Modificación a la Ley General de Educación: la ruta de la evaluación Artemio Ortiz Hurtado

En México los procesos sociales, las instancias e instituciones de conducción y los elementos estratégicos que nos dan sustento como país siguen realizándose en sentido contrario al interés de la nación. Por tanto, cancelan paulatinamente la herencia social de la Revolución Mexicana, sostenida en el apartado social de la Constitución de 1917.
El sector hegemónico de la oligarquía despoja de sus derechos a los trabajadores y aniquilan sus conquistas de décadas de lucha. Se destruye la planta productiva nacional y el campo, se venden al gran capital nuestras empresas estratégicas, se entregan nuestros recursos energéticos al extranjero, se prioriza el Presupuesto de Egresos de la Federación para el saqueo, entregando el fruto de nuestros recursos y producción al capital trasnacional vía deuda pública y diversos financiamientos de proyectos de las transnacionales; se modifican las leyes mexicanas para hacer legal lo ilegal, o viceversa; canjean lo ilegal por lo legal siempre para desfavorecer al pueblo. Generan las condiciones de quiebra, modifican las leyes y ejecutan la venta. Es su método “legal” dentro de su ilegalidad.
La educación no es la excepción. Los gobiernos se desentienden de su responsabilidad constitucional para con la educación pública, modifican la currícula, empobrecen contenidos programáticos, eliminan tradiciones y costumbres, sobre todo indígenas; modifican la historia, cancelan la ciencia y la tecnología como desarrollo de nuestro pueblo; castigan el gasto educativo y, paso inmediato, culpan a los maestros de los males en la educación. Luego se les condena a perder sus derechos laborales, acompañándose de una gran campaña mediática, además de la tramposa y antipedagógica Prueba Enlace. Después, con el ilegal pacto de Evaluación Universal imponen un instrumento “legal”, modificando sus propias normatividades y “leyes”. La modificación a la Constitución también está considerada con la reforma al Artículo Tercero, hoy frenada en la Cámara de Diputados, y la pretendida reforma laboral.
En octubre de 2010 se reunieron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respectivamente representados por José Ángel Gurría, Alonso Lujambio Irazábal, Fernando González Sánchez y Rafael Ochoa Guzmán, es decir, los organismos internacionales y la representación de la educación en México. Ahí firmaron, resumido en 15 acuerdos, OCDE-SEP-SNTE, la sentencia de muerte del derecho laboral a los maestros, condenándolos al desempleo con la cancelación de la plaza base. Ahí mencionan que se requería construir el instrumento para evaluar a los maestros, posteriormente ejecutado en mayo de este año en el acuerdo entre Alonso Lujambio y Elba Esther Gordillo, decretado inconstitucionalmente por Felipe Calderón, con el nombre de la mal llamada Evaluación Universal.
Utilizan a la derecha legislativa subordinada, junto con el gobierno, a la OCDE, al BM y al FMI, en conjunto con el gordillismo, para continuar su ruta de destrucción de la educación pública. Este martes 13 de diciembre implementan el llamado “elbazo legislativo” donde, al final del periodo de sesiones correspondiente a 2011, solicitan la aprobación fast track; es decir, dispensa de trámites, votación económica inmediata en lo general y en lo particular, y resolución urgente para el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación en materia de evaluación del desempeño docente.
Con la mayor incompetencia en el conocimiento de los contenidos constitucionales, los panistas Paz Gutiérrez Cortina, María de Lourdes Reynoso Femat; los perredistas Esthela Damián Peralta y Armando Ríos Piter y por último el gordillista Jorge Antonio Kahwagi Macari, en diferentes momentos presentaron las iniciativas donde buscaron insertar en la Ley General de Educación, contenidos de las imposiciones de los Organismos Financieros Internacionales, además de los procedimientos de la Evaluación Universal, es decir, propusieron procedimientos para ejecutar una facultad, mientras que la ley establece facultades sin precisar procedimientos. Con los ajustes a estos dislates legislativos, se imponen las siguientes adiciones a la ley: en el artículo 12 fracción seis: que la SEP federal y local se coordinarán para evaluar periódica y sistemáticaticamente a los docentes frente a grupo, docentes en funciones de apoyos técnicos pedagógicos y directivos de educación inicial, básica –incluyendo la indígena- especial y de educación física. En la siete: establecer la evaluación a los funcionarios o docentes que no ejerzan actividades pedagógicas.
En el artículo 13 fracción cuatro señala que las autoridades educativas locales se sujetarán a las federales en lo correspondiente a evaluación. Y en el artículo 20 se adiciona que el sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional dependerá al cien por ciento de los resultados de la Evaluación Universal. Es decir, la Ley General de Educación se ajusta a las imposiciones de los organismos financieros internacionales que sentenciaron que un maestro o directivo de educación básica (primaria, secundaria, preescolar, inicial, especial, en sus diferentes modalidades) que obtenga bajos niveles de desempeño al medir el aprendizaje de sus alumnos y después de someterse a exámenes de actualización será sancionado hasta con el despido. Así lo establece también el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, en su artículo 61 que a la letra dice: “los servidores públicos de carrera que obtengan resultados no satisfactorios en su segunda evaluación de capacitación serán separados de su puesto y del sistema, y en consecuencia causarán baja del registro”.
El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE hace un fraterno pero firme llamado a todos los trabajadores de la educación mexicanos a revisar las consecuencias catastróficas de esta modificación a la Ley General de Educación, hecha por los representantes “populares” en el Congreso de la Unión, donde, en unidad nacional, de manera contundente, realicemos las actividades necesarias a lo largo y ancho del país para detener esta agresión; proponernos ya, desde hoy, parar el atraco permanente a la escuela pública mexicana, a nuestro derecho laboral, a nuestro SNTE y a nuestra nación amada. Una gran oportunidad de arranque es participar físicamente, de manera masiva, en la tercera y última entrega de demandas contra la Evaluación Universal, el próximo día 27 de enero del 2012, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Disponernos ya para la caída inminente, estos meses, del cacicazgo agonizante de Elba Esther Gordillo, y aprestarnos a conducir el rumbo del sindicato más grande de América Latina, a reconstruir el sistema educativo nacional y a aportar lo que nos toca como pueblo digno en el rescate inmediato de la nación. Igualmente apremia agilizar la consulta de tiempos para instalar la Carpa Nacional de Denuncia y el Plantón-SEP, para acompañar la lucha jurídica, igual como lo hicimos en 2007-2008 con la batalla contra la espuria ley del ISSSTE.
La agresión a las Escuelas Normales Rurales y el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero nos obligan a convocar a la unidad nacional en defensa del normalismo, de la escuela pública y la plaza de base.


COMBATIVAMENTE
PROFESOR ARTEMIO ORTIZ HURTADO
SECRETARIO GENERAL
Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE