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sábado, 29 de junio de 2013

Universidad, democracia y trabajo informal Luis Hernández Montalvo


Universidad, democracia y trabajo informal

Luis Hernández Montalvo

Una niña de aproximadamente veinte años; ha tocado la puerta de mi casa para ofrecerme la propaganda de uno de los candidatos a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla; le acompañan una decena de jóvenes que son dirigidos por personas adultas. Le cuestiono y la niña se apena, baja la vista y me responde:

-Estoy de acuerdo con usted, pero si no lo hacemos, nos quitan la beca en la universidad.

En los últimos días; decenas de jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas se colocan en los cruces de caminos y en las avenidas para repartir propaganda, para pegarla en los carros y camiones, para mostrar las lonas con las imágenes de los candidatos.

Estos jóvenes se han empleado para realizar un trabajo  de promoción a los candidatos y a los partidos políticos  percibiendo un salario de ciento cincuenta pesos diarios. Se  quejan de que les pagan muy poco por contribuir al triunfo de su candidato.

¿Sabrán estos jóvenes cuánto pagan las empresas transnacionales a nivel gerencial, con 8 o 12 horas de trabajo diarias en la ciudad de Puebla?

En otros tiempos, este trabajo informal era cubierto por los jefes de colonias y comités distritales que lo distribuían entre las personas desempleadas en sus áreas de influencia. El salario mínimo y una despensa era algo bueno para llevar un pedazo de pan a la casa y poder mitigar un poco el hambre; entonces como ahora, quedaba pendiente la promesa de empleos temporales en el Ayuntamiento como pintar guarniciones, sembrar flores en verano, podar los árboles o adquirir una plaza en él servicio de limpia, agua potable y alcantarillado.

Otros jóvenes promueven el voto; van de casa en casa comprometiendo a las personas que les entreguen la copia de su credencial de elector; los jóvenes se comprometen a entregarle doscientos pesos a partir de ese momento y hasta el día de las elecciones. Estos jóvenes ganan doscientos pesos, y tienen bajo control a diez personas. Así se construyen las pirámides de votantes.

En esta campaña de irracionalidad pareciera que los candidatos son totalmente insensibles, que no les importa gastar millonadas de pesos en la distribución de basura electoral. Me comenta una persona:

-El otro día asistí a una rifa de electrodomésticos; cuando el candidato estaba a punto de abordar su camioneta, lo interceptó una de las organizadoras del  acto en una de las colonias por los rumbos del sur de la ciudad. En ese momento, le expresó su apoyo decidido y le presentó a un nutrido grupo de mujeres con visibles necesidades de empleo, en su mayoría, eran madres solteras:

-Señor candidato, aquí estamos con usted, pero apóyenos, yo quisiera dedicarle más tiempo a la campaña, pero tengo una hija enferma y el Seguro Popular no me cubre los estudios que me cuestan cinco mil pesos. El candidato le sonríe y sacando su cartera, delante de los presentes, le hace entrega del dinero, recibiendo el aplauso de todos.

La campaña electoral que está por concluir; ha servido también para dirimir conflictos en la Universidad Autónoma de Puebla –BUAP- al llevar a uno de los candidatos a un desayuno en un espacio que pareciera ser coto exclusivo de los dos ex rectores en campaña.

Tampoco dejan de mostrar –los candidatos y los partidos- su vocación clientelar a través del corporativismo en los sindicatos como los de los maestros de educación básica o los universitarios; ¿Cómo entonces los partidos pueden ser escuela de ciudadanía para ampliar los márgenes democráticos en nuestra entidad?

¿Cómo explicarnos que sean los profesores de educación básica y la inteligencia de nuestras universidades públicas los que reproduzcan los viejos patrones autoritarios del voto corporativo?

¿Cómo los maestros pueden presentarse frente a los jóvenes para pedirles que voten por tal o cual candidato que les ofrece trabajos y salarios bien remunerados cuando lo único que les pueden dar es un trabajo informal cada tres, o cada seis años cuando hay campañas electorales?


También ha hecho su presencia la propaganda de “La Izquierda verdadera”. Sin rostro, sin nombre propio, sin vida pública y lo mejor de todo, sin votantes que ofrecer al candidato que dice apoyar. “La Izquierda verdadera” se confunde en las aulas universitarias, son los viejos cuadros comunistas que ya no pudieron cambiar su discurso pero si su militancia, lo que les deja buenas ganancias en el aparato burocrático de la BUAP, y en la preservación de los empleos propios y el de los familiares.

