Sobre la reforma educativa actual Grupo de Laguneros Salaicinos

La toma de posesión del Presidente Peña Nieto el pasado 1° de diciembre, desencadenó dos sucesos políticos controvertidos: El Pacto por México y la llamada "Reforma Educativa".

El primer suceso ocurrió el 3 de diciembre, tan inmediato a la toma de posesión que dio a pensar que fue algo muy anteriormente cocinado y hasta previamente acordado por los tres Partidos Políticos que lo firmaron: El PRI, el PAN y el PRD; y desde el punto de vista mediático, más bien pareció una validación de la elección presidencial y un mecanismo para reforzar la figura de auto-ridad del gobierno recién constituido.

El Pacto por México contiene 3 ejes rectores:

1.- El Fortalecimiento del Estado Mexicano.

2.- La democratización de la Economía y la Política, así como la aplicación de los derechos so-ciales.

3.- La participación de los ciudadanos como actores en el diseño y la evaluación de las políticas

públicas.

De estos ejes rectores se derivan 5 acuerdos sobre temas fundamentales:

1.- SOCIEDAD DE DERECHOS.

2.- CRECIMIENTO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

3.- SEGURIDAD Y JUSTICIA.

4.- GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.

Los temas se dividen en subtemas y de cada uno de ellos se establecen compromisos numera-dos del uno al 95 que es la totalidad de compromisos contenidos en el Pacto.

El primer tema se refiere a la salud, la seguridad social. Los derechos humanos, la justicia social y la educación. Los compromisos educativos son 14 y aparecen en el subtema 1.3 titulado "Educación de calidad y con equidad" que vienen detallados dentro de los siguientes puntos:

 Sistema de información y gestión educativa

 Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

 Autonomía de Gestión de la Escuelas.

 Escuelas de Tiempo Completo.

 Computadoras portátiles con conectividad.

 Servicio Profesional Docente.

 Educación Inicial de los Maestros.

 Cobertura de la Educación Media Superior y Superior.

 Programa Nacional de Becas.

 La Cultura como elemento de Cohesión Social.

 

Protección del Patrimonio Cultural.

 Infraestructura Cultural de los Estados.

 Educación Artística.

 Estímulos Creadores.

 La Cultura como proyección de México en el Mundo.

Apenas siete días después de firmado el "Pacto por México", el Ejecutivo envió al Congreso la Iniciativa de Reforma a los artículos 3° y 73° que se ha venido llamando "Reforma Educativa", recibida el día 10 de diciembre como si ya hubiera sido cocinada también mucho tiempo antes.

La Reforma Educativa, que más bien es "administrativa" contiene 6 de los 14 compromisos edu-cativos del Pacto y son los siguientes:



Establecimiento del servicio profesional docente.

 Transformación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para darle mayor peso

 autonomía.

 Establecimiento de un Sistema de Información y Gestión Educativa.

 Fortalecimiento de la Formación Continua de Docentes.

 Dotación de Autonomía de Gestión de las Escuelas para su Mantenimiento.

 Establecimiento de las Escuelas de Tiempo Completo.

El establecimiento del Servicio Profesional Docente se entiende como un Sistema de Exámenes por oposición y concursos abiertos al público, para seleccionar y contratar al personal de nuevo ingreso y la ocupación de los puestos de dirección y supervisión del Sistema Educativo, cosas ambas que ya se venían haciendo pero que ahora adquieren un carácter constitucional y sistemá-tico.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), también es algo que ya existe, fue creado por FOX en el año 2002 y desde entonces ha venido realizando por lo menos 3 evaluaciones anuales: la prueba EXCALE (Exámen de calidad del logro educativo), la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro educativo) y la prueba PISA (Evaluación Internacional de Estu-diantes) introducida por la OCDE, además de que desde hace aún mayor tiempo se aplicaba la prueba IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria y la prueba EXANI-1 Exámen Nacional de Ingreso a la Educación Media. Respecto a los docentes existe la llamada Evaluación Universal de Docentes y Directivos, que aplica varias pruebas para medir el desempeño docente y las competencias profesionales de los maestros en servicio, que son utilizados para asignar las puntuaciones y los ascensos del Programa Carrera Magisterial. Lo que pretende esta Reforma es darle al INEE la autonomía de un Organismo Descentralizado para que su operación y resultados no estén contaminados por la influencia de la SEP y del Sindicato y pueda aparecer como una verdadera Agencia de Evaluación Externa

