La pobreza, una negación de derechos Miguel Concha

 

Daniel, un niño rarámuri, apenas sonríe y nos mira con temor a quienes nos acercamos. Sin duda teme a los desconocidos, a quienes no está acostumbrado a ver. En su comunidad no conocía a los chabochis o mestizos. En la Sierra Tarahumara algunos cientos de niños son atendidos de anemia cada año. Daniel es uno de ellos. No es extraño que esto allí pase, pero ocurre lo mismo en otros pueblos indígenas, campesinos, y en los barrios o zonas perdidas de las ciudades. Se trata de la pobreza que mata a la niñez de anemia o gastritis, y que mantiene a las familias en la desesperanza. Lo que nos obliga a reflexionar desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Hay 59.13 millones de personas viviendo como pobres en México? La respuesta es sí. Así lo difundió, mediante la reciente investigación Clases medias en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los resultados obtenidos muestran que 42.4 por ciento de los hogares, donde vive el 39.2 por ciento de la población, son de clase media. Por otra parte, 2.5 por ciento de los hogares son de clase alta, y viven en ellos 1.7 por ciento de la población. Mientras que en el otro lado del espectro social se tiene al 55.1 por ciento de los hogares, en los que desarrolla su vida el 59.1 por ciento de la población. Esta medición de la pobreza, realizada con otra metodología, arroja datos que difieren de los que habían sido presentados hasta ahora como oficiales. La intención del Inegi consistió en resaltar que en la década que concluyó en 2010 la clase media ascendió cuatro puntos porcentuales. Al ofrecer esta noticia, se dio relieve al crecimiento económico, e incluso a la estabilidad macroeconómica lograda en los dos sexenios pasados.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mide, por su parte, la pobreza a través de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, y según este organismo dicha problemática se situó en 46.2 por ciento, equivalente a casi 52 millones en 2010. Si bien este tipo de medición incorpora seis derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud, la seguridad social, la alimentación, la educación y una vivienda digna en construcción y servicios, deja de lado otros aspectos fundamentales que repercuten en el goce pleno de los derechos humanos, como son la seguridad y la desigualdad. La limitante mayor de su metodología es la creación de dos categorías ambiguas: vulnerables por ingresos y por carencias. Son ambiguas porque personas que cuentan con los seis derechos, y al mismo tiempo no alcanzan la línea de bienestar, son consideradas sólo como vulnerables. Otras contarán con los ingresos necesarios, pero no tendrán algunos de los derechos. El concepto de integralidad nos ayuda a ver que al no contar con alguno de los derechos, o con el ingreso necesario, todos los derechos se ven afectados.

Los gastos catastróficos en salud, o las afectaciones ocasionadas por la violencia, así como las crisis económicas, son factores muy graves en la desestabilización económica de las familias y, por lo tanto, obstáculos para el acceso a los derechos. Es inadmisible que frente a los avances en materia de derechos humanos, 60.7 por ciento de la población carezca del acceso a la seguridad social, y 31.8 no tenga acceso a la salud. Los indicadores de las carencias son de por sí también bastante laxos. Por ejemplo, para medir si se tiene acceso a la seguridad social y ser considerados entre quienes carecen de ese derecho, se le pregunta a los adultos mayores si reciben algún subsidio. Este tipo de filtros evitan un número mayor de personas que efectivamente carecen de alguno de los derechos. Coneval afirma que la pobreza constituye en sí misma una negación de los derechos humanos.

Observamos entonces que las violaciones a millones de mexicanos continúa creciendo. La brecha entre clases en el estudio del Inegi sobre las clases medias es impactante: dos tercios de la población se encuentran sumidos en la pobreza o con una fuerte tendencia a estarlo. Estos datos resultan más agudos si los relacionamos con otras circunstancias producidas por el modelo económico actualmente aplicado en el país. Por ejemplo, si sumamos a quienes no están considerados en las clases bajas, pero viven o dependen de zonas con devastación ecológica, muchas de ellas por la realización de megaproyectos y extracciones minerales, que producen enormes daños. La pobreza también se agudizará porque la migración hacia Estados Unidos ya no será una válvula de escape, pues cada vez es más difícil el paso por la frontera. Crecerán millones de jóvenes sin oportunidades y sin empleo formal.

Luchar por la eliminación de la pobreza es una exigencia ética que se debe traducir en mejores políticas públicas, tanto de programas sociales como de desarrollo económico. Para ser eficaces, estas políticas exigen ser planteadas desde una perspectiva de derechos humanos. El Estado mexicano ha aprobado tratados internacionales, como el Pacto de los Derechos Económicos Políticos y Sociales, que le generan obligaciones internacionales al respecto. Sin embargo, los resultados esperados no han llegado, pues además de que 59.1 por ciento de la población está situado en la clase baja, hay otros indicadores graves. Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó la creciente desigualdad entre los sectores más pobres y los más ricos en el país. El porcentaje de crecimiento de los grupos más ricos fue 28 por ciento más alto que el de los pobres. El Estado mexicano está obligado a combatir la pobreza y a evitar las afectaciones provocadas por las decisiones económicas.