LA REFORMA LABORAL DEL EJECUTIVO, UN SERIO RETROCESO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: AGUSTÍN MIGUEL ALONSO

LA REFORMA LABORAL DEL EJECUTIVO, UN SERIO RETROCESO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: AGUSTÍN MIGUEL ALONSO

· Precariza aún más el trabajo, agrede a las organizaciones sindicales y mantiene estructuras corporativas y caducas, subraya el vicecoordinador del GPPRD

 

Palacio Legislativo, Jueves, 6 Septiembre 2012 a las 14:42

Boletín No. 8

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el Titular del Ejecutivo reedita las iniciativas presentadas por el PAN y el PRI en la pasada legislatura. Al igual que sus antecesoras, esta iniciativa propone un marco laboral que flexibiliza la contratación, el uso de la fuerza de trabajo y el despido. Condiciona el ejercicio de derechos colectivos, viola la autonomía sindical y mantiene instituciones obsoletas y autoritarias.

 

Medidas como los contratos a prueba y de capacitación inicial; el pago por hora; la legalización del outsourcing; la ampliación de causales de despido; eximir de la obligación de dar aviso del despido y la limitación en el pago de salarios caídos a un año anulan la posibilidad de acceder a un trabajo estable y bien remunerado, permiten los abusos y la simulación patronal y anulan la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras acumulen derechos y prestaciones y accedan a prestaciones y beneficios de la seguridad social.

 

Sin establecer medidas para mejorar el salario y preservando el esquema de fijación  de salarios mínimos a través de una comisión nacional, la iniciativa eleva a rango de ley el pago por hora. Plantea el acceso a puestos vacantes o ascensos escalafonarios mediante criterios de productividad determinados por el patrón. Eleva a rango de ley el uso indiscriminado de la fuerza laboral en tareas múltiples sin que el trabajador o la trabajadora, así como sus representantes sindicales, intervengan en el control del proceso de trabajo.

 

Aunque establece medidas compensatorias y protectoras hacia las trabajadoras y combate el hostigamiento y el acoso sexual, no homologa la normativa internacional en derechos humanos laborales ratificada por el estado mexicano; propone medidas sin reformar las instancias de  impartición de justicia y sin garantizar el debido proceso para el acceso a la justicia laboral.

 

La iniciativa plantea una supuesta “democratización” de las organizaciones sindicales con el voto universal, directo y secreto, con la eliminación de la cláusula de exclusión y con la obligación de rendición de cuentas. En realidad se atenta contra la libertad y la autonomía sindical y se refuerza la intromisión gubernamental al obligar a organizaciones con más de 150 trabajadores a realizar una auditoría externa.

 

Pero aún más grave es el conjunto de medidas que conculcan el derecho a huelga: se establece que la inasistencia a la audiencia de conciliación conduzca al archivo del expediente y que sea nula la suspensión de labores; en caso de violación al contrato colectivo se negará el trámite cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación. Plantea el arbitraje obligatorio de la Junta luego de 60 días, a solicitud del patrón o de terceros afectados.

 

En el tema de la procuración de justicia laboral se incorporan elementos que podrían resultar positivos (como la profesionalización de los servidores públicos), pero que se anulan en tanto se mantengan las juntas de conciliación y arbitraje. El sistema tripartito de las juntas, por su integración con un representante del gobierno (que obedecen a los intereses de quien detenta el poder), uno del capital (que responde a sus intereses) y uno de los trabajadores (en manos de los sindicatos corporativos) está agotado y ya no funciona para impartir justicia.

 

Sin un marco adecuado para la impartición de la justicia; con trabajos inestables y mal remunerados; sin una defensa efectiva de las condiciones laborales y con una discrecionalidad de los patrones para controlar el proceso de trabajo, el discurso sobre trabajo decente, equidad de género y no discriminación queda hueco. Las propuestas caen en el vacío si quien es objeto de violencia o discriminación en su centro de trabajo no cuenta con medios para acceder a una justicia efectiva y si no tiene la posibilidad de aspirar a un trabajo estable y bien remunerado.

 

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso en la legislatura pasada un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución en materia laboral, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de seguro de desempleo, que se ubican en el ámbito de la reforma del estado y constituyen una propuesta integral para impulsar la reconstrucción del modelo laboral mexicano, que haga posible la inserción de nuestro sistema productivo, en el mundo globalizado, así como la generación de empleos estables y bien remunerados. Con este proyecto, se pretende dar forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el amparo del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales.

 

Nuestra iniciativa, que presentaremos ante el pleno, propone acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico, propiciar el incremento de la productividad y la competitividad a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, abriendo el cauce para la participación de las y los trabajadores y de sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.

 

Es, además una iniciativa que incluye verdaderamente un enfoque de género, que prohíbe la discriminación contra las trabajadoras; el derecho de igualdad en la remuneración frente a un trabajo de igual valor; la eliminación de la violencia laboral y sexual contra las trabajadoras; su derecho a la justicia laboral y  el reparto igualitario de las responsabilidades del ámbito doméstico entre mujeres y hombres.

 

Propugnaremos por que los incrementos salariales sean mayores a la inflación; ampliar los derechos de las trabajadoras, en especial de las trabajadoras del hogar; la democracia, autonomía y libertad sindicales; el derecho de huelga; garantizar la contratación colectiva auténtica y profesionalizar las instituciones de justicia laboral.

 

En ese sentido, la posición de nuestro Grupo Parlamentario en el proceso de dictaminación de la reforma laboral, será defender nuestra propuesta, y oponerse a cualquier modificación regresiva en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores que atente contra su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, como el outsourcing, la contratación a prueba, capacitación inicial o por temporada, medidas para facilitar el despido y la limitación del pago de salarios caídos.