El Sistema de Información y Gestión Educativa, también es algo que ya existía bajo la forma de un Sistema de Estadísticas Contínuas paralelo al Sistema de Registro y Certificación de Estudios que siempre ha sabido cuantos maestros y alumnos tiene el Sistema Educativo Nacional pues de otra manera nunca hubieran sido posibles los procesos de planeación y presupuestación, creci-miento y atención de la demanda propios del sistema educativo. La Reforma invoca la interven-ción del INEGI en el año 2013 para que nos diga cuantos maestros y alumnos hay en el Sistema Educativo y de ahí en delante no perder la cuenta mediante el nuevo Sistema de Información y Gestión Educativa.

Con el Fortalecimiento del Sistema de Formación Continua de Docentes se pretende dar vida a un mecanismo que permita la Capacitación y Actualización Continua del Magisterio en Servicio, función que en otras épocas desempeñaba el IFCM (Instituto Federal de Capacitación del Magis-terio) que operó de 1940 a 1971, la DGMPM (Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio), de 1971 a 1989, y la DGENAM (Dirección General de Enseñanza Normal y Actualización del Magisterio), de 1989 a 1992, año en que se dio la descentralización de la Educación Básica y Normal. Esta función recientemente estuvo a cargo de los Institutos Estatales de Capacitación del Magisterio que de pronto dejaron de funcionar.

En lo que se refiere a la dotación de Autonomía de Gestión a las Escuelas, para que coadyuven a la solución de los problemas de mantenimiento y operación de los planteles, algunos críticos lo han interpretado como la legalización de las cuotas voluntarias de padres de familia y la pérdida paulatina del principio de gratuidad de la enseñanza.

Por último, el establecimiento de las Escuelas de Tiempo Completo, que serían aquellas Escue-las Primarias con horario discontinuo, que trabajarían mañana y tarde, con mayor número de horas frente a grupo, de las cuales el nuevo Gobierno pretende abrir unas 40,000 en todo el País, tampoco es nada nuevo porque el PECT (Programa de Escuelas de Tiempo Completo) ya existe desde hace dos años operando actualmente con más de 4,000 escuelas y antiguamente todas las primarias eran de turno discontinuo donde se trabajaba mañana y tarde. La modalidad actual es que en la modernas Escuelas de Tiempo Completo se sirve un desayuno y una comida que permiten al alumno permanecer dentro de la Escuela todo el tiempo del horario de trabajo como lo hacen las guarderías.

Este modelo de Escuelas ha sido impulsado en América latina por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial logrando que en 2012 otros paí-ses como Uruguay entraran desde el pasado septiembre con la atención de 45,000 alumnos, obviamente haciendo uso de un préstamo para el desarrollo otorgado por el Banco Mundial.

Una conclusión sería que la Reforma Educativa actual tiene el sello de una clara continuidad neoliberal que pretende consolidar las políticas que durante 12 años practicaron los gobiernos panistas.

Para resumir un punto de vista y una postura sobre la actual reforma Educativa, tomaremos las palabras textuales de tres personas:

"La Reforma Educativa no es una Reforma es una simulación.Es una imposición de la OCDE, organismo extraño que surgió en la Guerra Mundial para apoyar el desa-rrollo de Europa, y hoy se ha dedicado, vinculada con el Banco Mundial a cobrar por estos consejos que nos da, y es la OCDE la que está haciendo esa Reforma constitu-cional en México, sin tener la menor idea de lo que es nuestro País".