Mientras tanto, el candidato de las “caritas felices” y el “ceño fruncido” tiene que enfrentar los rumores de los miembros de su partido que dicen que su suerte ya fue negociada en la ciudad de México; de los que cuestionan a sus candidatos como el señor Barranco que dicen, tiene un pasado académico muy tortuoso de tráfico de calificaciones para culminar sus estudios y entre los profesores normalistas se cuestionan si diputados como este señor, van a elaborar la Ley Estatal de Educación.

Pero al final de la campaña, los ciudadanos vamos a elegir a los Presidentes Municipales de los 217 Ayuntamientos y a los legisladores del Congreso Local ¿Cuál es la oferta electoral de los partidos? Los mismos candidatos de siempre, los viejos caciques regionales, los hijos y los nietos de los hombres de poder en la entidad que impiden la renovación de cuadros de los partidos, de todos los partidos políticos en el estado de Puebla. Viejos cacicazgos y cacicazgos emergentes es lo que nos ofrece el sistema de partidos en Puebla. (29-06-2013)



 

 

  

   

Por austeridad, despide SEP a 143 jefes de enseñanza de escuelas diurnas.



 La mayoría de los afectados tiene más de 25 años de servicio en el magisterio.

Como parte de las medidas de austeridad en el gasto público emprendidas por la Presidencia de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado, y así como por la aplicación de diversas normas que pugnan por el ...uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos, ayer fueron despedidos 143 jefes de enseñanza de secundarias diurnas y para trabajadores, adscritos a la Administración Federal de los Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF).

En el oficio que les fue entregado la tarde de este jueves por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se afirma que sus funciones de apoyo técnico pedagógico son desempeñadas por el cuerpo directivo de cada plantel. Por tanto, y en apego a la austeridad impulsada por Enrique Peña Nieto, se les notifica que el 1º de julio concluye su nombramiento y que la plaza laboral ha sido cancelada del presupuesto de servicios personales de la citada dependencia.

Se informa a los afectados que la decisión de dar por concluidos su encargo y el ejercicio de su materia de trabajo es un acto definitivo de la autoridad, por lo que su liquidación, prevista en términos de ley por la terminación de su relación laboral con la AFSEDF, está a disposición de los docentes, quienes en su mayoría tienen más de 25 años de servicio.

María de la Luz Ricaño y Laura Belia Navarro, dos de las profesoras despedidas, señalaron que con una llamada a las 23 horas de ayer se nos comunicó que teníamos un oficio, y esta tarde se nos indicó que ya no tenemos materia de trabajo. Con esta decisión, aseguraron, nos dejan sin nada. Sin plaza y sin una fuente de ingresos, después de casi 30 años de servicio.

En entrevista, señalaron que las funciones que realiza un jefe de enseñanza no son asumidas por los directores de las escuelas secundarias, como afirma la autoridad educativa, pues nuestra labor es orientar y atender las dudas pedagógicas de los docentes, elaborar materiales y fortalecer una mejor práctica educativa.

Insistieron en que la SEP asumió una decisión que viola el derecho laboral, porque nuestra plaza inicial es de docente, pues ascendimos conforme al escalafón aprobado por la dependencia, es decir, iniciamos como maestros frente a grupo, luego alcanzamos un nombramiento como subdirectores, directores y finalmente, jefes de enseñanza.

Los docentes inconformes aseguraron que en las secundarias técnicas de la capital del país también se pretende remover en su totalidad a los jefes de enseñanza, lo que implica un escenario de precariedad, pues prácticamente nos están diciendo: es tu última quincena y te vas.

Tomado de
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/28/politica/017n1pol

Chuayffet debe comparecer para aclarar irregularidades: Alonso Raya



 El diputado Miguel Alonso Raya solicitará a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que cite a comparecer al titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, para que aclare las irregularidades del proceso de licitación de 240 mil laptops.

La adquisición de las 240 mil laptops forma parte de un programa piloto que im...
pulsará la Secretaría de Educación Pública para fomentar el uso de las nuevas tecnologías con enfoque educativo entre los alumnos de 5º y 6º de primaria en los estados de Colima, Sonora y Tabasco, y para lo cual la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de mil millones de pesos.

