestido, satisfechos. Se ha comprobado, a través de varias investigaciones, que cuando esto no ocurre así, cuando los estudiantes viven en contextos más allá del umbral de la pobreza, las reformas y los nuevos conocimientos difícilmente logran impactar en ellos. La satisfacción de necesidades básicas para la sobrevivencia constituyen las condiciones de educabilidad (Tedesco, 2000) para lograr una educación exitosa.
El panorama se torna más sombrío si no perdemos de vista, que la desigualdad y la pobreza han crecido en términos absolutos y relativos en los últimos tiempos. Las nuevas desigualdades traen como consecuencia, aparte del deterioro de la educabilidad, la posibilidad de una socialización primaria, el rompimiento de las tradicionales redes de solidaridad (como la familia), crisis de valores y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos (Tedesco, 2000). Por si fuera poco cada día se engrosan las filas de los sobrevivientes de la extrema pobreza.
Ahora bien, para poder hacer realidad el cambio institucional que exigen los tiempos actuales es necesario que estos problemas sean incluidos en las agendas educativas y políticas nacionales. También el cambio institucional requiere de docentes altamente profesionalizados para poder llevar a cabo las acciones como la descentralización; y para poder ejercer, con toda responsabilidad, la autonomía de las instituciones escolares, con el fin de lograr un mejoramiento permanente de los resultados de aprovechamiento escolar. Más aún, lograr estudiantes alegres y con interés por aprender.
Uno de los nuevos retos de la educación es el de enseñar a aprender para poder desarrollar competencias entre los estudiantes, que les permitan utilizar y poner en movimiento los conocimientos que han adquirido y no acumularlos. Utilizarlos en la solución de problemas y mantenerse aprendiendo durante toda la vida. De ahí que en el campo pedagógico y curricular la pregunta que se presenta actualmente es ¿cabezas llenas o cabezas bien hechas? Las primeras se refieren a la acumulación y memorización de conocimientos y las segundas al desarrollo de competencias y uso de esos conocimientos.
Se puede señalar que el sector educativo por sí mismo no podría garantizar el logro de la equidad, la disminución de la desigualdad, ni la exclusión de los conocimientos de grandes grupos sociales. La corrupción, la desconfianza y la deslegitimación de las administraciones de la educación en muchos de los estados de la República Mexicana, han traído serias consecuencias entre los docentes, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. En particular los bajos resultados educativos y la persistencia de la desigualdad están ligados a la cultura política prevaleciente en los sistemas educativos locales y en el sistema político nacional.
En suma, si realmente se quiere transformar el estado de cosas prevaleciente es necesario, en primer término, que haya un cambio profundo en cuanto a la redistribución del ingreso con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población y mejorar los niveles de la calidad educativa.
También es importante que el Estado asuma un nuevo papel porque la sociedad está asumiendo nuevas posturas. La sociedad actual clama por el respeto a la diversidad y en contra de la inequidad. Necesita de un Estado que no sea autoritario y que permita la libre expresión de ideas. Requiere y exige mayor participación en los asuntos educativos y sociales por parte de los diversos sectores sociales; y un buen desempeño profesional en la administración pública. La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos es una necesidad ineludible
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