MANUEL BARTLET DIAZ

"No se requiere Reforma Constitucional alguna para reivindicar el destino de la Educa-ción."

MANUEL ARIAS DELGADO

"Elva Esther, Un sexenio más……Creo que finalmente todo será una vana ilusión, el sistema la necesita, Peña la necesita…hay líder para otro sexenio."

REFUGIO CARRERA MARTINEZ

Torreón, Coah. 30 de diciembre 2012

Grupo de Laguneros Salaicinos.

Marcelo Esparza Díaz

Vicente Rodríguez Quiroz

En memoria del profesor Andrés Rentería Duarte José Ángel Aguirre Romero

A principios del mes de noviembre pasado, después de una larga y penosa enfermedad, falleció en Ciudad Delicias, lugar donde residía, nuestro querido compañero Andrés Rentería Duarte. A la fecha de su muerte formaba parte, por tercer periodo consecutivo, del Comité de Patrimonio, organismo auxiliar del Consejo Directivo de la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Normal Rural de Salaices, de la que fue miembro fundador desde el año 2004.

A continuación transcribo unos párrafos tomados del libro colectivo "Normalistas: Testimo-nios de la Docencia", cuya edición fue coordinada por el inolvidable compañero salaicino José Luis Aguayo Álvarez, donde el mismo Andrés escribe sobre su origen y desempeño profesional como maestro.

Dice Andrés:

"Nací en Canutillo, Durango y salí de la clase más desprotegida en nuestro país –los cam-pesinos de México- y fui educado y formado en el internado de la gloriosa Escuela Normal Rural de Salaices, en el Estado de Chihuahua. Esta escuela me albergó por ocho años y despertó en mi ser valores de solidaridad, justicia, honestidad, responsabilidad, veracidad, tenacidad y, sobre todo, pasión por mi profesión como educador, para entregarme de lleno a la noble tarea de for-mador de conciencias en los niños y jóvenes que fueran más tarde los que encendieran la llama del progreso en este México sediento de justicia y bienestar para todos.

En 1959 fui asignado a la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" de El Molino, Namiquipa; en este lugar laboré al lado de otros tres maestros egresados de Salaices. Atendí un grupo de primer grado de primaria por las mañanas, y por las tardes, ya casi de noche, trabajé gratuitamente en la Escuela Secundaria fundada el año anterior por mis compañeros; impartí Geografía y Civismo y además atendía el club de danza y los equipos femeniles de básquetbol.

Por razones de salud –el frío me afectaba demasiado- solicité mi cambio a Delicias; en esta ciudad trabajé durante 15 años en escuelas primarias. Al cabo de ese tiempo, con la espe-cialidad de Historia, cursada en la Normal Superior, pasé a ocupar la cátedra de esta materia en la reconocida Escuela Secundaria "Leyes de Reforma" durante las mañanas y por las tardes, en la Escuela Preparatoria por Cooperación "Activo 20 30"…"

Hasta aquí lo escrito por Andrés.

Por méritos profesionales y concursando a nivel nacional, logró la plaza de Director de Escuela Secundaria en el Mineral de Naica, donde prestó sus servicios hasta 1982, logrando, con el apoyo del equipo de maestros, que esa escuela destacara grandemente a nivel regional.

En agosto de 1982, como si fuera un castigo por sus buenos servicios en Naica, lo envia-ron como director a la Escuela Secundaria Federal de Ojinaga, Chih., que por su lejanía en el desierto, estaba en el abandono.
Ahí, con los maestros y empleados, formó un equipo de trabajo y, con el apoyo de la gente pujan-te de Ojinaga, de las autoridades municipales, estatales y federales, de los distintos partidos polí-ticos, de los padres de familia y de la población en general, logró construir una nueva escuela, majestuosa, moderna, amplia, con todos sus anexos, que destacó a nivel estatal y nacional.