Sin embargo, el 26 de junio la dependencia anunció que inició el proceso de rescisión del contrato a las empresa ganadoras Grupo Mercantil Te Prestamos, S. A. de C. V., en proposición conjunta con Integra Ingeniería S. A. de C. V., y Corporativo Arca, S. A. de C. V; por incumplimiento del mismo.

Al respecto, Alonso Raya consideró necesario que el Secretario de Educación Pública comparezca ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados para que aclare el proceso de compra del equipo, en virtud de que el costo del mismo asciende a 765 millones de pesos y el procedimiento registra evidentes irregularidades.

Dijo además que el mismo proyecto piloto presenta inconsistencias porque no atiende de fondo la urgente necesidad de fortalecer el uso de las nuevas tecnologías en las escuelas de educación básica e ignora los avances de Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales para Todos (HDT), que se impulsaron con este fin en los dos sexenios anteriores y para los que se destinaron miles de millones de pesos del erario público.

Apuntó que sin intentar menoscabar el esfuerzo de la SEP, es oportuno señalar que la entrega de laptops a los alumnos de primaria no resuelve por sí misma el rezago del uso de las nuevas tecnologías con fines educativos en las escuelas de educación básica, porque ello implica no sólo cambios en términos de tecnología, sino de organización escolar, distribución equitativa de los recursos públicos destinados a la educación, fomentar el trabajo en equipo de los docentes, mejorar

la infraestructura tecnológica de las escuelas y capacitar a los maestros y directivos, así como involucrar a los padres de familia.

En ese sentido, Alonso Raya hizo un llamado a la SEP para que en lugar de invertir cientos de millones de pesos en un programa piloto, rescate los avances de Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos, que plantearon un esquema mucho más integral para fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias y fortalecer su incorporación a la sociedad del conocimiento.

martes, 25 de junio de 2013

Foro sobre la reforma educativa y la reglamentación secundaria J. Delfino Teutle Colorado


FORO SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA Y LA REGLAMENTACIÓN SECUNDARIA

 

1.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Evaluación:

   1.1. A alumnos,

   1.2. A docentes,

   1.3. A directivos y

   1.4. Al Sistema Educativo Nacional

 

INTRODUCCIÓN

Agradezco la invitación para participar en este importante foro que organiza la Sección 56 del SNTE.

Consciente estoy de lo complejo que resulta el abordaje del tema que hoy nos congrega. Sobre todo, porque, coincidiendo con Tedesco (2011)[i], priva en el ambiente un estado de insatisfacción con la oferta educativa disponible a grado tal que no se han logrado modificar significativamente los resultados de aprendizaje de los alumnos; esta insatisfacción, está directamente relacionada con los cambios intensos que se han producido en todas las dimensiones de la sociedad planteándole nuevos desafíos al sistema educativo, en particular, a la escuela y a sus maestros.

En el mismo sentido, Muñoz Izquierdo (2012)[ii] nos advierte de tres problemas fundamentales del sistema educativo:

  1. El hecho de que el aprovechamiento escolar que en lo general obtienen los estudiantes inscritos en primaria y secundaria, es insuficiente porque el sistema educativo desempeña inadecuadamente las funciones que le corresponden en la sociedad contemporánea.
  2. La distribución inequitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje, que es, sin duda, el factor que influye en forma más directa en la deficiente eficacia del sistema escolar.
  3. La utilización ineficiente y opaca de los recursos financieros.

No es posible, insiste este autor, mejorar en forma generalizada la calidad de la educación (…) mientras las oportunidades educativas se sigan distribuyendo tan inequitativamente.

De allí que coincidamos en que es urgente reinventar el sistema educativo. Por supuesto que hace falta un cambio a profundidad. Hace falta reformar, para transformar y mejorar, pero desde una visión sistémica que vincule educación con equidad social, articulando las políticas educativas con la dimensión social de las estrategias de desarrollo y crecimiento económico. Un cambio, no es tal, si se reduce a modificaciones y prescripciones normativas.  Una reforma tiene que ser integral porque implica un cambio de mirada, de cultura, de creencias y de prácticas en la administración, en el profesorado y en la sociedad en general.

Por eso, y mucho más, ha sido injusto el embate a que se ha sometido al magisterio, no solo por los poderes fácticos, sino por la propia autoridad, señalándolo como único culpable de las fallas del sistema, a grado tal que se hizo acreedor y destinatario distinguido de una reforma.

