Echar las campanas al vuelo Miguel Alonso Raya

Echar las campanas al vuelo

Miguel Alonso Raya

La parafernalia con la que fueron promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética y la promesa de los miles de millones de dólares de inversión que supuestamente vendrán del mal llamado “boom energético”, no se apartó del estilo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se ha caracterizado por “echar las campanas al vuelo”, sin que hasta ahora los ciudadanos en general vean reflejados en sus bolsillos el impacto del conjunto de las reformas aprobadas.

Echar o lanzar las campanas al vuelo es una frase que se utiliza comúnmente cuando alguien celebra o difunde con júbilo algo, sin tener todavía la certeza de sus resultados.

La promulgación de las leyes secundarias en materia energética cierra la etapa legislativa de las reformas del Pacto por México en el que participó el PRD y del que decidió salirse por su desacuerdo con la privatización de los hidrocarburos del país y por el incumplimiento de otras, como el caso de la reforma de telecomunicaciones.

Lo cierto es que, a pesar de las expectativas generadas en cada una de las modificaciones legislativas, en los hechos no se han reflejado en la economía del país y en las condiciones de vida de la población.

Una encuesta elaborada por Parametría refleja la percepción al respecto de un segmento de la población. De las modificaciones que se han realizado en estos 20 meses, la reforma educativa es la mejor evaluada por los entrevistados, 44 % considera que la misma les beneficiará. El 31% de la muestra identifica al PRD como el partido que aprobó esta reforma.

Las opiniones sobre la reforma en telecomunicaciones están divididas, mientras que 38% dice que los cambios en esta materia les beneficiarán, 35% considera lo contrario. Estos porcentajes, acota la encuesta, se basan posiblemente en los beneficios que a corto plazo esperan los usuarios, tales como, mejores tarifas en telefonía.

Por otro lado, los ordenamientos que los entrevistados dijeron que les perjudicarían son: la reforma hacendaria, que incluyó la homologación del IVA en las fronteras y un proceso de formalización de los pequeños contribuyentes (REPECOS); la financiera para promover mayor competencia e incidir en el otorgamiento y abaratamiento del crédito; la política (44 %) que fue una de las menos conocidas, y la energética (46 %).

Tan sólo dos datos de esta semana justifican el sentir de los ciudadanos en relación a las reformas: Por segunda vez en este año el Banco de México recortó el crecimiento económico del país al situarlo de 2.3 a 3.3 que había pronosticado en mayo, a uno más moderado que va de 2 a 2.8

En síntesis, al reducirse el crecimiento económico se estrecha aún más la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población, pues disminuye la producción de bienes y servicios, el ahorro, la inversión, el consumo y el gasto, entre otros indicadores.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada ayer por el INEGI, señala que en lo que va del sexenio sólo se han creado 468 mil 530 empleos, lo que representa un incremento de apenas 0.95 por ciento.

La encuesta señala que si bien el grupo de trabajadores que gana un salario mínimo o menos aumentó 1.9% en este periodo, el segmento de los que perciben cinco o más salarios mínimos se redujo 15% en el mismo lapso. El estudio revela además que 48 mil 651 trabajadores más dejaron de tener acceso a los servicios de salud.

Frente a esta realidad, el Gobierno Federal se niega a aceptar estas evidencias y se empeña en declaraciones engañosas y en generar expectativas cuyo cumplimiento dependen de muchos factores que pueden o no darse.

En el fondo, lo que Enrique Peña Nieto no quiere ver y reconocer, es que tiene un equipo ineficiente al que se le dio el mayor presupuesto de la historia de la Nación, mismo que no se ha visto reflejado en los estados y municipios, que no está siendo utilizado para “mover al país” como dice la propaganda gubernamental, generar empleo y fomentar la inversión productiva, entre otros detonantes de la economía.

Y a pesar de ello, el titular del Ejecutivo Federal se empeña en boicotear iniciativas como la del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que promueve un acuerdo para aumentar gradualmente el salario mínimo, decisión que permitiría no sólo mejorar en algo la calidad de vida de millones de trabajadores y sus familias, sino que promovería el consumo, dinamizaría la economía y fortalecería el mercado interno, entre otros impactos positivos.

En contraste, sigue consintiendo a las 436 grandes empresas que no pagan impuestos, cuya fortuna, éxito y acumulación de riqueza se explican por los privilegios fiscales que les han concedido los gobiernos del PRI y PAN;  entrega la renta petrolera a la iniciativa privada, particularmente a las compañías transnacionales; y favorece la creación de monopolios como con la legislación secundaria en  telecomunicaciones que permitió a Televisa afianzar su dominio en el mercado de la televisión de paga con la compra reciente que hizo de Cablecom.

De nada servirá todo el entramado de reformas si el titular de la Presidencia de la República no tiene iniciativa para construir acuerdos como el que permitiría incrementar el salario mínimo, al que debería sumarse el sector empresarial que ha sido particularmente beneficiado con las reformas y que, entre otras medidas, desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que no ha servido para nada.

El único que ha sacado provecho de esta comisión es su presidente por 20 años, Basilio González Núñez, quien percibe 121 mil 63 pesos mensuales, es decir, el equivalente a 60 salarios mínimos para la zona A; mientras que cerca de diez millones de trabajadores ganan en promedio 1,955.9 pesos al mes en las dos zonas salariales establecidas.

Desde mi perspectiva, es una total irresponsabilidad si el Ejecutivo Federal, con todo lo que se ha generado, no hace un esfuerzo por mejorar en concreto las condiciones de vida de la gente y si no remueve de inmediato a funcionarios ineficientes e incapaces, algunos de los cuales sólo se han dedicado a polarizar en lugar de ponerse a trabajar en las necesidades inmediatas de la población.