En 1990 ganó el concurso nacional para ocupar el puesto de Jefe de Enseñanza, que ostentó hasta el año de 1999, donde tuvo la oportunidad de compartir conocimientos con todos los maes-tros de Historia del estado. Durante esa época, en los veranos, trabajó impartiendo clases en la Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano". Por sus vastos conocimientos y por su habili-dad para interactuar con los maestros de grupo, padres de familia y alumnos, en el año 2000 fue nombrado subdirector de Servicios Regionales de SEECH en Delicias, cargo que le dio oportuni-dad de estar en contacto con los centros escolares de todo el Estado, y apoyar a los profesores que sufren carencias para cumplir con su trabajo.

Por razones de carácter familiar decidió jubilarse en el año 2001, después de 42 años de trabajo profesional docente.

Como sindicalista, siempre fue un activo militante de la Sección 8ª del SNTE. Participó en las luchas por la democratización de la misma; fue secretario general de la Delegación Sindical correspondiente a la zona de primarias con cabecera en Delicias y permanente representante sindical de los maestros de la región, desde 1960 hasta 1982. Asistió como delgado a todos los congresos seccionales en ese periodo y también, a dos congresos nacionales. Fue presidente del Comité de Huelga en 1967 y fue cesado junto con otros dirigentes del movimiento. En el periodo 1968-71 ocupó la Secretaría de Acción Política del Comité Seccional.

Siempre anduvo encabezando comités que hacían gestiones y realizaban luchas por el progreso de Delicias.

En todas las comunidades donde vivió o trabajó, dejó profunda huella como docente y como promotor social, y por su honestidad, responsabilidad y laboriosidad es el prototipo del maestro salaicino y un gran ejemplo para nosotros.

Namiquipa, Delicias, Naica y Ojinaga, tienen una gran deuda con Andrés; deuda que no se paga con dinero ni con bienes materiales. Solamente se paga honrando su memoria. Escrito publicado en "La Hoja", publicación de la Asociación Civil de Ex-alumnos de la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua.

Sólo el 5.7% de los trabajadores que cotizan en Afore alcanzará pensión, alerta Alonso Raya

Palacio Legislativo, 15 de enero de 2013

Boletín No. 034

 

Sólo el 5.7% de los trabajadores que cotizan en Afore alcanzará pensión, alerta Alonso Raya

 

·         Problema que se agrava si se toma en cuenta que el 50% de la población no tiene acceso a seguridad social y salud, denuncia

·         Se necesitarán recursos públicos para que la mayoría de los trabajadores que aportan cuotas accedan a la pensión mínima garantizada, adelantó.

Del total de trabajadores inscritos en el Sistema de Ahorro para el Retiro sólo el 5.7% alcanzaría una pensión por su estabilidad, permanencia en el empleo y capacidad de ahorro de recursos propios; el 60% no la tendrá al no poder cumplir los requisitos establecidos y hoy sólo tiene la expectativa de disponer lo que haya en el saldo de su cuenta al momento de su retiro; y 34.3% pueden tener derecho a la pensión cotizando mucho más tiempo al establecido por la ley, que pueden ser en lugar de 25, 50 años de cotización, debido a la inestabilidad de su vida laboral, alertó el diputado Miguel Alonso Raya

 

En el caso del 60% de los trabajadores que no podrá acceder a una pensión, se deberá al hecho de no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.

 

En relación al 34.3% de trabajadores que tendrán que cotizar más tiempo para alcanzar una pensión, a manera de ejemplo el legislador hizo referencia en la entrevista a los obreros de la construcción quienes en promedio cotizan seis meses al año, por lo que para completar las mil 250 semanas necesitarían laborar 50 años para tener derecho a una pensión.

 

El Vicecoordinador del PRD aclaró además que de las 47.8 millones de cuentas registradas en las Afore, sólo 21.2 millones están activas, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar); y el resto son cuentas inactivas, es decir, que no han recibido aportaciones obrero-patronales cuando menos en los últimos tres años.

 

 “Tenemos un problema mucho más grave del que se presenta, no solamente porque el 50% de la población no está asegurada, sino que quienes sí están en las Afore, un tercio, cuando mucho, estará cotizando y en condiciones de tener una pensión al final del día”, adelantó Alonso Raya.