Una reforma, que desde nuestro profesional entender, desde un principio le vimos su carácter administrativo, legal, laboral y político, no obstante que desde el discurso apologético de la misma  y del de sus creadores, se le ha querido  identificar como reforma “educativa”.

Ya la propia presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes[iii], tuvo que salir al paso y poner las cosas en su lugar al expresar que la llamada “Reforma Educativa es simplemente Laboral y Administrativa”.

En efecto, esta reforma que va de prisa, no plantea ninguna modificación al modelo educativo, ni a los planes y programas de estudio, que incida de manera trascendente en la mejora de los procesos educativos en nuestro país. No apunta rumbo ni filosofía que defina con claridad el tipo de ciudadano y de sociedad a que se aspira, en el marco de un supuesto nuevo régimen de gobierno.

Más que reformar; más que imprimir a la educación nacional otro sentido en lo pedagógico, más que presentar un proyecto claro para el sistema educativo mexicano, se planteó, en formas nada adecuadas para un régimen que se asume como democrático, el arreglo y los cambios al marco jurídico para establecer otros mecanismos y otras condiciones y relaciones de carácter laboral entre la SEP y los maestros, con base en uno de los componentes de la administración educativa: la evaluación.

El 26 de febrero se publicó el Decreto por el que se reformaron los Artículos Tercero y 73 Constitucionales, quedando pendiente la elaboración de las leyes secundarias que orientarán la forma en que se concreten los cambios. Ya se precisó que en el periodo extraordinario de sesiones de agosto, habrá de aprobarse la ley correspondiente al Instituto Nacional de para la Evaluación de la Educación.

Una lectura a las leyes secundarias, deja ver la imbricación y el ensamble que hay entre ellos, puesto que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tendrá la facultad de evaluar a los maestros y la creación del Servicio profesional docente implicará concursos de oposición que habrá de implementar el propio INEE. Todo esto, se incorpora a la Ley General de Educación, que ya será otra.

Este planteamiento y el intento de imponer mecanismos de control, de supervisión y vigilancia, mediante lo que se interpreta como una evaluación formalista, vertical y persecutoria de maestros, que no provino precisamente de un equipo de expertos en educación, avivó el debate, la discusión, la reflexión, la rebelión y la crítica; así como expresiones de enojo, descontento, temor, preocupación y una sensación de desvalorización de la profesión docente.

 

Mucho se ha escrito al respecto.

 

Hoy asistimos a este Foro para expresar nuestras preocupaciones, nuestras exigencias, nuestras inconformidades y nuestras propuestas; para reflexionar en torno a los alcances y los efectos, perversos o no, que traerá consigo la mal llamada reforma educativa.

Debiéramos, como sindicato nacional, exigir la abrogación de la reforma que cancela las conquistas y los derechos laborales del magisterio… Pero siendo realistas, y a sabiendas de los interjuegos políticos y de que con el Pacto por México no existe una oposición verdadera en el congreso, la abrogación de la reforma de Peña Nieto es casi imposible. Por eso quizás, la elite política presume que la reforma es irreversible, signo de que ha ganado la batalla.

Una batalla que por cierto, no es pedagógica, sino ideológica, porque detrás de los cambios constitucionales en cuestión, están los poderes fácticos, los organismos empresariales (Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Mexicanos Primero; y los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que presionan  como grupos rectores que de facto determinan el sentido de la enseñanza en México orientadas al servicio de las necesidades del capitalismo.

Detrás de esta reforma, que es de hecho un problema político, hay una confrontación de paradigmas: la educación pública y la apertura del mercado educativo; la educación humanista y la instrucción para la productividad; el educador y el instructor.

 La lucha de clases está en el plano educativo.

Desde mi perspectiva de académico, pero también de sindicalista, pienso que con los cambios que se avecinan no sólo está de por medio el embate a la educación pública y a los maestros, sino la agresión al propio sindicalismo magisterial.

¿Por qué no se quiere ver así? Cuando las cuestiones de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros estén controladas desde una perspectiva unilateral empresarial, ¿cuál será la función del sindicato en términos de lucha de clases; de defensa de los derechos de los trabajadores?

Y así, la reforma va. Se impuso sin consulta alguna.

