ARTURO ALFARO GALÁN
El secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cirilo Salas Hernández, reveló que mil 400 profesores se encuentran en lista de espera para recibir su retiro ante el ISSSTEP, debido a la falta de recursos en el organismo para atender a todos los docentes al mismo tiempo.
Salas Hernández apuntó que dentro del magisterio existe un rezago de cuatro años para iniciar los procesos de jubilaciones y pensiones, debido a la alta demanda de los profesores.
Además, precisó que los próximos tres años esperan un incremento en las solicitudes para los docentes de educación telesecundaria, pues al menos 500 personas comenzarán a tramitar sus separaciones.
El líder sindical informó que por lo menos mil 400 trabajadores han comenzado a tramitar sus retiros. De ellos, 950 son maestros pertenecientes a la sección 51 del SNTE; mientras que el resto corresponde al sector administrativo.
“Tenemos un problema, porque no podemos descapitalizar el instituto, y eso no hace que tengamos un retraso de hasta cuatro años para los trabajadores, quienes están en condiciones de jubilarse en automático con todas las prestaciones que estamos proporcionando a los empleados”, apuntó en entrevista.
El secretario general del SNTE 51 apuntó que cada mes se reciben alrededor de 20 peticiones de jubilación de los trabajadores, quienes tendrán que esperar hasta cuatro años para hacer efectiva la solicitud.
De acuerdo con Salas Hernández, el límite máximo que podría recibir un profesor, con el máximo reconocimiento y nivel, sería de 25 mil pesos mensuales; mientras que el profesor que menos podría obtener sería de 6 mil pesos por el mismo periodo.
“Ambos tendrán derecho a recibir sus recursos, además de 23 días de salario mínimo por el Día del Maestro, y 17 más como compensación a sus servicios”, aseveró al reiterar que existe preferencia para los trabajadores de la tercera edad y quienes padecen de alguna enfermedad.
Finalmente, el líder magisterial consideró que la propuesta para reducir de 25 a 10 salarios mínimos vigentes el monto de pensiones por invalidez, así como ampliar el periodo de jubilación para los docentes en servicio, son esquemas “injustos” y “equivocados”, pues representaría “un retroceso gravísimo a los logros sindicales y laborales conseguidos hace más de 50 años”.
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