 

 

“El resto de los trabajadores que cotizan no cumplirá los requisitos y podrá en todo caso retirar lo que haya ahorrado en su cuenta, pero no se hará acreedor a una pensión porque no cubrirá los requisitos que se requieren para tener acceso a la  misma”, precisó el perredista.

 

Y para los trabajadores que sí pueden cumplir los requisitos, se va a necesitar un subsidio para completarles la pensión mínima garantizada porque lo que les descuentan actualmente no les será suficiente para alcanzar la pensión, por lo cual se tendrán que utilizar recursos públicos para concretarla.

 

A fin de resolver el grave problema de las pensiones, lo que se requiere es promover una política de generación de empleos y una mejor remuneración de los mismos, indicó el diputado originario de Guanajuato.

 

“Mientras que no tengamos una política económica por parte del sector público que detone la inversión privada y genere empleos en el sector formal, será muy difícil enfrentar de una mejor manera la seguridad social tanto en pensiones como en el rubro de la salud”, concluyó.

 

¿PROCEDEN LOS AMPAROS CONTRA REFORMAS CONSTITUCIONALES? Dip. Miguel Alonso Raya

 

Los artículos 103 y 107 constitucionales (que dan vida al juicio de amparo), al igual que lo dispuesto por el artículo 105 que establecen las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, constituyen la base de acciones procesales que se utilizan para que se anulen actos o leyes que contradicen a la Constitución.

Alegar la inconstitucionalidad de un acto de autoridad o de una ley promulgada significa someter a juicio del Poder Judicial si aquellos se oponen, ignoran o contradicen un mandato inscrito en el texto de la Constitución Política. Es decir: los amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad buscan probar que la ley o el acto reclamado viola o se opone al texto constitucional.

De comprobarse esa hipótesis, el Poder Judicial ampara al quejoso con el efecto de declarar y fijar la inconstitucionalidad; en caso contrario, sobresee el asunto.

Pero alegar que el Poder Reformador de la Constitución no debiera haber dictado una reforma a la Constitución, es algo bien distinto. Decir lo contrario es alegar que la Constitución puede ser inconstitucional.

Lo  único que puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante estos casos es encontrar, de existir, alguna contradicción y establecer el criterio válido para asuntos de aplicación. Pero no podría anular el mandato constitucional dictado por el Constituyente Permanente, pues el Poder Judicial no tiene facultades para corregir a la Constitución, sólo para interpretarla.

Artículos constitucionales

Amparo

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Controversias constitucionales. Acciones de inconstitucionalidad

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(…)

 

Supremacía del Poder Reformador de la Constitución

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Jurisprudencia

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. [Tesis 40/2002] De lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, de la Constitución... y de las diversas exposiciones de motivos y dictámenes relativos a las reformas a este precepto constitucional, se desprende que la tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección del ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que derivan del sistema federal (Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal) y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41, 49, 115, 116 y 122 de la propia Constitución, con motivo de sus actos o disposiciones generales que estén en conflicto o contraríen a la Norma Fundamental, lo cual se encuentra referido a los actos en estricto sentido y a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sean federales, locales o municipales, e inclusive tratados internacionales. De lo anterior deriva que el citado precepto constitucional no contempla dentro de sus órganos, poderes o entidades que pueden ser parte dentro de una controversia constitucional, al órgano reformador de la Constitución, previsto en el artículo 135 del mismo ordenamiento, pues no se trata de un órgano de igual naturaleza que aquellos en quienes se confían las funciones del gobierno; además de que se integra por órganos de carácter federal y locales, es a quien corresponde, de forma exclusiva, por así disponerlo la Constitución federal, acordar reformas y adiciones a ésta, y de ahí a establecer las atribuciones y competencias de los órganos de gobierno, sin que tampoco, al referirse al citado artículo 105, fracción I, a "disposiciones generales", comprenda las normas constitucionales.