Quizás ante un escenario nada fácil para dar el puntillazo final, se abrieron espacios, ahora sí, para escuchar a los actores sociales de la educación. A diferencia de la unilateralidad impostora con que se aprobó la reforma a los artículos 3 y 73, ahora se abrieron cauces para consultarnos –se dice- en torno a las leyes secundarias.

MESA 1, EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE) Y LA EVALUACIÓN

   1. 1 A alumnos,

   1.2. A docentes,

   1.3. A directivos y

   1.4. Al Sistema Educativo Nacional

En este espacio, se analizará y reflexionará en torno al documento correspondiente a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El texto, tal cual, es revelador de que se parte del supuesto de que la evaluación, por sí misma, traerá la solución a los problemas y deficiencias de que adolece el sistema educativo nacional y de que los propósitos educativos se subordinan a la evaluación. No obstante el palabrerío que adorna parte del discurso de los documentos curriculares de educación básica 2011, en sentido contrario vemos que la evaluación sigue cargando el estigma de su génesis de corte administrativo y laboral que la vincula con el control de resultados y con un enfoque eminentemente cuantitativo, cuya misión central es la detección de errores o defectos que impactan en la producción. La evaluación, sigue identificándose como algo mecánico, intelectual y exclusivamente racional; como un  instrumento de poder, de control y de sanción; se le ha reducido a un asunto técnico que se resuelve con la selección y aplicación de instrumentos estandarizados tal y como Santos Guerra[iv] clasifica como patologías de la evaluación. Una evaluación entendida como medición de conocimientos de alumnos y maestros, mediante exámenes universales de opción múltiple. Se piensa que presentar un examen es igual a evaluar, pero no es así.

Según los promotores de la reforma, la herramienta central para lograr la calidad de la enseñanza es la evaluación de los docentes; sin embargo, para evaluar a los profesores antes debe definirse qué tipo de maestros requiere el sistema educativo, y para ello se necesita establecer previamente un proyecto pedagógico nacional; revisarse a fondo los planes y programas de estudio en educación básica para, así, definir el perfil de los egresados. Asimismo, definir el perfil de docente ideal para orientar los procesos de formación inicial y la formación permanente en el servicio.

Es correcto que la evaluación es un proceso necesario de diálogo, comprensión y mejora. Pero es de advertirse, que la evaluación docente es un proceso que requiere tacto y condiciones específicas. Se trata de una evaluación con monitoreo constante por la naturaleza de su imprevisibilidad; de una evaluación con riesgo porque en ella se juega el prestigio de las personas y de las instituciones. La práctica docente tiene un carácter social, complejo, dialéctico e historicista, cuya valoración no puede reducirse a criterios objetivistas y cuantitativos. En la evaluación de los docentes, no caben las superficialidades.

Nos ubicamos frente a un documento que adolece de errores en su redacción; de una inadecuada formulación de los objetivos, de imprecisiones y de la falta de definición de lo que se entenderá por Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

A pesar de que se apunta que el INEE evaluará la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional, así como sus componentes y procesos, mediante mediciones, la centralidad de su enfoque va hacia la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal que se desempeñe en funciones de docencia, de dirección y de supervisión.

No queda claro si sólo va a evaluar o también se hará cargo de la profesionalización de los docentes y de quienes ejerzan funciones de dirección y de supervisión.

Si bien se anuncia que el INEE “es un organismo público autónomo”, al analizar la ley se da uno cuenta de que es una muy relativa autonomía, pues muchas de sus atribuciones y funciones para llevar a cabo las evaluaciones dependen de lo que determine la SEP.

Estas ambigüedades e imprecisiones se agudizan cuando la propia presidente de la Junta de Gobierno del  INEE expresa: “no debemos ser nosotros quienes califican y definen las relaciones laborales con el personal docente, pues sólo se harán recomendaciones y observaciones para mejorar la calidad de la educación”. (Mesa de análisis sobre la Reforma Educativa entre el INEE y los diputados de la Comisión de Educación, 26 de mayo, 2013).

Son muchas las preguntas que flotan en el aire.

"¿Qué esperar de la evaluación docente? ¿Quiénes van a evaluar? ¿Con qué criterios? ¿Cómo? ¿Con qué medios e instrumentos?

Cómo se evaluarán a los alumnos si el propio Secretario Emilio Chuayffet, comentó que la aplicación de la prueba ENLACE podría desaparecer si así lo determina el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE), (10 de junio 2013).