Clase Política Maestros en Pugna Política Miguel Ángel Rivera

 

Con más tenacidad que éxito, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan anualmente protestas en el Distrito Federal y otras entidades federativas. Por lo general, las marchas del magisterio disidente se producen cerca del 15 de mayo, fecha en que tradicionalmente las autoridades dan a conocer aumentos de salarios, siempre considerados insuficientes.

Ahora las protestas empezaron antes y se dirigieron contra las reformas laboral y educativa. También están por verse los actos de protesta anunciados por el otro sector del magisterio, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), igualmente inconforme con la reforma educativa.
Si las dos corrientes del magisterio se unieran, el efecto de las protestas crecería exponencialmente, pero parece difícil que así ocurra.

La cosecha

El Estado laico en México siempre ha estado en riesgo, por ello es necesario dar un debate franco, abierto, pero con tolerancia para evitar que se imponga el pensamiento mágico que aún prevalece en otras partes del mundo, aseguró el rector de la UNAM, José Narro Robles. Beatriz Pagés Rebollar, representante del Consejo Académico de la Cátedra Benito Juárez, organizadora del seminario, recordó que apenas en noviembre anterior se reformó la Constitución para definir a México como una República representativa, democrática, federal y laica, lo que consideró un paso hacia adelante, pero insuficiente…

Pemex anunció que debido a mejoras tecnológicas en los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos logró reducir casi a la mitad el envío de gas a la atmósfera, lo cual además de reducir la contaminación ambiental representa un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales…
Acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fidel Villanueva Rivero, y el presidente municipal de Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, colocó en Chetumal la primera piedra del edificio para los Juzgados Orales Penales, en los que se invertirán 51 millones 454 mil de pesos y anunció que en breve también se colocará la primera piedra de los Juzgados Orales Penales en Cancún, con un presupuesto estimado de 31 millones de pesos…
En reunión con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el Presidente de CONCAMIN, Francisco Funtanet Mange, destacó que el impulso a parques industriales en Morelia, Apatzingan, La Piedad, Zamora y Contepec contribuirá a ubicar a ese estado como región estratégica para el fortalecimiento de la actividad industrial…
El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, encabezará el inicio de un programa denominado Que Respire Mérida, mediante el cual el titular de la Coordinación Metropolitana, Pablo Gamboa, pretende sembrar 20 mil árboles para reforestar una importante zona de la capital de ese estado…

riverapaz@prodigy.net.mx

Las mentiras sobre la reforma educativa Luis Hernández Navarro

El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro de circulación nacional dirigido a los maestros de México, con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo tercero constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables.
Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas.
Ya encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: la reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros.
Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.
Advirtió que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.
En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?
Ni el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar.
La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.
Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.

No obstante afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.
De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.
La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo.
El pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos.
La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.
El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización.
Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece.

 

La educación como lucha política José Blanco

 

Hace más de mil años que la educación surgió como espacio de lucha política. La lucha por apoderarse de la mente de los niños y los jóvenes equivale a apoderarse del futuro. Los contenidos de la educación no son sólo conocimiento, son también instrumentos de dominación ideológica. Por eso la lucha por la escuela ha sido siempre una lucha política por los grupos que han intentado predominar en la enseñanza. Como en tantos espacios sociales, la historia de la educación ha estado oscurecida por los intereses políticos en conflicto.