A su vez, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó en un comunicado que su junta de gobierno decidió integrar un comité de especialistas para revisar la calidad técnica de Enlace y de los exámenes de la calidad y el logro educativo.

Lo cierto es que la evaluación, como se venía instrumentando ya está en cuestión.

Nadie puede soslayar a la evaluación como proceso inherente a la función educativa y necesaria para mejorar procesos y resultados. Los maestros, nunca han dicho que no se les evalúe. Lo que no parece justo es que un proceso inherente al aprendizaje como es la evaluación, se convierta en un instrumento de amenaza, de exclusión laboral y de castigo, a priori.

Por formación y experiencia, los maestros sabemos que nuestra misión tiene además del carácter disciplinario y profesional, un componente ético que nos obliga, por una parte, a ser celosos de nuestros derechos laborales, pero también a ser garantes y consecuentes con el derecho constitucional que tiene los niños y los adolescentes a  recibir una buena educación. Un derecho que rara vez se exige. En ese sentido tenemos que afrontar autocríticamente los desafíos inherentes a la profesión asumiendo otra actitud ante los procesos de actualización y superación, así como un ejercicio constante de una revisión y reflexión exhaustiva de nuestra práctica docente para hacer mejor las cosas en el aula y en la escuela.

Por eso estoy convencido, con criterio académico, de que la actual tensión se está dando en ese cruce de derechos: los laborales de los maestros y el derecho a una buena educación de parte de nuestros educandos. Hacia el equilibrio de éstos, es hacia donde deben apuntar los consensos, pues a riesgo de no gustar, mi convicción es que los derechos de los maestros deben valer tanto como los derechos de todos los niños, jóvenes y adultos a ser bien educados y a aprender bien en la escuela.

Producto de las variadas formas en que se han manifestado los maestros, hoy vemos otros escenarios. Inspira cierta confianza la postura de los propios integrantes de la Junta de Gobierno del INEE en el sentido de “no permitir que la evaluación opere como una fuerza homogeneizadora”; “que la principal función de la evaluación docente es el mejoramiento”; que “la evaluación docente tomará en cuenta el contexto y las condiciones de trabajo en que se desempeñen los profesores” y de que “la evaluación por sí misma no mejora la calidad de la educación”.

Alienta un poco la apertura y posicionamiento de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados que preside Jorge Federico de la Vega Membrillo, en virtud a que en sus diversas participaciones en foros y mesas de trabajo ha expresado que sólo habrá reformas a las leyes secundarias y nuevas leyes e iniciativas si descansan en un claro y transparente consenso; que se legislará sobre el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, es decir, se respetará el apartado B del artículo 123 de la Constitución, así como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; que la evaluación, no debe ser estandarizada, sino considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, además de las condiciones socioeconómicas tan diversas del país, los aspectos funcionales y logísticos, el entorno del docente, la escuela, los alumnos, el equipamiento, los materiales y la comunidad, entre otros”; que hay garantía de la salvaguarda del carácter gratuito, laico y obligatorio de la educación y de que existe la necesidad de que se debata sobre el propio modelo  educativo vigente.

Aguardo mis reservas porque sólo es la posición de la Comisión. ¿Cuáles serán las posturas y las reacciones cuando esto pase a la plenaria del Congreso de la Unión?

Y por supuesto, vuelve la certidumbre en tanto que la dirigencia nacional del SNTE tanto en la cámara de diputados como en otros escenarios, ha dejado claro que los derechos laborales del magisterio serán defendidos a cabalidad y que el magisterio se compromete a seguir sirviendo con lealtad a la educación.

De allí que en coincidencia pensemos:

Ø  Que los procesos de valoración de la profesión docente no deben erigirse como un mecanismo punitivo que determine la permanencia en el empleo.

Ø  Que las evaluaciones no deben tener fines laborales o administrativos.

Ø  Que la evaluación debe tomar en cuenta las condiciones particulares de las diversas regiones de los estados.

Ø  Que se necesita una evaluación, honesta, juiciosa, razonable, veraz, objetiva, cualitativa, integral, formativa…

Ø  Que se conciba la evaluación como un proceso perfectible.

Ø  Que el SNTE replantee un posicionamiento jurídico a partir de la correlación de los planteamientos de las leyes secundarias y la Ley Federal del Trabajo y la legislación correspondiente a las condiciones de trabajo.

Ø  Que se rechace la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima laboral de una empresa. 

Ø  Que la ley contemple acciones efectivas para la capacitación, actualización, superación y desarrollo profesional de los maestros.

Ø  Que se detenga la difamación y criminalización de las protestas e inconformidades del magisterio.

Ø  Que se promueva una cultura de la evaluación democrática, justa, participativa y formativa.

Ø  Que se humanicen, como sostiene el Dr. Gilberto Guevara Niebla, los procesos de evaluación.

Ø  Que se instituya una evaluación dinámica, formativa, procesual y contextualizada.

Ø  Que se diversifiquen los mecanismos, criterios e instrumentos de evaluación.

 Como corolario, debe dejarse establecido, que aunque la reforma en cuestión inició al revés, queda como asignatura pendiente, el debate sobre el modelo educativo basado en el enfoque por competencias que permea la RIEB 2011, por tratarse de un paradigma cuestionado y porque se advirtió, a tiempo, que se trató de una reforma improvisada y regresiva. La globalización y las urgencias de los neoliberales, no representa argumento válido para trastocar la pedagogía mexicana que pugna por una educación humanista y apegada a nuestros valores nacionales. Se demanda una reforma educativa profunda e integral.

 

Mtro. J. Delfino Teutli Colorado

24 de junio de 2013

 




[i] Tedesco, Juan Carlos. (2001). Los desafíos de la educación básica en el Siglo XXI, en Revista Iberoamericana de Educación, 55, pp.31-47.
[ii] Muñoz Izquierdo, Carlos. (2012). Tres problemas fundamentales del sistema educativo, en Perfiles Educativos, Número Especial, pp. 154-159.
[iii] Enrique Legorreta/@enriquelego3_0 Nota en http://revoluciontrespuntocero.com/reforma-educativa-es-laboral-y-administrativa-inee/
[iv] Santos Guerra, Miguel A. (2012). Entrevista,tomada de U. N. Periódico, marzo de 2003.
 

sábado, 22 de junio de 2013

Brasil: Carta abierta de los Movimiento Sociales a la presidenta Dilma Rousseff

Brasil: Carta abierta de los Movimiento Sociales a la presidenta Dilma Rousseff

Brasil  ha presenciado esta semana movilizaciones que tuvieron lugar en 15 capitales y centenas de ciudades. Estamos de acuerdo con sus declaraciones, que afirman la importancia para la democracia brasileña de estas movilizaciones, conscientes de que los cambios necesarios en el país pasarán por la movilización popular.
Más que un fenómeno coyuntural, las recientes movilizaciones  demuestran la reanudación gradual de la capacidad de lucha popular. Es esa resistencia popular que permitió los resultados electorales de 2002, 2006 y 2010. Nuestro pueblo insatisfecho con las medidas neoliberales votó a favor de un proyecto diferente. Para poder ser implementado, este proyecto, enfrentó gran resistencia, principalmente del capital rentista y sectores neoliberales que siguen con mucha fuerza en la sociedad.
Pero también se enfrentó a los límites impuestos por los aliados de última hora, una burguesía interna que en la disputa de las políticas del gobierno impide la realización de las reformas estructurales, como es el caso de la reforma urbana y la del transporte público.
La crisis internacional ha bloqueado el crecimiento y con él la continuidad del proyecto que permitió ese gran frente que hasta el momento, ha sostenido el gobierno.
Las recientes movilizaciones son protagonizadas por una juventud muy diversa,  que participa por primera vez de movilizaciones. Este proceso educa a los participantes permitiéndoles entender la necesidad de enfrentar a los que impiden que Brasil avance en el proceso de democratización de la riqueza, del acceso a la salud, a la educación, a  la tierra, a la cultura, a la participación política, a los medios de comunicación.
Sectores conservadores de la sociedad tratan de disputar el significado de estas manifestaciones. Los medios de comunicación tratan de caracterizar el movimiento como anti Dilma, contra la corrupción de los políticos, contra el derroche del dinero público y otras reivindicaciones  que impongan el retorno del neoliberalismo. Creemos que las reivindicaciones  son muchas, como también lo son las opiniones y visiones de mundo presentes en la sociedad. Se trata de un grito de indignación de un pueblo históricamente excluido de la vida política nacional y acostumbrado a ver la política como algo dañino  para la sociedad.
A la luz de lo expuesto, nos dirigimos  a V. Ex.ª para expresar nuestra petición en defensa de políticas que garanticen la reducción de los pasajes del transporte público con reducción de las ganancias de las grandes empresas. Estamos en contra de la política de exención de impuestos de estas empresas.
El momento es apropiado para que el gobierno lleve adelante las peticiones democráticas y populares, y estimular la participación y politización de la sociedad. Nos comprometemos a promover todo tipo de debates en torno a estos temas y nos ponemos a disposición para debatir también con el poder público. 
Proponemos la realización con urgencia de una reunión nacional, que involucre la participación de los gobiernos de los Estados, los alcaldes de las principales capitales, y los representantes de todos los movimientos sociales. Por nuestra parte estamos abiertos al diálogo, y creemos que esta reunión es la única manera de encontrar salidas para enfrentar la grave crisis urbana que afecta a nuestras grandes ciudades.
El momento es favorable. Son las mayores manifestaciones que la actual generación vivió y otras mayores vendrán. Esperamos que el actual gobierno elija gobernar con el pueblo y no contra él.
Traducción Beatriz Casado
Firmado por:
Movimentos da Via Campesina Brasil
ADERE-MG
AP
Barão de Itararé
CIMI
CMP-MMC/SP
CMS
Coletivo Intervozes
CONEN
Consulta Popular
CTB
CUT
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FUP
Juventude Koinonia
Levante Popular da Juventude
MAB
MAM
MCP
MMM
MPA
MST
SENGE/PR
Sindipetro – SP
SINPAF
UBES
UBM
UJS
UNE
UNEGRO
 