En México los hombres de Estado perdieron la brújula sobre el significado de la educación como vía de dominio, mediante el conocimiento, del mundo natural y social que habitamos, y en su momento el partido único, con una ceguera inaudita, cedió a grupos de ignaros profundos, pero sedientos de poder político y económico, la introducción al conocimiento de los niños y los adolescentes. Por eso hoy la educación básica es un territorio de desastre.
Además, en los años sesenta comenzó la lucha de los privados enriquecidos por apoderarse de al menos una parte de los jóvenes privilegiados que podían tener acceso a la educación (elemental y superior). Ahora conforman las mentes de un tercio de los jóvenes universitarios conforme a su visión del mundo.
Peña Nieto ha dicho que el gobierno, que se supone a todos nos representa, recuperará el control de la educación básica. Ha hecho algunas propuestas valiosas en el camino de esa recuperación, pero aún falta mucho por poner sobre la mesa, en lo que se refiere –nada menos–, que a lo sustantivo: los contenidos de un conocimiento que se desarrolla a ritmos meteóricos, una gestión eficaz de la enseñanza (que no es un asunto puramente técnico) y, más importante aún, la reforma profunda de los métodos pedagógicos; los que están vigentes son antediluvianos. Si éste y los gobiernos que vengan después sostienen un ritmo de reforma e innovación a la altura de la sociedad del conocimiento, en dos o tres décadas habremos hecho la tarea. De muy diversas maneras, esto es así para todos los niveles educativos.
En orden al saber –de todo tipo y nivel–, tenemos en la actualidad aún un problema mayor. El enorme grupo de jóvenes mexicanos que no llegaron a las aulas del nivel terciario (posbachillerato); la mayoría de los que transitaron los niveles básicos y de la educación media superior se quedaron en el mejor de los casos con un barniz cuasi transparente de saberes formales.
En el grupo de edad universitaria (19-24 años) hay, según cifra oficial, una cobertura de alrededor de 35 por ciento. Este indicador, como algunos otros referidos a la educación, adolece de no pocos defectos; desperfectos análogos a los que pueden hallarse en el indicador llamado eficiencia terminal. De modo que, con todos sus imperfecciones, no deja de causar desazón que se nos informe de una cobertura de 35 por ciento y una eficiencia terminal de 50 por ciento. ¿Cuántos son los educados efectivos, y con qué actualidad y calidad de los conocimientos adquiridos?

Más allá de ese tercio del grupo etario del que sólo la mitad termina la licenciatura, están los que se vieron obligados a desertar, más 65 por ciento del grupo etario que nunca llegó a las aulas. Debe agregarse que la licenciatura hoy en día confiere un ralo barniz del conocimiento acumulado en una gran cantidad de disciplinas, dada la aceleradísima velocidad de su desarrollo. Un drama inconmensurable.
En 2012 el grupo de edad de 15 a 29 años era del orden de 28 millones de jóvenes; un grupo que si poseyera algún conocimiento, pequeño pero completo, sería altamente productivo. En 2018 la cifra se aproximará a los 30 millones. Si agregamos grupos de mayor edad, la cifra sin escolaridad formal crece atrozmente. El desarrollo se vislumbra como una tarea titánica.
¿Qué puede hacer la academia –que necesita mil reformas– por quienes están fuera de la academia? La carencia de conocimientos formales abarca muchos millones, pero justamente el que las carencias sean tan grandes permitiría que toda incidencia vigorosa sobre este grupo podría tener –si las cosas se hacen bien– un impacto formidable, porque una proporción seguramente muy significativa de ellos poseen conocimientos empíricos en mil y un oficios.
Conocer, sigla del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, permaneció mortecino en el sexenio de Fox, y en estado de rigor mortis en el de Calderón: tiempos de la desgracia panista.
Ha llegado la hora de dar vida nuevamente y renovar al Conocer y vincularlo a todo el sistema de educación terciaria. Se trata de evaluar las competencias de alguien que sabe, por ejemplo, más o menos, como reparar un motor diesel de un vehículo o de un barco pesquero, identificar sus carencias, redondear sus conocimientos, los necesarios, para atar los cabos que tenga sueltos, y certificarlo como un técnico en ese oficio. Hágase eso en mil y uno oficios, con el apoyo de las instituciones de educación superior. Tendríamos un aumento notorio en la productividad nacional, en los salarios de los involucrados, en el cierre de brechas con quienes recibieron educación formal, y se le daría de paso un golpe de algún tamaño a la actividad criminal.
El saber empírico de millones tiene que ser reconocido, apreciado y bien remunerado.