 

Suspenderán en Colima concurso para obtener plazas de maestros

Suspenderán en Colima concurso para obtener plazas de maestros
Juan Carlos Flores Carrillo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 22 de junio de 2013, p. 28
Colima, Col., 21 de junio.
 
El secretario general de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Villanueva Gutiérrez, anunció que este año se suspenderá el concurso para obtener plazas para los egresados del Instituto de Educación Normal de Colima (Isenco).
Este año concluirán estudios de ese centro 250 normalistas de primaria, más de cien de prescolar y un número similar de secundaria. Sin embargo, habrá plazas cero (y) apostamos que haya más jubilación de maestros y que se permita contratar o dar oportunidad a egresados del Isenco, dijo Villanueva Gutiérrez.
Cuando mucho 10 por ciento podrían incorporarse en primaria y prescolar, en secundaria está difícil porque trabajadores que están en servicio y tienen pocas horas spiran a tener más, además están sujetos al examen de oposición.
Según Villanueva Gutiérrez, para cubrir las necesidades de los desempleados lo ideal es cerrar cinco años el Isenco.
En Colima hay 200 maestros de bachillerato a distancia, y casi mil 500 maestros, trabajadores de intendencia y secretariado de prescolar, primaria y secundaria que trabajan por contratos, es decir, sin prestaciones ni seguro social.
Comisionados con hasta 9 plazas
En contraparte, la sección 6 del SNTE cuenta con 102 maestros comisionados, gozan hasta de nueve plazas y sus salarios superan 75 mil pesos al mes.
El archivo del cumplimiento del presupuesto federal, disponible en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública detalla que entre los comisionados se encuentra Jesús Villanueva Gutiérrez, líder de la sección 6, quien tiene dos plazas por las que percibe al mes 29 mil 300 pesos, y Heriberto Leal Valencia también tiene dos plazas e ingresos mensuales de 35 mil 600 pesos.
Ambos también son diputados locales y reciben salario mensual de 55 mil pesos cada uno, más prestaciones por servicio de teléfono móvil, gasolina y gastos de representación, entre otras.
Sobresale el caso de Miguel Ángel Rizo León, del comité regional tres, quien tiene nueve plazas, por las que obtiene al mes 75 mil 860 pesos.
Martín Carrillo, del comité regional uno, con ocho plazas gana 60 mil 244 pesos al mes; Benjamín García, colegiado de asuntos laborales, recibe 43 mil 154 pesos por cinco puestos. El síndico municipal de Villa de Álvarez, Alfredo Hernández, es asesor de proyectos especiales con dos plazas por las que gana 29 mil 600 pesos.